Los diputados de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, Henry Leal y Marlene Pérez, anunciaron que ingresaron formalmente la solicitud para crear una comisión investigadora 2.0 sobre las pensiones de gracia otorgadas en el marco del denominado “estallido social”, luego que la Contraloría General de la República revelara graves deficiencias en la entrega de los beneficios, lo que incluso provocó que la Fiscalía Nacional abriera una investigación de oficio ante los eventuales delitos que existirían.
Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas valoraron que la Cámara Baja haya aprobado -durante la semana pasada- las conclusiones que elaboró la anterior comisión investigadora que se creó sobre el caso, determinando justamente que se cometieron una serie de irregularidades durante todo el proceso, calificaron como “indispensable” constituir una nueva instancia a partir de las últimas informaciones que han surgido, sobre todo tras el contundente informe de la Contraloría.
En esa línea, Coloma, Leal y Pérez explicaron que el primer informe, aprobado por 50 votos a favor y 26 en contra -entre ellos del Partido Comunista y el Frente Amplio-, no consideró los nuevos antecedentes que proporcionó el órgano fiscalizador, entre ellos el número de beneficiarios que mantienen antecedentes penales y los que presentaron información errónea durante la postulación.
“Hoy tenemos una infinidad de información y datos que no fueron entregados durante la primera comisión investigadora que creamos en la Cámara Baja, partiendo por todo lo que reveló el lapidario informe de la Contraloría. No nos olvidemos que durante la primera instancia, el subsecretario Manuel Monsalve sólo reconoció que eran 40 los beneficiarios con antecedentes penales y nunca quiso especificar los delitos, cuando en realidad eran 69 las personas en dicha condición, algunos de ellos condenados incluso por producción de pornografía infantil y abuso sexual”, señalaron los diputados de la UDI, quienes recordaron que “desde el Gobierno hubo un permanente ánimo por torpedear el trabajo de esta comisión, lo que reafirma la necesidad de crear una segunda instancia”.
En ese contexto, y en la eventualidad de que se apruebe la creación de una comisión investigadora 2.0, los diputados Coloma, Leal y Pérez adelantaron que, desde ya, buscarán citar a todos los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que acreditaron como “víctima” a los actuales beneficiarios -lo que fue cuestionado por la Contraloría-, como también a los funcionarios del Ministerio del Interior que terminaron por recomendar la entrega de las pensiones.
Asimismo, aseguraron que volverán a invitar a la Contraloría -en este caso a la contralora (s) Dorothy Pérez-, al igual que al fiscal nacional, Ángel Valencia. “Vamos a convocar a esta nueva comisión a todas las personas que hayan tenido algún grado de participación en la entrega de estas pensiones de gracia, como también a los actores que han desempeñado un rol fundamental para determinar las eventuales responsabilidades y delitos que podrían existir”, reiteraron los diputados de la UDI.
