Un documento de académicos de la Facultad de Derecho UC -que fue enviado al Consejo Constitucional- propone rebajar la duración en el cargo de fiscal nacional de 8 a 6 años, junto con ampliar el plazo que impide a los persecutores postular a cargos de elección popular. Además, se propone elevar a rango constitucional y fortalecer la Academia de la Fiscalía de Chile, como ente encargado de la habilitación y formación de los fiscales.
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A través de un correo electrónico, el Foro Constitucional UC envió al Consejo Constitucional un documento de 35 páginas en el que propone una serie de modificaciones y perfeccionamientos al anteproyecto de nueva Constitución en relación con el Ministerio Público.
El texto -titulado Comentario al anteproyecto de nueva Constitución. Ministerio Público– fue elaborado por los académicos de la Facultad de Derecho Manuel Rodríguez y María Elena Santibáñez. Y se suma a otros cinco comentarios sobre el anteproyecto que se han estado elaborando en distintas temáticas: medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible; derecho internacional; acción de protección; libertad de religión y creencias; y derecho a la educación y libertad de enseñanza.
El texto sobre el Ministerio Público analiza los 14 artículos que integran el Capítulo IX del anteproyecto y plantea medidas concretas para mejorar la formación y desempeño de los fiscales, incluyendo modificaciones para el fiscal nacional y para fiscales regionales.
Así, primero se propone aumentar los plazos de algunas restricciones e inhabilidades, apuntando directamente a evitar un posible uso electoral que podrían dar los fiscales a su labor.
“Se propone aumentar a 4 años el período de prohibición para que el Fiscal Nacional, de Alta Complejidad, de Asuntos Internos, Regional y Adjunto puedan postular a un cargo de elección popular. Se estima exiguo el período de prohibición de 2 años, pues dicho plazo no es suficiente para disuadir a un fiscal de instrumentalizar una investigación, o su cargo, para obtener notoriedad pública mediante el ejercicio de la acción penal que le corresponde y, consiguientemente, apoyo popular en una elección parlamentaria o presidencial siguiente al término de su período”, señala el documento.
Asimismo, propone disminuir el período de duración del cargo de Fiscal Nacional. En el texto del Foro Constitucional UC señala que “se sugiere disminuir la duración del período del fiscal nacional de 8 a 6 años”, argumentando que “una labor tan demandante y ardua no puede ser ejercida de manera óptima por un lapso tan extenso como el de 8 años”. Y agrega: “Si bien es necesario que una autoridad cuente con un plazo razonable y realista para implementar los planes estratégicos de su administración, al mismo tiempo es aconsejable que estos períodos no sean tan extensos a fin de evitar que se instalen prácticas o lógicas organizacionales que luego serán difíciles de desarraigar”. En este sentido, se recalca que “parece excesivo contemplar un período que resulta ser el doble que el período presidencial”.
Con el objetivo de mejorar la formación de los fiscales, el documento elaborado por los académicos de Derecho UC también contempla darle rango constitucional a la Academia de la Fiscalía de Chile y fortalecer su funcionamiento. Se trata de un organismo que existe desde 2018 y que, con esta propuesta, se busca robustecer para que sea un elemento fundamental en la formación de fiscales, así como en la habilitación para el ejercicio de estas funciones.
“Formará también parte del Ministerio Público la Academia de la Fiscalía de Chile, cuya función será impartir cursos habilitantes para postular a cualquier cargo de fiscal adjunto, así como la capacitación y perfeccionamiento permanente de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público. La integración, organización y demás funciones de la Academia de la Fiscalía de Chile se regulará en la ley institucional del Ministerio Público”, plantea el documento.
“Se sugiere el reconocimiento a nivel constitucional de la ‘Academia de la Fiscalía de Chile’, considerando la relevancia de promover la mejor formación de quienes estarán a cargo de dirigir investigaciones de delitos. Dicha formación no puede quedar entregada a la mejor o peor suerte de cada fiscal, ni a los conocimientos que éste vaya adquiriendo con la práctica, considerando el mandato constitucional de mantener apego irrestricto a las exigencias del debido proceso y las garantías fundamentales del imputado”, se agrega en el texto, recalcando que ese organismo actualmente “no cuenta con una política articulada de capacitación ni con recursos presupuestarios asignados”.
Además, en el escrito se apunta a los “continuos cambios legislativos” en materia de persecución criminal como uno de los elementos que justifica, con mayor razón, avanzar en esta dirección. “Esta Academia estará a cargo de efectuar una permanente capacitación y actualización de los conocimientos de los fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público, tanto en aspectos sustantivos y procesales, y técnicas de investigación y litigación, lo que resulta apremiante, atendidos los frecuentes y continuos cambios legislativos, así como la evolución de la criminalidad que demanda el desarrollo de nuevas técnicas investigativas”, se señala en el documento del Foro Constitucional UC.
El texto también aborda una serie de aspectos sobre el funcionamiento del Ministerio Público, como los requisitos de elegibilidad y duración en el cargo de fiscales regionales, además del sistema de nombramiento y los requisitos de elegibilidad de fiscales adjuntos.
Junto con ello, propone “establecer que el ejercicio de la acción penal pública no puede ser condicionado a la voluntad de terceros, salvo el caso de la acción penal pública previa instancia particular”. Esto tiene como objetivo “evitar los entorpecimientos observados, por ejemplo, ante la inacción del Servicio de Impuestos Internos en materia tributaria y, de esa manera, evitar tratos discriminatorios, sin perjuicio que el Ministerio Público igualmente pueda llegar a salidas alternativas en estos casos”.
Finalmente, el texto respalda algunas de las innovaciones del anteproyecto en esta materia, sin perjuicio de sugerir algunas modificaciones. Se trata de la consagración constitucional de la Fiscalía de Alta Complejidad, la Fiscalía de Asuntos Internos, el Consejo Consultivo del Ministerio Público y el Servicio de Acceso a la Justicia para Víctimas de Delitos.
