“Del mapa a la acción local. Mapas de amenaza en los instrumentos comunales: la conexión pendiente” es el reciente estudio del Programa Riesgo Sísmico (PRS) de la Universidad de Chile, desarrollado por el investigador Julián Cortés, profesor experto del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM). El trabajo analiza las brechas entre la información cartográfica disponible sobre riesgo, los instrumentos comunales existentes para abordarlo y las decisiones territoriales que se adoptan —o no— a partir de estos datos.

El documento corresponde a la segunda entrega de una serie de policy briefs orientados a traducir datos y evidencia en preguntas de política pública, criterios de priorización y recomendaciones para los organismos a cargo de la gestión de riesgo de desastres. La primera edición, publicada en junio de 2026, examinó las brechas comunales en la reducción del riesgo en Chile.

Si bien este nuevo informe señala que nuestro país cuenta con información sobre amenazas como mapas, modelos, visores y sistemas de monitoreo, estos datos están dispersos y no siempre pueden analizarse de manera conjunta. Asimismo, tampoco es claro cuáles son las versiones vigentes de cada insumo, quienes son los responsables de cada uno, dónde encontrarlos y qué decisión pública se tomó a partir de su uso.

Información sobre desastres

El trabajo parte de una pregunta concreta: ¿cómo se incorpora la información de los mapas de amenazas a las decisiones que toman los municipios?

Para este estudio se tomaron dos herramientas: el Plan Comunal de Emergencia (PCE) que establece la coordinación y el empleo de capacidades para la respuesta comunal ante emergencias, incluidos roles y procedimientos operativos, y el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD) que ordena acciones de reducción del riesgo correspondientes a las fases de mitigación y preparación, mediante diagnósticos, prioridades, medidas y mecanismos de seguimiento; y su desarrollo se realizó en dos niveles: el primero describió a escala nacional el estado formal de ambos instrumentos a partir de 345 registros institucionales que cubren las 346 comunas del país; el segundo examinó 48 comunas, tres por región, y buscó revisar dos planes en cada una: el PCE y el PCRRD.

Para el primer nivel, los resultados mostraron que 214 comunas cuentan con ambos instrumentos, 104 disponen solo del PCE, cuatro solo del PCRRD y 23 no cuentan con ninguno de los dos instrumentos exigidos por la ley.

Mientras que, para el segundo nivel, los 96 planes esperados para analizar de las 48 comunas seleccionadas se pudieron evaluar solo 71, ya que los 25 restantes no registraban un instrumento formalizado.

Los 71 planes analizados fueron contrastados con una pauta de evaluación con cinco dimensiones: fuente y oficialidad, especificación técnica, uso territorial y exposición, traducción en acciones y publicación, actualización e interoperabilidad. Algunos de los resultados concluyeron que: tener un plan formalizado no garantiza por sí solo que sus mapas y antecedentes puedan verificarse; los planes suelen describir mejor las medidas que deben adoptarse que las características técnicas del mapa que les sirve de respaldo; a muchos de los mapas les faltan datos para verificar su escala, metodología, vigencia o limitaciones; la ausencia de PCRRD es más frecuente en las comunas con mayores factores subyacentes del riesgo, entre otras.

En contraste, el informe también identifica experiencias comunales donde una mejor articulación es posible. Entre las 48 comunas revisadas en profundidad, 27 presentan una interfaz documental consolidada entre sus planes y la información cartográfica; en 19 de ellas, tanto el Plan Comunal de Emergencia como el PCRRD superan los umbrales definidos por la investigación. Casos como Pucón, Aysén, La Serena, Viña del Mar, Alto Hospicio y Chillán Viejo, presentan una conexión documental consistente entre las fuentes cartográficas, la identificación de la exposición y las acciones previstas.

Este dato no prueba causalidad, pero justifica priorizar cartografía y asistencia técnica mediante apoyos focalizados que no dependan solo de concursos, sino de financiamiento estable, pues casi una de cada dos comunas del grupo con mayor vulnerabilidad estructural no cuenta con un PCRRD, frente a poco más de una de cada cuatro en el grupo de menor vulnerabilidad.

Hacia un sistema integrado de mapas de amenaza

Si bien Chile existen modelos, como BiblioGRD, Visor Chile Preparado, entre otros, y normativas sobre los mapas de amenaza, como la Ley 21.364 y el Decreto Supremo N°86, el informe también advierte que una de las principales problemáticas es la ausencia de un sistema nacional integrado de trazabilidad cartográfica, ya que actualmente los datos están diseminados y no pueden consultarse de manera conjunta.

“Al combinar un mapa de amenaza con información sobre la población, la infraestructura, los servicios y otros elementos, es posible anticipar quiénes y qué elementos podrían resultar afectados, para de esta manera, orientar decisiones antes de una emergencia. Sin embargo, para que el mapa sea útil no basta con su calidad científica, también debe estar validado, publicado, actualizado, explicado de manera comprensible e incorporado en planes, inversiones y protocolos”, indica Julián Cortés.

Pese a que existen doce organismos técnicos responsables de elaborar mapas de amenaza (como el SHOA, Sernageomin, Conaf, Centro Sismológico Nacional, DGA, entre otros), esta tarea requiere equipos permanentes y financiamiento estable, ya que los apoyos anuales o regionales pueden complementar pero no reemplazar los recursos estructurales de los organismos técnicos y del Senapred, por lo que el desafío no es solo producir más mapas, sino poder saber cuál es el vigente, quién responde por él, qué limitaciones tiene y en qué decisiones públicas se está utilizando.

En un contexto donde la nueva institucionalidad de gestión del riesgo aún está en fase de implementación, el policy brief entrega recomendaciones e invita a avanzar hacia una siguiente etapa, centrada en la prevención, donde la normativa se conecte de manera práctica con las decisiones territoriales, estableciendo criterios comunes para enfrentar las futuras catástrofes en igualdad de condiciones.