Un importante avance tuvo la llamada ley Naín Retamal 2.0. Esto luego que la Comisión de Seguridad Pública aprobara la idea legislar de la moción que aumenta las sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cometido contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín N° 17662-07).
La propuesta incorpora criterios para determinar las sanciones, como si el autor actuó de forma individual o como grupo. En el caso de que el atentado contra la autoridad se cometa contra funcionarios de Carabineros, de la PDI o Gendarmería, se aplicará únicamente una pena privativa de libertad.
También incorpora penalizaciones específicas para las ofensas graves verbales en el ejercicio de sus funciones, con penas de presidio menor en su grado mínimo (hasta 60 días) y multas de 1 a 4 UTM (hasta 286 mil pesos). Esto se aplicará en los casos de insultos y ofensas graves a un policía o a un funcionario de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones, conociendo o no la calidad del mismo.
Cabe consignar que la moción con urgencia simple se ha hecho conocida como ley Naín Retamal 2.0 porque busca profundizar, complementar y endurecer los castigos respecto a la Ley Naín Retamal original (promulgada en 2023), manteniendo el foco en el respaldo penal y la protección jurídica a las Fuerzas de Orden y Seguridad y Gendarmería.
Tras la votación, la Comisión fijó un plazo interno para presentar indicaciones al 26 de octubre. La idea es que esas enmiendas puedan ser estudiadas en las próximas semanas al interior de la Comisión, tras lo cual el texto sea enviado a Sala.
REGISTRO DE ADN
Luego, en la misma sesión la Comisión aprobó en general el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN con el fin de agilizar las investigaciones penales. La idea es reducir los tiempos de procesamiento y cotejo de huellas genéticas (Boletín N° 18585-25).
La propuesta -en segundo trámite- busca que los laboratorios de Carabineros y de la PDI, además del Servicio Médico Legal (SML), puedan realizar determinadas pericias de cotejo y remitir directamente sus resultados al Ministerio Público o a los tribunales.
En la sesión del martes 20 de octubre, los senadores Karim Bianchi (presidente), Cristián Vial, Andrés Longton, Pedro Araya y Juan Luis Castro respaldaron la propuesta por unanimidad.
El mensaje que cuenta con suma urgencia, se hace cargo de un problema práctico. Actualmente, los laboratorios policiales pueden determinar una huella genética. Sin embargo, el cotejo con los registros nacionales debe realizarlo el SML. Esta etapa puede tardar varios meses retardando la obtención de información relevante para identificar a una persona vinculada con un delito o relacionar evidencias correspondientes a distintas investigaciones.
También se busca un uso más eficiente del Sistema Nacional de Registros de ADN, el que podría ayudar a vincular delitos investigados por separado y aportar nuevos antecedentes en causas que no han logrado esclarecerse. La idea es que la coincidencia de una huella genética sea un antecedente dentro de la investigación penal y sea evaluada junto con las demás pruebas del caso.