· Con los nuevos cuerpos legales, que aumentaron el número de delitos y sus penas, el concepto de compliance ha despertado gran interés, ya que es un camino para evitar las infracciones.
· Es así como Defontana implementó una nueva unidad de soluciones de compliance, cuyo objetivo es apoyar a las empresas en los distintos desafíos que se vienen con relación a la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.
La Ley contra Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, cuya segunda parte entró en vigencia hace pocos días, ha provocado en el país, junto con la también reciente Ley Karin, que pena el acoso y violencia laboral, un vertiginoso desarrollo del compliance, concepto que se refiere a los productos y servicios que ayudan al cumplimiento de las normas.
El interés en estos temas surge porque los nuevos marcos legales imponen sanciones más severas tanto a personas naturales como jurídicas. Por ejemplo, la segunda fase de la nueva Ley de Delitos Económicos agrega a las personas jurídicas a partir del 1 de septiembre de este año. Además la nueva ley incorpora cerca de 240 nuevos delitos, que van desde el ocultamiento de información a la Fiscalía Nacional Económica hasta el blanqueo y lavado de activos. “Estas regulaciones no solo impactan a las grandes corporaciones, sino también a los pequeños emprendimientos que, a pesar de delegar sus servicios contables y legales, pueden ser igualmente sancionados a pesar de haber externalizado dichas áreas, lo que no los liberará de responsabilidad” explica Domingo Beas, gerente de Soluciones Compliance de Defontana. Además, agrega que el nuevo marco normativo contempla desde multas hasta penas de cárcel efectiva para los llamados “delitos de cuello y corbata”.
Para facilitar el cumplimiento de la Ley Karin, Defontana tiene para sí misma y para sus clientes un sistema de gestión de denuncia, donde las personas pueden resguardar la confidencialidad, hacerlas anónimamente y que establece cierta trazabilidad de lo que pasó con esa acción y las gestiones que se hicieron.
En relación con la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, Defontana está desarrollando una matriz de riesgo que identifica los principales peligros a los que se enfrentan las empresas. Este servicio es especialmente relevante, ya que puede actuar como un atenuante en caso de que se cometa un delito dentro de una organización.
Beas destaca que “ahora no solo se responsabiliza a los directivos y representantes legales, sino también a los empleados, proveedores e incluso a los subcontratistas, integrando así a toda la cadena de valor que compone una compañía, independiente de su tamaño. De esta manera, todos deben asegurarse de que se cumplan las normativas”.
La nueva ley también aborda los delitos informáticos. “Contamos con una amplia experiencia en servicios de seguridad informática, lo que nos convierte en un proveedor crítico para nuestros clientes”, asegura.
Nuevos delitos y sanciones
La nueva Ley contra Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente considera multas que van desde 5 a 5.000 UTM, cárcel efectiva, decomiso de ganancias, inhabilitación para ser contratado por el estado, pérdida de beneficios fiscales, supervisión de la persona jurídica por espacio de seis meses a dos años y “eventualmente la extinción de la personalidad jurídica” advierte Beas, quien también resalta que se pone a la contabilidad como tema relevante, más allá de los temas tributarios. “Esto no sólo es tributario, sino que obliga a preocuparse de temas internos para no tener problemas y no cometer delitos”, agrega.
Respecto a esos delitos, el experto explica que la Ley de Delitos Económicos, cuya primera parte se puso en vigencia en agosto pasado, considera como tales al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos informáticos, negociación incompatible, cohecho, corrupción entre particulares, apropiación indebida, receptación, sustracción de madera, trata de personas, obtención fraudulenta de seguros de cesantía, contaminación de aguas, administración desleal, entre otros.
En tanto, la segunda parte que entró en vigencia este mes, además de afectar a las personas jurídicas agrega nuevos delitos, los que se dividen en cuatro categorías. “La primera está conformada, entre otros, por la colusión bursátiles, entrega de información falsa a la CMF, corrupción entre particulares, ocultamiento de información a la Fiscalía Nacional Económica”. Los de segunda categoría son los informáticos, imprudencia contra la vida y salud de las personas y medioambiente, delitos tributarios, estafa y en contra de la propiedad intelectual. “La tercera categoría está relacionada a los funcionarios públicos y considera falsificación de instrumento público, cohecho, fraude al fisco, enriquecimiento ilícito. “Por último, los de cuarta categoría tienen relación con receptación, lavado de dinero y blanqueo de activos”
Es así como, en un entorno legal cada vez más riguroso, la implementación de programas de compliance no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad imperativa para las empresas de todos los tamaños. En Defontana, entendemos la complejidad de estos desafíos y ofrecemos soluciones integrales que no solo facilitan el cumplimiento normativo, sino que también protegen a las organizaciones de riesgos legales significativos. Nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes en cada paso, desde la identificación de riesgos hasta la implementación de medidas preventivas efectivas, asegurando que puedan operar con confianza y seguridad en un mercado exigente y en constante evolución.
«En Defontana, a la luz de la nueva Ley de Delitos Económicos, la Ley Karín y otros desafíos que requieren herramientas avanzadas de gestión, estamos innovando para desarrollar soluciones óptimas en estas áreas, como la contabilidad como eje central del control financiero, sistemas de gestión de denuncias, reportes con información de compliance de colaboradores, clientes y proveedores, firma electrónica, entre otras herramientas diseñadas para respaldar a nuestros clientes en su gestión. Con Defontana como aliado estratégico, las empresas no solo pueden evitar las graves sanciones que implica el incumplimiento, sino también fortalecer su reputación y asegurar su sostenibilidad a largo plazo,» finaliza el ejecutivo.
