Por unanimidad el Senado despacho a segundo trámite el proyecto que busca imponer nuevas reglas para las concesionarias de obras públicas viales, entregando un servicio en condiciones de seguridad, que permita evitar una serie de hechos como accidentes, apedreos, encerronas y abordajes entre otros.
Así lo informó el presidente de la comisión de Seguridad y uno de los autores de la iniciativa, senador Iván Flores, quien precisó que “esta iniciativa nace de la preocupación e indignación ciudadana frente a la debilidad estructural de varias autopistas, lo que se ha traducido en accidentes y delitos, transformándose en algunos casos, en verdaderos callejones sin salida o trampas mortales”.
El proyecto aprobado, explicó Flores, modifica diversos cuerpos legales, para establecer el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas viales. “Esperamos que la Cámara apruebe a la brevedad para que sea ley de la República y que estas nuevas exigencias se incorporen en los contratos vigentes.”
En lo medular, el proyecto impone a las concesionarias de obras públicas viales el deber de entregar el servicio en condiciones de seguridad para los usuarios y sus bienes, adoptando las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia que deberán estar contempladas en las bases de licitación. “No sirven de nada las cámaras sino están interconectadas y en tiempo real, única forma de poder perseguir a los responsables de accidentes y delitos”.
Asimismo, el concesionario deberá permitir el acceso del Ministerio Público a la información e imágenes cuando este lo requiera en el marco de la investigación de un delito, y a las policías, en tiempo real y sin necesidad de requerimiento, en caso de flagrancia.
Además, se establece una disposición transitoria que dispone que el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, realizará las acciones tendientes a modificar los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años con objeto incorporar las obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia.
Tras esta unánime aprobación, la iniciativa que forma parte de la agenda priorizada de seguridad, quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputados para cumplir su segundo trámite constitucional.
