Los diputados Marta Bravo y Daniel Lilayu propondrán una nueva circunstancia agravante en la Ley 20.000, considerando que la PDI advirtió que la mayoría de las incautaciones que han realizado corresponden a “mermas” que fueron desviadas de algún área hospitalaria.
Los diputados de la UDI que integran la comisión de Salud de la Cámara Baja, Marta Bravo y Daniel Lilayu, anunciaron que en los próximos días presentarán un proyecto para que el tráfico de fentanilo y de otras drogas sea sancionado con hasta 20 años de cárcel cuando haya sido sustraído desde un recinto médico, luego que esta semana el Hospital de Iquique informara del robo de una ampolla de 10 milímetros de dicha sustancia, la que ha sido calificada como “droga zombie” debido a que sus efectos pueden ser hasta 50 veces más fuertes que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas aseguraron que la iniciativa surgió luego que la Policía de Investigaciones (PDI) advirtiera que la mayoría de las incautaciones de fentanilo que han realizado durante los últimos años en el país corresponden a “mermas” desviadas desde algún área hospitalaria, principalmente por parte de quienes suelen manipular o tener acceso a dicha sustancia.
Por lo mismo, Bravo y Lilayu detallaron que el proyecto propondrá una nueva circunstancia agravante en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos, para aumentar las penas en un grado cuando la sustancia haya sido sustraída desde algún establecimiento de salud.
“Es fundamental que comencemos a adoptar distintas medidas para prevenir que una droga como el fentanilo se termine instalando definitivamente en nuestro país. Durante las últimas semanas ya hubo dos detenciones a raíz de lo mismo, a lo que se suma el robo en el Hospital de Iquique y las advertencias que hizo la PDI. Por eso, como integrantes de la comisión de Salud decidimos presentar un proyecto para así aumentar las penas contra quienes sustraigan este tipo de sustancias desde los recintos médicos, porque al menos hasta ahora la mayoría de las incautaciones corresponden a mermas que han sido desviadas desde algún área hospitalaria”, explicaron los legisladores de la UDI.
En esa línea, los diputados Bravo y Lilayu explicaron que la actual legislación establece penas de hasta cinco años de cárcel para el microtráfico y 15 años en caso de tráfico, por lo que si se llega a acreditar que una persona sustrajo algún tipo de sustancia desde un establecimiento de salud en el país, arriesgaría una condena que incluso podría llegar a los 20 años de presidio en algunos casos.
“Si realmente queremos evitar que en nuestro país se repitan las mismas imágenes que vemos en Estados Unidos, donde sólo el año pasado hubo más de 11 mil muertos por sobredosis de opioides, es indispensable que empecemos a actuar desde este minuto. Y eso no sólo incluye avanzar en las modificaciones legales que correspondan, como la que estamos proponiendo ahora, sino que también requiere de un compromiso de las actuales autoridades por fortalecer los controles fronterizos y desarrollar, de una vez por todas, una campaña informativa donde se expliquen los devastadores efectos que esta droga puede provocar en las personas”, reiteraron los parlamentarios.
