Continúan los avances en la querella interpuesta por el Gobierno de Santiago por el delito de daño a Monumento Nacional del Museo de Bellas Artes. Durante esta jornada, se logró formalizar a la segunda imputada, Valentina Lillo, mientras que el pasado martes 2 de abril se detuvo y formalizó a José Gabriel Almeyda. Ambos son investigados por los rayados que afectaron al tejado de la cúpula del museo en agosto del 2022, específicamente en el lado sur-oriente del inmueble.
Respecto a esta nueva formalización, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que “hemos identificado a las personas que vandalizaron el Museo de Bellas Artes, los tenemos formalizados y con medidas cautelares, y le pedimos a la justicia que de una vez por todas aplique sanciones severas a aquellos que han destruido y siguen vandalizando la ciudad que nos pertenece a todos.
Además, agregó que “muchas veces se cuestiona la efectividad de las querellas presentadas por las instituciones públicas, pero esta es una muestra de que sirven y dan frutos. Seguiremos trabajando por cuidar Santiago, mientras hacemos esfuerzos por pintar la Alameda por completo, no descuidamos otros sectores de la capital. Estamos devolviendo la ciudad a la gente”.
Desde el Gobierno de Santiago, a través de su equipo jurídico en materia penal, colaboró activamente con el Ministerio Público,
logrando aportar antecedentes que reactivaron la investigación en base al uso de tecnología y que le permitió a la Policía de Investigaciones identificar a los responsables. Este trabajo angulado desde el Gobierno de Santiago propició los resultados que hoy
celebramos.
Luego de su formalización – por el delito de daño a Monumento Nacional – el Juzgado de Garantía de Santiago, dictaminó las medidas cautelares
de arraigo nacional y prohibición de acercarse a menos de 100 metros del Museo Bellas Artes. Además, de fijar 60 días como plazo para la investigación de este delito.
Por este delito, ambos imputados, arriesgan las penas de presidio menor en sus grados medio (541 días) a máximo (5 años) y multa
de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, es decir, de $3.259.000 millones a $13.000.000 millones, aproximadamente.
