La diputada Joanna Pérez solicitó al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, iniciar una investigación por eventuales delitos de administración desleal en la gestión de los fondos previsionales, tras conocerse antecedentes sobre millonarias pérdidas asociadas a operaciones financieras internacionales realizadas por las AFP.
La parlamentaria también ofició a la Superintendencia de Pensiones para exigir antecedentes sobre las inversiones, las fiscalizaciones efectuadas y las eventuales responsabilidades de las administradoras.
“Es grave e inexcusable que los ahorros de quienes están próximos a jubilarse estén expuestos a pérdidas de esta magnitud, por eso hemos oficiado al Fiscal Nacional para que investigue posibles delitos de administración desleal. Los trabajadores no tomaron estas decisiones financieras y merecen saber qué ocurrió y si eventualmente existieron irregularidades”, afirmó Pérez.
En su presentación al Ministerio Público, la diputada solicitó investigar si las operaciones realizadas por las AFP se ajustaron a sus obligaciones legales, considerando especialmente las advertencias previas del Banco Central sobre los riesgos de estas inversiones.
“No estamos anticipando culpabilidades, pero sí exigiendo una investigación rigurosa. No basta con atribuir estas pérdidas a la volatilidad de los mercados, es necesario determinar si se respetaron los deberes de protección de los ahorros previsionales”, sostuvo.
“Acá estamos hablando de personas que han trabajado toda su vida y que hoy podrían ver disminuidos sus ahorros justo cuando están por jubilarse. No podemos trasladarles las consecuencias de decisiones que nunca tomaron”, enfatizó.
Finalmente, la diputada llamó al Gobierno a reforzar los mecanismos de protección ante la implementación de los fondos generacionales, prevista para abril de 2027, y anunció que impulsará nuevas acciones fiscalizadoras desde la Cámara.
“Debemos proteger a nuestros pensionados hoy y también hacia el futuro. Vamos a utilizar todas las herramientas fiscalizadoras necesarias, porque los ahorros previsionales pertenecen a los trabajadores, no a las AFP, y nuestra obligación es defenderlos”, concluyó.