Proyectos como Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), control migratorio, refuerzo de la seguridad en recintos educacionales, entre otros, serían parte de los proyectos que la mesa del Senado espera sean priorizados en lo que han llamado un “fast track legislativo” en materia de seguridad.
Esto fue dado a conocer tras del encuentro que sostuvieron la presidenta del Senado, Paulina Núñez y el vicepresidente, Iván Moreira, con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, oportunidad en la que revisaron diversos proyectos de ley con un enfoque amplio que abarca desde la crisis migratoria hasta operativos en terreno “buscando dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la comunidad”, sentenció la senadora.
La presidenta del Senado destacó que la mesa de la Corporación busca una coordinación vital como colegisladores para agilizar la tramitación de proyectos urgentes. En este sentido, adelantó que se reunirá con la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) para abordar las urgencias necesarias a estas iniciativas, permitiendo que el Senado ordene y priorice los temas que la comunidad espera con certeza.
La agenda también contempla avances en el proyecto sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el que se encuentra a la espera de la constitución de la Comisión Mixta, que deberá abordar las discrepancias.
Con todo, la senadora Núñez subrayó que es fundamental que los legisladores de distintas comisiones trabajen bajo una sola agenda coordinada para evitar que las leyes aprobadas resulten insuficientes frente a la realidad delictual.
En otro orden, la legisladora fue consultada sobre la seguridad en los recintos educacionales y recordó la moción que presentó hace tiempo atrás, con otros legisladores, para la detección de metales en los colegios.
La senadora instó a ampliar este debate de seguridad hacia la educación superior, argumentando que la seguridad no debe hacer distinciones entre recintos escolares y campus universitarios ante hechos de violencia que no son aislados.
“La violencia no nos espera”, enfatizó la presidenta del Senado, quien también planteó la necesidad de definir consecuencias para aquellos estudiantes que, contando con beneficios estatales como la gratuidad, se vean involucrados en actos violentos.