Este miércoles, luego de una intensa doble jornada, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dictó, en un fallo dividido, el sobreseimiento definitivo de la causa en contra de Nicolás Bustamante, poniéndole fin a casi tres años de judicialización, que parten cuando el paciente es injustamente allanado el 26 de marzo de 2021.
La Fiscalía, que buscaba condenar a Bustamante por 5 años de presidio menor en su grado máximo, acusó al esposo y padre de dos hijos de cometer el delito de tráfico de drogas al conseguir como prueba -producto del cuestionado allanamiento- hojas, tallos y tres troncos, además de una bolsa con flores de plantas de cannabis que necesitaba para su tratamiento.
“En todo aspecto se me afectó: en el tema político, en mi tratamiento médico, como esposo, como candidato a concejal; me cortaron las alas y este proceso buscó eso mismo”, lamentó Bustamante, quien después del juicio confesó “sentirse muy tranquilo, porque por fin estoy absuelto de esta injusticia que no solo me hizo daño a mí, también a todo mi entorno”.
Recordemos que el ex candidato y docente estuvo casi un mes en prisión preventiva luego de su detención. Además de la medida cautelar que se pudo revertir en 2021, gracias al impecable trabajo del defensor penal público Oscar Ortega, a Bustamante se lo obligó a pagar una insólita caución de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos).
La diputada Ana María Gazmuri, fundadora de la Bancada Transversal Regulación por la Paz, brindó inmediatamente su apoyo una vez supo de la detención de Bustamante. Mientras transcurría el juicio, se refirió al caso, apuntando a la deuda que tiene el Estado de Chile con los pacientes que utilizan cannabis y en particular, al cuestionado trabajo de la Fiscalía.
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, expresó que “sorprende que la Fiscalía persevere en esta persecución, toda vez que tiene a la vista la nueva norma, promulgada el 23 de mayo del año pasado, en que queda claro que un paciente que tiene su receta médica no debe ser sometido a este tipo de procesos ya que no está cometiendo ningún delito”.
La legisladora, además, enfatizó que “hasta el último minuto, en su alegato final, el fiscal Jorge Mena siguió insistiendo en pedir 5 años para Nicolás”. La misma Ley Nº 20.000 siempre ha permitido el uso medicinal del cannabis. Fue frente a la persistencia de Fiscalía, de perseguir a los pacientes, que se especificó esta norma”.
Por su parte, el defensor penal público Oscar Ortega, detalló que “tras casi tres años de proceso, lleno de dificultades y después de dos días de audiencias de juicio, el tribunal dictó un veredicto absolutorio, acogiendo la postura de la defensa al entender que la droga, encontrada en poder de mi representado, se marcaba dentro de un tratamiento médico, señalando al tribunal como elementos para adoptar la decisión que la propia legislación no determina la cantidad de droga, sino que se exige que sea proporcional al tratamiento establecido.”
Finalmente, la diputada Gazmuri recalcó que “mi decisión de llegar a ser diputada fue, en gran medida, basada en la necesidad de impulsar lo que hoy día es ley y que es la protección al autocultivo medicinal. Tenemos el deber de respetar esta nueva normativa, y eso incluye al Fiscal, a las policías y a todos los funcionarios de las instituciones involucradas”.
“En marzo convocaremos a una mesa de homologación de todas las instituciones públicas involucradas, para que estas situaciones no sigan pasando y los funcionarios del Estado conozcan la ley. Esperemos que este caso ayude a cerrar el círculo, se deje de perseguir a personas inocentes y se destinen de forma eficiente los recursos para perseguir el crimen organizado”, concluyó la histórica activista por los derechos de los pacientes que utilizan y/o cultivan cannabis.
Cabe precisar que con la resolución dividida del juzgado, la Fiscalía tiene la posibilidad de interponer un recurso de nulidad en los próximos 10 días desde que se dé lectura a la sentencia fijada para el 12 de febrero. Sobre esto, la diputada Gazmuri remarcó que espera “que la Fiscalía no apele y no insista en este caso que ha afectado a un paciente al que se le han vulnerado todos sus derechos”.
