La decana de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Aninat, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el académico experto en derecho internacional y vicepresidente del Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constituyente, Claudio Grossman, participaron hoy en el seminario y panel Constitución, Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que moderó la directora de Docencia de la Facultad de Comunicaciones, Eliana Rozas, organizado por Clapes UC y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
El director de Clapes UC, Felipe Larraín, abrió el seminario recordando que en un mundo cada vez más interconectado, en que la tecnología digital ha transformado la forma en que las personas se comunican, “la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión se ha vuelto fundamental para la estabilidad y el bienestar de la sociedad en general. Mientras que la violación de estos derechos puede generar conflictos sociales y políticos que tienen un impacto negativo en la economía y en la calidad de vida de las personas”.
El presidente de la ANP, Juan Jaime Díaz, advirtió que “pretender invocar al estado para que nos dictamine sobre verdades oficiales, sobre cómo debemos entender la información, que influya en la manera en que la ciudadanía debe formar sus opiniones, solo implicará un retroceso histórico a lo que ha significado el constitucionalismo y la libertad garantizada en un sistema moderno de derechos humanos”. En la oportunidad, hizo público y entregó a la comunidad un documento con el resultado del encuentro “Desinformación, Libertad de Expresión y Democracia”, realizado en diciembre pasado, en el que participaron representantes internacionales y más de 50 expertos nacionales, entre ellos premios nacionales de periodismo, gremios y órganos autónomos del estado.
Grossman: “La Constitución debe consagrar la posibilidad real de que las minorías se puedan transformar en mayorías”
La primera exposición estuvo a cargo de Claudio Grossman quien hizo un llamado a la moderación en la redacción del nuevo texto constituyente, a tener en cuenta la visión de otros, evitando legislar teniendo a la vista solo el presente, ya que “cuando una constitución refleja el ideario de un solo grupo o tiempo, es susceptible de ser cambiada muchas veces -como la nuestra actual a la que se le han hecho más de 60 modificaciones-, y esos cambios constantes deterioran su legitimidad”.
Añadió que evitar los “entusiasmos del momento” pasa por la protección de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y por la protección que se acuerde para las minorías, de tal forma que una constitución pueda consagrar la posibilidad real de que las minorías políticas se puedan transformar en mayorías”.
Luis Cordero: “La memoria y el respeto a las víctimas es una frontera inexpugnable para el debate político”
El ministro de Justicia, Luis Cordero, quien hizo la advertencia que hablaba como profesor de derecho público, se refirió a la libertad de expresión en la democracia chilena, para lo cual mencionó cuatro casos de sentencias judiciales, para graficar que “a 50 años del golpe de estado (…) la memoria y el respeto a las víctimas es una frontera inexpugnable para el debate político, un mínimo de decencia en la sociedad democrática, y respecto de lo cual los medios de comunicación siguen teniendo una responsabilidad y deberes activos”.
Isabel Aninat: “una pregunta fundamental para la democracia es cómo nos vamos a aproximar a la libertad de expresión en las próximas décadas”
La decana de Derecho de la UAI, Isabel Aninat, se refirió a que existen dos aproximaciones a la libertad de expresión: una procedimental, clásica de la democracia liberal, en que la libertad de expresión vale por sí misma, aunque no está exenta de límites.
Y una concepción material, preocupante, de la cual un claro ejemplo se vio en el fallido proceso constitucional, “en que se hablaba de superar una concepción anticuada de la libertad de expresión que se reduce a un derecho a informar sin censura previa y a recibir información, para darle al Estado un rol más prominente, ya no solo limitado a no censurar sino a tener competencias y atribuciones en materia de libertad de expresión”.
Añadió que subyace a esta tensión “una pregunta fundamental para la democracia y que es cómo nos vamos a aproximar a la libertad de expresión en las próximas décadas”.
