El subjefe de la Bancada UDI y actual presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, anunció que durante la mañana de este lunes solicitará a la Contraloría General de la República iniciar un juicio de cuentas en contra de todas las autoridades -y también ex autoridades- que hayan tenido alguna responsabilidad en la implementación del plan “Gas a Precio Justo”, luego que un informe del organismo, dado a conocer en enero pasado, reveló que la Subsecretaría de Energía aún no restituye los $517 millones que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) gastó por concepto de distribución, ordenando el inicio de un sumario en la cartera.
Al respecto, el parlamentario gremialista recordó que fue tras una solicitud que él efectuó a mediados de 2022 que se conoció que cada cilindro de gas tuvo un costo de $117 mil pesos para el Estado, muy por encima del valor de mercado, lo que derivó en que el Gobierno suspendiera el plan.
Sin embargo, además del informe de la Contraloría dado a conocer a principios de año, esta semana el gerente general de Enap, Julio Friedman, reveló que desde la empresa le habían advertido al Ejecutivo que la distribución de los cilindros no produciría “ventajas competitivas” y que “iba, muy probablemente, a generar una pérdida” y un “daño patrimonial a la compañía”, por lo que Sulantay decidió recurrir al organismo contralor solicitando el inicio de un juicio de cuentas, que tiene por objetivo determinar las responsabilidades civiles de todos los funcionarios públicos que, por acción u omisión, hayan persistido en una decisión que terminó causando un daño en el patrimonio fiscal.
“A la luz de todos los antecedentes que hemos conocido durante los últimos dos años y, sobre todo, esta semana con la exposición del gerente general de Enap en el Congreso, resulta evidente que el Gobierno quiso implementar un programa sabiendo que financieramente no iba a dar el ancho y que, peor aún, terminaría generando una millonaria pérdida en las arcas fiscales. Las autoridades tienen la obligación de velar por el eficiente uso de los recursos públicos, pero aquí pareciera que muchos lo ignoraron sólo por un interés político y electoral, impulsando un proyecto que terminó siendo un rotundo fracaso y cuyos costos para el Estado nunca estimaron”, cuestionó el legislador, quien a raíz de lo anterior agregó que “pareciera que una sanción administrativa no será suficiente dada la magnitud del caso, sino que aquí se requerirá que las autoridades asuman estas pérdidas”.
Pero además, Sulantay solicitará a la Contraloría General de la República determinar si también existió una eventual infracción al principio de legalidad del gasto público, considerando que en dos años la Subsecretaría de Energía aún no restituye a Enap los $517 millones que terminaron gastando.
Lo anterior, luego que esta misma semana el ministro de Energía, Diego Pardow, si bien reconoció que el anterior titular de la cartera, Claudio Huepe, “se comprometió a hacerse cargo de los costos asociados a la implementación de este piloto, más allá incluso de la capitalización individual”, advirtió que “ese compromiso se hizo sin desarrollar un programa presupuesto asociado”, lo que infringiría el deber que tienen las administraciones de hacer gastos que sólo esténautorizados por la ley y que, además, tengan una fuente de financiamiento que los respalde, lo que no habría ocurrido.
Por lo mismo, Sulantay calificó como “indispensable” que la Contraloría pueda seguir adelante en su investigación contra el plan “Gas a Precio Justo”, manifestando que “todo apuntaría a que existen responsabilidades civiles de quienes ignoraron las advertencias y siguieron adelante con este piloto”.
“Cuando las cosas se hacen de manera irresponsable, poco seria y sin ni siquiera estimar todas las consecuencias que pueden generar sus acciones, terminamos en este tipo de casos, donde se despilfarran más de $517 millones sin que nadie se haga responsable, pudiendo haber utilizado estos recursos para financiar otras urgencias sociales en el país. Por eso es indispensable la actuación de la Contraloría, porque estamos absolutamente convencidos de que hubo autoridades de gobierno que infringieron sus obligaciones y que, incluso, pudieron haber actuado de manera negligente al desatender las distintas advertencias que se hicieron”, reiteró el parlamentario de la Bancada UDI.
