El escrito presentado por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales – OTJ- detalla una serie de antecedentes de tráfico de influencias que vinculan al investigado ministro con Luis Hermosilla, en el marco del “caso audios”.
El pasado 24 de marzo, la PDI allanó las oficinas del Ministro Antonio Ulloa, incautando equipos electrónicos y periciando pruebas, por la investigación que realiza el Ministerio Público por 14 nombramientos judiciales vinculados entre Hermosilla y Ulloa, y que incluye pedidos a autoridades como el exministro Andrés Chadwick. Entre los nombramientos, destacan designaciones en Cortes de Apelaciones de Talca, Valparaíso y Santiago.
En ese contexto, OTJ solicitó la suspensión de funciones del ministro investigado, en un requerimiento entregado hoy al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
“El Ministro Ulloa se encuentra en investigación a través de un sumario Administrativo por el hechos acá relatados, sin embargo se mantiene en funciones y en atención a los nuevos antecedentes expuestos tanto en la publicación de medio de comunicación Ciper la semana pasada, como las indagatorias llevadas a cabo por la Policía de Investigaciones, hechos graves que hacen necesario que el Ministro Investigado, don Antonio Ulloa sea suspendido de sus funciones, sumado además que mantenerlo en funciones con todos estos antecedentes enlodan no sólo como imagen al Poder Judicial, sino que además es una afrenta en contra de todos los trabajadores y trabajadoras judiciales”, sentencia la misiva.
El documento presentado, detalla con precisión la red de influencia en la que el Ministro, actualmente en ejercicio, participaba, y por la que está siendo investigado, tras las diligencias efectuadas por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins y su persecutor, Javier Von Bischoffhausen.
