Es innegable que el país está viviendo una situación muy alarmante en materia de aumento de la delincuencia, narcotráfico y acción de bandas criminales. El gobierno del Presidente Gabriel Boric está extremando recursos para enfrentar este flagelo y ha adoptado medidas inéditas como el despliegue en la frontera con Perú y Bolivia de las FF.AA. para impedir el ingreso ilegal, en especial personas con antecedentes delictivos. También ha llevado al parlamento una agenda legislativa donde destacan leyes que combaten el crimen organizado, que permite el decomiso de sus ganancias ilegales, que aumentan penas por los delitos de sicariato y secuestro, entre otras.
La reciente muerte de dos carabineros en cumplimento de sus funciones, ha consternado al país y desatado un debate respecto de las atribuciones de la institución policial y sus alcances. Debate que no eludimos porque entendemos que hay una necesidad objetiva de más, mejor y eficiente seguridad pública. Sin embargo, rechazamos en forma enérgica ante un problema del país, esté siendo utilizado en forma canallesca por parlamentarios de derecha, para promover una legislación que podría vulnerar gravemente los DD.HH. La llamada Ley Nain-Retamal, en lo referido a la Legítima Defensa Privilegiada, permite el uso indiscriminado de armas letales por las fuerzas policiales, incluso en el control de manifestantes sociales. Este artículo en particular atenta contra la vida y la democracia.
Además, consideramos un escándalo que la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado se haya negado a escuchar a destacados abogados penalistas, a organismos especializados en defensa de los DD.HH. como amnistía internacional y el alto comisionado para la ONU. Esta exclusión es inaceptable para un debido debate legislativo.
El combate a la delincuencia debe hacerse en los marcos del estado de derecho y respetando los derechos humanos. Sobre la base de esos principios deben orientarse las distintas leyes que emanen del parlamento.
