La recuperación de la inversión en infraestructura requiere avances concretos que permitan superar las postergaciones y dar continuidad a los proyectos. Así lo advirtió el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, durante el Segundo Congreso Nacional de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde contrastó las expectativas positivas de las autoridades con la caída de la inversión pública y los retrasos en las obras.

“Tenemos un programa de concesiones que se ha ido desplazando en el tiempo, con proyectos que estaban pensados licitarse este año y que se van a licitar probablemente a mediados del próximo año”, señaló durante su participación en el segundo panel, dedicado a la gobernanza de la infraestructura. Advirtió que las sucesivas postergaciones generan incertidumbre sobre la continuidad de esas iniciativas.

En ese contexto, y al abordar las perspectivas de crecimiento e inversión, expresó su preocupación por las expectativas para 2027: 

 “Cuando la inversión pública cae en la forma en que ha caído, esta cosa hay que tomársela más en serio”, sostuvo. Agregó que el CPI mantendrá una visión crítica sobre la marcha de los procesos de inversión y las políticas públicas de desarrollo sostenible.

El encuentro, realizado este jueves 19 de noviembre en el auditorio de la CChC tuvo el lema “Del diagnóstico a la acción, qué hacer distinto para romper la inercia” y reunió a autoridades, especialistas y representantes del sector financiero. 

Cruz reconoció la capacidad de gestión y el esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas, pero subrayó que los desafíos abarcan al conjunto de la inversión pública. Según indicó, el MOP representa alrededor del 40% de ella, por lo que también es necesario observar lo que ocurre con las empresas públicas, los proyectos ferroviarios y la construcción de viviendas. Recordó que, a agosto, la inversión pública acumulaba una caída superior al 6%.

Para asegurar la continuidad de las obras, retomó dos propuestas que el CPI presentó a las candidaturas presidenciales: una agencia de infraestructura que trascienda los cambios de gobierno y una regla presupuestaria que dé estabilidad a los recursos destinados a inversión.

“La diferencia entre la agencia y el comité interministerial es la permanencia”, explicó. Mientras un comité puede cambiar con cada administración, una agencia tendría como propósito sostener en el tiempo las decisiones y la planificación. A su juicio, institucionalidad y presupuesto son condiciones fundamentales para que los compromisos asumidos puedan ejecutarse.

El director ejecutivo del CPI sostuvo que esa planificación debe partir de un acuerdo sobre las necesidades del país y las actividades que se busca impulsar. Mencionó la minería, la agricultura, el turismo, la pesca y los corredores bioceánicos, junto con la infraestructura que responde a necesidades sociales, como hospitales, establecimientos educacionales y cárceles.

Segundo Plan Chile Despega

Desde el Ejecutivo, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, expuso las medidas de gestión y facilitación regulatoria con las que el Gobierno espera acelerar la inversión. Informó que los 241 proyectos de Chile Despega ya estaban en licitación y proyectó que generarían 23 mil nuevos puestos de trabajo durante 2027.

Además, anunció conversaciones con Hacienda para impulsar un segundo plan Chile Despega, todavía sin presupuesto definido, que mantendría el foco en obras de rápida ejecución, intensivas en empleo y con permisos aprobados. “La inversión necesita certeza”, sostuvo el ministro, quien destacó la coordinación entre organismos públicos y los cambios en procedimientos para agilizar los proyectos.

Los problemas de ejecución fueron abordados también por el expositor principal, Gastón Artesiano, jefe de la Ventanilla Única de Asociaciones Público-Privadas de la Vicepresidencia de Países del BID. El especialista destacó la solidez del modelo chileno y señaló que poner en marcha proyectos adjudicados por cerca de US$10.000 millones constituye una oportunidad de corto plazo y un desafío de gestión.

Artesiano identificó los permisos y licencias como un ámbito decisivo para agilizar las concesiones. Recomendó abordar tempranamente las materias ambientales, prediales y sociales, evitando trasladar problemas pendientes a la ejecución. “Intentar cortar esos plazos en la etapa de preparación muchas veces termina generando la dilación o el mayor costo posteriormente”, advirtió.

La cifra de proyectos adjudicados pendientes de puesta en marcha también fue destacada por el presidente de la CChC, Raimundo Rencoret, quien llamó a convertir las expectativas en inversiones efectivas. “El crecimiento no ocurre por inercia, necesita decisiones, certezas y voluntad de actuar”, sostuvo.

La jornada incluyó dos paneles técnicos. En el primero participaron el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías; Gonzalo Lorca, de BancoEstado; y el gerente de Inversiones de Confuturo, Jorge Espinoza. La conversación abordó la preparación de los proyectos, los plazos de evaluación y las condiciones necesarias para movilizar financiamiento de largo plazo. Entre los compromisos planteados estuvieron reducir en un 30% los tiempos de tramitación ambiental, ampliar el financiamiento a obras regionales y promover la participación de inversionistas institucionales desde las etapas iniciales de los proyectos. 

En el segundo panel, dedicado a gobernanza de la infraestructura, Cruz compartió con el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, y el gerente general de Desarrollo País, Rodrigo Peón-Veiga. Dagá destacó la necesidad de fortalecer la coordinación interministerial y trabajar sobre proyectos con obstáculos identificados, responsables definidos y plazos concretos. Peón-Veiga planteó consolidar el rol articulador de Desarrollo País y ampliar los modelos de asociación público-privada para concretar inversiones.

Al cierre, el vicepresidente de Gestión de la CChC, Cristóbal Paúl, recogió los compromisos de ambos paneles, incluida la disposición del CPI a mantener una visión crítica y propositiva ante las autoridades. “Transformar nuestras proyecciones en realidad depende de las decisiones que tomemos ahora”, sostuvo.