Hoy – 18 de noviembre-  se cumplen cuatro años desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.389  que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y el Poder Judicial dio a conocer el balance acumulado, destacando el impacto sostenido en el cumplimiento de las obligaciones legales y el alto desempeño de todos los integrantes de los juzgados de familia del país.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que estos tribunales han ejecutado en estos cuatro años los mecanismos de cobro establecidos en la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, la judicatura ha ordenado pagar un monto acumulado de $3.885.443.300.562 ($3,88 billones), “que equivale al 1,98% del PIB de Chile”, dijo.

Esto se divide en las dos opciones de cobro que brinda la ley:

  • En el Procedimiento Especial (retención de fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros): se han ordenado pagos por $822.205.170.505 a un total de 404.400 representantes legales.
  • En el Procedimiento Extraordinario (pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en AFP): se han decretado órdenes de pago por $3.063.238.130.057, alcanzando a 307.734 representantes legales.

De acuerdo con las estadísticas consolidadas, entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los 141 tribunales con competencia en materia de Familia del país han ordenado un total de 728.700 inscripciones en el registro de deudores, de las cuales 376.644 se encuentran vigentes y 352.056 ya han sido canceladas. 

De las causas vigentes en el sistema administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, existe un monto total adeudado de $54.833.093.126 en pensiones de alimentos impagas.

“El pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia, pues así tendremos una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas.  Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó la máxima autoridad del Poder Judicial.

La presidenta Chevesich recalcó que “estos resultados no habrían sido posibles sin el enorme esfuerzo que están realizando las personas que trabajan en los tribunales con competencia en materia de familia y en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Como lo hemos dicho, no se dispusieron los recursos necesarios para hacer frente a la enorme tarea que implica obtener los resultados y, además, cumplir con las restantes tareas asignadas por las diferentes leyes dictadas en el último tiempo. Entonces,  merecen un especial reconocimiento, porque han debido hacerse cargo de estas nuevas exigencias con un gran costo humano, entendiendo que se trata de una tarea que va en beneficio especialmente de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables”.

Distribución territorial y gestión de los tribunales

El desglose a nivel nacional de envíos vigentes al Registro Nacional de Deudores es el siguiente: