En el contexto de un foro académico realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, integrantes del Comité de Expertos de CHILE VAMOS, del PS y del FA expresaron sus expectativas en torno a que el Consejo Constitucional logre aprobar un texto de consenso, que supere en sus normas sustantivas el quórum de 3/5 que hoy tiene la oposición en dicho órgano y convoque a todas las fuerzas políticas.
En un primer encuentro, tras haber hecho entrega del anteproyecto al Consejo Constitucional, El Foro: El Anteproyecto de Texto de Nueva Constitución reunió, este lunes 12 de junio, a cuatro integrantes de la Comisión Experta que redactó el histórico documento: el vicepresidente del organismo, el abogado de la PUC y Doctor en Derecho, Sebastián Soto (Evópoli); la abogada de la UDP y Magíster en Derecho Público, Catalina Lagos (PS); la abogada de la PUC y Master en Derecho, Natalia González (UDI); y el abogado de la UDP y Doctor en Derecho, Domingo Lovera (FA).
La actividad fue presentada por el decano de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales, Jaime Couso, y por el coordinador del observatorio VAR CONSTITUCIONAL de la casa de estudios, Claudio Fuentes. A cargo de moderar el conversatorio estuvo la periodista y directora de la Cátedra Mujeres y Medios de la UDP, Paula Escobar.
En relación con el trabajo realizado por las/os abogadas/os de la Comisión Experta, Natalia González señaló que “no enfrenta con temor el debate que viene en el consejo electo ni el que se puede dar en la ciudadanía y en la academia”. “Pienso que no es nuestro rol hacer de guardianes del anteproyecto, sino que verlo con satisfacción, con humildad e ir a explicarlo, de manera que se entienda por qué arribamos a las normas que presentamos. Ojalá en diciembre se apruebe un buen texto, en el que cada uno de nosotros se pueda
sentir identificado. Tengo la impresión, por las reuniones que ha habido con los consejeros electos, que el ánimo es que sea de consenso, con el ánimo de concluir momentáneamente esta discusión. Es ingenuo que la vamos a cerrar para siempre. Pero, por lo menos, dar una señal de estabilidad al país”, precisó.
Sebastián Soto, por su parte, comentó que el consejo tiene “toda la legitimidad y las atribuciones para hacer cambios. Si miramos desde el principio, sabíamos que el anteproyecto sería intensamente escrutado por los consejeros electos. Eso está bien. Pero tenemos una experiencia muy reciente que es la de la Convención, que marca a fuego nuestra forma de deliberar en materia constitucional y eso también en el consejo. Por este motivo, la importancia del tono, que en estos días ha sido convocante y no refundacional, es fundamental”.
El abogado añadió que “también es importante integrar”. “Creo que el trabajo del consejo requiere incorporar a la contraparte y, en ese sentido, si bien la regla de los 3/5 concede un veto formal, hoy día, es casi tan fuerte el veto informal que puede tener la izquierda”. “Creo que hay tal presión al interior del consejo, que exige que el texto que salga no se apruebe solo por los extremos”. Señaló que esto es algo distinto a lo que se decía en el inicio de la Convención. Citó la publicación de una carta en la que se mencionó una frase del abogado, Fernando Atria, un día antes del inicio del pasado proceso constituyente, donde señalaba que, si se aprobaban las normas con los 2/3 de los votos sin la derecha, daba lo mismo. “Eso, hoy día, no puede ocurrir”, puntualizó el constitucionalista.
Catalina Lagos dijo que “el mérito del trabajo que realizamos como Comisión Experta tiene que ver con el aprendizaje que hicimos, a propósito del fracaso de la Convención Constitucional. El aprendizaje que hicimos fue que no basta con hacer una propuesta de nueva Constitución que se haga cargo de las problemáticas constitucionales, necesitamos un texto que permita que la diversidad de ciudadanas y ciudadanos se vea representada o, al menos, no excluida.
“Ese fue el ejercicio que hicimos. Si hay un cambio, hay un cambio. Si tuvimos ese aprendizaje y lo proyectamos en un texto, espero que el consejo pueda hacer lo mismo, que actúen con ese sentido de responsabilidad, a propósito de que como país necesitamos poner un término al tema constitucional”, manifestó.
Al ser consultado por la correlación de fuerzas que hoy no favorece a la izquierda en el consejo, Domingo Lovera afirmó que “conocíamos las reglas del juego del comienzo y que nuestro trabajo iba a ser escrutado por el consejo. También he tenido cuidado con no utilizar la expresión defender el anteproyecto, sino que explicar, que creo va a pasar cuando
comience el trabajo de las comisiones, a donde se nos va a llamar a rendir cuentas de las razones por las cuales llegamos a los acuerdos que logramos.”
“Sería importante que durante el consejo las normas a las que se arribe no se aprueben justo por el quórum que se requiere. Vuelvo sobre el punto de la hoja en blanco. Estoy seguro de que hubo normas que se pudieron haber aprobado en la Comisión Experta por 14 o 15 votos, y nos cuidamos de no caer en esa situación, nos preocupamos mucho de seguir conversando y llegar lo más lejos posible, cuando se podía la unanimidad, y cuando no a votos que dieran cuenta de una mayoría extendida, salvo en casos en que la comisión se fraccionó. Ese es el desafío que tiene el consejo, de procurar lograr acuerdos amplios, donde la señal que se dé a la ciudadanía no sea que se aprobaron normas por el quórum que requiere el reglamento del proceso”.
Respecto del trabajo de la Convención, el abogado del FA dijo que “defendí su proyecto porque, a pesar de su prosa, procedimentalmente, mordía poco. Era muy habilitante en lo político, parecido en la utilización de los quórums y ausencia de controles preventivos. Como digo, a pesar de su prosa, pudo haber sido utilizado por cualquiera, para ser empleado en su plan de gobierno”.
Según dijo el abogado, esa ausencia en el texto permitió que un sector se viera excluido de esta propuesta. Afirmó que eso sucedió por dos razones. Por un lado, la actitud de la gente que conformaba la mayoría y no estaba dispuesta a dialogar con quienes venían de otros sectores.
Lo segundo, señaló, fue la organización y procedimientos que se le impusieron a la Convención. “Sino hubiesen tenido que aprobar las normas por 2/3, lo que hacía inviable que izquierda y centro izquierda, pertenecientes a los partidos políticos establecidos, tuviesen el incentivo pragmático de conversar con CHILE VAMOS, porque con todos esos votos juntos no daban los 2/3. Retrospectivamente, es fácil hacer ese análisis, pero en su momento se pensó que los 2/3 iban a permitir que las normas fuesen aprobadas por una variopinta gama de posiciones. Que la derecha iba a contar de sobra con ese tercio que le hubiese permitido tener ese juego de piernas al interior de la Convención”.
Lovera puntualizó que el desafío que tiene el Consejo Constitucional es cuidar que el producto de su trabajo sea uno que permita, “no tanto que todos nos veamos reflejados en las palabras precisas, pero que nadie se sienta excluido de la prosa”.
Temas no constitucionalizados
Finalmente, a las/os expertas/os se les consultó sobre los temas que no fueron incluidos en el anteproyecto, como es la libertad de elección en salud, específicamente, el destino de las cotizaciones al sistema público o privado.
Al respecto, Sebastián Soto respondió que a la Comisión Experta le “faltó tiempo y la contingencia nos impidió encontrar un camino común”. Añadió que tiene la certeza que en estos meses el tema se va a descomprimir y se podrá avanzar en un acuerdo.
Catalina Lagos, por su parte, aseguró que esperaría que, en esta materia, siguieran el criterio de la Comisión Experta en el consejo.
Asimismo, la abogada expresó que faltó incorporar en el anteproyecto el reconocimiento del valor económico y social del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico. “Me parece que eso es clave y básico. Entiendo que se está generando una iniciativa popular de norma, por lo que pienso que se puede saldar esa ausencia”, manifestó.
Natalia González, señaló que en la Comisión Experta hubo vacíos, porque no pudieron convencerse mutuamente. “No hubo capacidad para ponernos de acuerdo entre los 12 de un sector y los 12 del otro, para arribar a una propuesta razonable que pudiera contemplar esta libertad de elección. Ojalá que el consejo si lo aborde, para hacerse cargo de las bases que establecen que los derechos sociales van a ser provistos, tanto por las instituciones públicas como privadas”.
“Sobre todo, en el caso de la salud van a tener que ponerse de acuerdo los consejeros. En la Comisión se distinguieron niveles de provisión: del prestador y del asegurador. Si bien, hubo consenso en que en el nivel del prestador existiese libertad de elección, no lo hubo en torno al asegurador. Pienso que se pueden llegar a fórmulas de consenso en que se logre plasmar lo que está en las bases, que es la libertad de elección, pero que puedan permitirle a cualquier gobierno, el día de mañana, a cualquier persona, contar con planes comunes basales, donde no haya distinción respecto de a qué clase social perteneces, para tener acceso de salud de calidad, pero si resguardando la libertad de elección que hoy está garantizada en la Constitución”, agregó la abogada.
Domingo Lovera afirmó que concuerda con la fórmula de la Comisión Experta, en torno a la base de provisión mixta, que resguarde la forma de reconocimiento de prestaciones sociales contenidas en las bases, y, tomando la evolución constitucional, establezca que los derechos sociales no impidan que políticas públicas pueden desarrollarse.
