El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Ex – Mejor Niñez) atraviesa una semana crítica marcada por dos frentes abiertos: las protestas de sus funcionarios ante el retraso en el pago de asignaciones a quienes hacen su labor de noche y la abrupta salida del director regional subrogante en La Araucanía, Jaime Millar Cisternas, tras verse envuelto en una grave denuncia ciudadana y fiscalización aduanera.

Las últimas semanas, trabajadores de varias ramas que cumplen funciones 24/7 en el sistema de residencias retomaron las movilizaciones debido al estancamiento del decreto que autorizaría estos pagos y su normalización para el pasado 18 de noviembre. Hasta este viernes, el documento aún no ha sido firmado ni publicado en el Diario Oficial.

Los trabajadores denuncian que esta traba burocrática posterga la totalidad de sus remuneraciones, afectando a quienes sostienen la atención diaria de niños y adolescentes institucionalizados. Ante la falta de respuestas, gremios provinciales de la asociación de funcionarios ANFUSEPNA convocaron a una nueva jornada de movilización el próximo viernes 27 de noviembre donde exigirán, además, el pago retroactivo de las asignaciones, la regularización de las asignaciones para sus trabajadores de turnos y mayor transparencia en los procesos administrativos.

Escándalo y renuncia en La Araucanía

Mientras la tensión sindical escalaba, la institución sufrió un duro golpe político en el sur del país. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia confirmó la renuncia de Jaime Millar Cisternas, quien se desempeñaba como director regional (s) de Mejor Niñez en La Araucanía, convirtiéndose en la autoridad número 60 en dejar su cargo durante la actual administración de José Antonio Kast.

La salida se precipitó luego de que el Servicio Nacional de Aduanas le incautara una camioneta con patente argentina que mantenía de forma irregular en Chile. El caso salió a la luz tras la viralización de una denuncia ciudadana: una mujer grabó el vehículo estacionado durante toda la jornada en un espacio exclusivo para personas con discapacidad, acusando al conductor de utilizarlo para evadir el pago de parquímetros mientras trabajaba.

Tras confirmarse que el vehículo pertenecía a Millar y frente a los duros cuestionamientos de parlamentarios de la zona, el servicio emitió un escueto comunicado aceptando su dimisión y reafirmando su compromiso con la probidad en la función pública.

Esta controversia se suma a un cuestionamiento previo ocurrido en julio, cuando la continuidad de Millar ya había sido puesta bajo revisión tras revelarse que, estando en el ejercicio de su cargo político, compareció el 5 de junio como abogado litigante en una audiencia del Tribunal de Familia por una causa de pensión de alimentos.