La Comisión Mixta despachó el proyecto de ley que modifica la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, con el objetivo de perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, tras alcanzar un acuerdo transversal entre el Ejecutivo y parlamentarios de distintos sectores políticos.

La presidenta de la instancia, senadora Danisa Astudillo, destacó que el texto final fue resultado de un trabajo desarrollado durante múltiples sesiones, en las que se revisaron en detalle las distintas propuestas y se incorporaron observaciones de instituciones vinculadas al proceso.

“Hubo voluntad de parte del Ejecutivo y de los colegas de los distintos colores políticos de llegar a un consenso. Esta propuesta fue trabajada en múltiples sesiones y logramos un consenso, y todas las votaciones pendientes y los artículos que agregamos se aprobaron de manera unánime”, señaló Astudillo.

Durante la discusión, la Comisión Mixta recogió además la opinión de la Corte Suprema e invitó al Ministerio Público, cuyos aportes permitieron incorporar mayores resguardos para compatibilizar los procedimientos de expulsión con las investigaciones penales en curso.

En ese sentido, la senadora explicó que uno de los objetivos fue evitar que un procedimiento de expulsión pueda entorpecer investigaciones de mayor envergadura, al mismo tiempo que se garantice el respeto de los derechos de las personas involucradas y se mejore la coordinación entre los distintos servicios públicos.

Uno de los principales acuerdos alcanzados por la instancia fue aumentar a un mínimo de cinco años el plazo durante el cual una persona expulsada no podrá reingresar al país, reforzando así las consecuencias asociadas a la medida.

La propuesta también incorpora resguardos para las víctimas en aquellos casos en que la expulsión se produzca por la comisión de delitos de menor gravedad. De acuerdo con lo explicado por la presidenta de la Comisión Mixta, se establecieron medidas destinadas a proteger sus derechos frente a la eventual suspensión de procesos judiciales derivada de la expulsión.

“Tomamos algunos resguardos para que aquellas personas que hayan sido expulsadas porque cometieron algún delito menor tengan garantizados los derechos de las víctimas. Hay una serie de medidas que tomamos también para resguardar esos derechos”, afirmó Astudillo.

Con el despacho de la Comisión Mixta, el proyecto queda en condiciones de continuar su tramitación legislativa y deberá ser sometido a la consideración de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.

Astudillo valoró finalmente el carácter transversal del acuerdo y manifestó su expectativa de que el mismo espíritu de consenso alcanzado en la Comisión Mixta se mantenga durante la discusión en ambas Cámaras.