Más de mil enmiendas se ingresaron al proyecto constitucional elaborado por expertos y expertas, 400 de ellas ingresadas por representantes de “Republicanos”. En este marco, es que la Democracia Cristiana se ve en la obligación de poner una voz de alarma respecto a estas enmiendas que pueden llevar a la consagración de una constitución inamovible, conservadora, que debilita lo consagrado como país desde el retorno a la democracia y pondría en un espacio de relatividad a los derechos humanos.
En efecto, en caso de aprobarse las enmiendas se establecería la supremacía constitucional sobre los tratados internacionales; se postergaría el Estado social y democrático de derechos; se limitaría el derecho a huelga, y; se consagraría como privados los sistemas de salud y previsión, entre otras materias. Esto no es aceptable para el Chile del presente y del futuro. Todo ello implica un grave retroceso en derechos y en el ejercicio de la democracia.
El proceso constituyente representa el más importante desafío político institucional de la actualidad. Creemos que la estabilidad institucional, el reforzamiento de nuestra democracia y la necesidad de abordar los desafíos que se nos presentan como sociedad, dependen en gran parte del desarrollo de una nueva carta magna y la principal pregunta es cómo conducir este proceso para lograr contar con una nueva Constitución, nacida en democracia y que represente ampliamente a las chilenas y chilenos. Claramente la derecha más extrema se niega a ello y cae en la misma conducta revanchista que algunos integrantes del anterior proceso tuvieron y que provocaron el rechazo ciudadano.
Ante este escenario, valoramos la labor de la Comisión Experta y su esfuerzo por lograr una propuesta con apoyo transversal entre personas que venían desde distintas posiciones e historias políticas, alcanzando un texto que habilita la deliberación política y no impone un programa de gobierno en la Constitución.
Por lo mismo, nos preocupa seriamente que integrantes de derecha del Consejo Constitucional no tengan la intención de mantener esa transversalidad política, y quieran imponer por vía constitucional, su visión de Estado.
Llamamos a los consejeros constitucionales a comprometerse con un texto que demuestre que, a pesar de las discrepancias políticas, existe capacidad y voluntad de lograr mínimos comunes, para crear una nueva Constitución que una, que proteja y que tenga una mirada de futuro.
