La alerta volvió a instalar en el debate público una discusión que Chile viene postergando desde hace años. Durante su exposición ante la Comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, May Chomali, advirtió sobre la situación de pacientes que continúan en hospitales pese a haber recibido el alta, principalmente porque no cuentan con apoyo familiar, comunitario o institucional para continuar su cuidado fuera del recinto.

Más allá del impacto que han tenido sus declaraciones, estos pacientes son personas con un claro perfil sociosanitario, es decir, pacientes cuya condición aguda ya está estabilizada, pero que no pueden abandonar los hospitales porque mantienen dependencia social y de cuidados, así lo explicó la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca, Carolina Riveros Ferrada, quien destacó que el informe semestral de la División de Gestión de la Red Asistencial (2024), registró 886 casos activos a nivel nacional, de los cuales 798 permanecían en establecimientos hospitalarios y 88 estaban en camas del extrasistema.

Para la académica, este escenario debe entenderse más allá de la urgencia sanitaria y la utilización de camas hospitalarias. “Acá, definitivamente, estamos hablando de una cuestión de cuidados”, sostuvo, al explicar que se trata de personas vulnerables que no requieren atención médica clínica, pero sí acompañamiento, supervisión y condiciones básicas para vivir fuera de los hospitales.
Aunque la categoría sociosanitaria no se limita a personas mayores, detalló la especialista, los datos muestran que el envejecimiento ocupa un lugar central en esta realidad. El mismo informe indica que el 71% de los casos corresponde a personas de 60 años o más.

Riveros indicó que lo que aquí aparece “es la punta del iceberg de un problema mucho más grave”, porque detrás de estas cifras hay personas que “están solas, no tienen redes y eso también las termina enfermando”.

En esa línea, la especialista subrayó la necesidad de avanzar en la implementación de la Ley 21.805, vinculada al derecho al cuidado. A su juicio, el desafío no pasa solo por aumentar la respuesta estatal, sino también por asumir una responsabilidad social más amplia y recordó que, “existen deberes ético-jurídicos dentro de las familias y comunidades”.

En este sentido, la profesora añadió que el problema obliga a mirar con más atención la forma en que el país enfrenta el envejecimiento. “Tenemos que cambiar, en definitiva, cuestiones que son más que jurídicas, más que económicas, son cuestiones sociales”, afirmó. En su opinión, Chile necesita fortalecer instrumentos, recursos y redes para que la vejez no termine asociada a abandono o a largas sobreestadías hospitalarias.

“El hecho que una persona mayor se encuentre en situación de abandono denota y presenta de forma negativa a la sociedad”,  remarcó la académica. Por eso, alertó que el debate abierto por estos casos no solo interpela al sistema de salud, sino también a la capacidad del país para cuidar con dignidad a todos los miembros de la sociedad. La familia, la comunidad y el Estado son quienes deben articularse para resguardar a cada sujeto de derecho.