Con la medida cautelar de prisión preventiva, quedó un imputado por tráfico de 1699 kilos de droga, detenido a partir de una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que constituye el decomiso de droga más grande de este año a nivel metropolitano, y que se realizó en conjunto con la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile.
La droga incautada –marihuana, cocaína base y clorhidrato de cocaína- fue encontrada al interior de un vehículo, cuando era trasladada por el imputado, por caminos interiores desde la región de Atacama hacia la región de Coquimbo, donde luego tenía como destino para su comercialización, diversas comunas de la zona sur de la Región Metropolitana
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, entregó sus felicitaciones por el trabajo mancomunado. «Quiero transmitir mi satisfacción y mis felicitaciones al equipo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur que estuvo a cargo de la dirección de la investigación que permitió esta incautación y el logro de esta prisión preventiva. Quiero insistir en un punto que he planteado durante meses: que mientras más coordinadas trabajamos las instituciones del Estado, mientras más unidos están nuestros esfuerzos, menos impunidad, más narcotraficantes en las cárceles y menos drogas en las calles», dijo.
En tanto, el Fiscal Regional Metropolitano Sur Héctor Barros, puntualizó que “la importancia de estos procedimientos, radica entre otros aspectos, en que al sacar de circulación esta gran cantidad de droga, junto a la formalización de sus imputados, se afecta directamente el circulo vicioso que en determinadas poblaciones vulnerables del Gran Santiago, constituye la triada de drogas, armas y delitos violentos, con los negativos efectos ya conocidos de este fenómeno para la comunidad”.
Cabe destacar que la medida cautelar decretada por el 12º Juzgado de Garantía, a partir de los antecedentes expuestos en audiencia por la Fiscalía, se aplicó por
considerar el tribunal, que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, fijándose un plazo de 90 días para investigar.
