Daniel Lilayu y Marta Bravo recordaron que en noviembre del año pasado presentaron una iniciativa para crear una nueva agravante en la Ley 20.000, luego que la PDI advirtiera que casi todas las incautaciones de la “droga zombie” correspondían a “mermas” hospitalarias.
Luego que un reportaje de televisión revelara el caso de una técnica en enfermería que se dedicaba a robar ampollas de fentanilo para luego venderlas en la comuna de San Antonio, los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu y Marta Bravo, llamaron al Gobierno a otorgar máxima urgencia a un proyecto de ley que presentaron en noviembre del año pasado, y que busca endurecer las sanciones cuando las sustancias o drogas sean justamente sustraídas desde algún establecimiento de salud del país, tal como ocurrió en esta oportunidad.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas recordaron que decidieron presentar dicha iniciativa luego que la Policía de Investigaciones (PDI) advirtiera que la mayoría de las incautaciones de fentanilo que se han realizado durante los últimos años en el país, correspondían a “mermas” que eran “desviadas” desde algún área hospitalaria, principalmente por quienes tenían acceso a ellas.
Por lo mismo, y tras conocer el nuevo caso en San Antonio, donde una funcionaria de una clínica privada quedó en prisión preventiva por el tráfico de dicha sustancia, los diputados Lilayu y Bravo calificaron como “indispensable” que se puedan endurecer las sanciones contra quienes obtengan cualquier tipo de droga estupefaciente o sicotrópica desde un recinto médico, sobre todo si se trata de fentanilo -también conocida como “droga zombie”-, dado los graves efectos que puede tener en la salud, al ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína e, incluso, 100 veces más que la morfina.
“La detención de una técnica en enfermería en San Antonio, que se dedicaba a sustraer ampollas de fentanilo para luego vendérselas a un tercero, nos confirman lo que hace algunos meses advirtió la propia PDI: que la mayoría de las dosis que se trafican provienen desde algún recinto de salud, por parte de funcionarios que tienen aquello a ellas. Por eso es que presentamos este proyecto de ley en noviembre del año pasado, y que a partir de este nuevo caso nos parece fundamental que pueda ser tramitado con la máxima urgencia posible. Si no queremos ver en nuestro país las mismas imágenes que nos llegan de Estados Unidos, donde sólo el año pasado más de 11 mil personas murieron por sobredosis, es indispensable que empecemos a actuar”, señalaron los legisladores UDI.
En esa línea, Lilayu y Bravo precisaron que el proyecto de ley crea una nueva circunstancia agravante en la Ley 20.000 -que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos-, para aumentar las penas en un grado cuando justamente la sustancia sea sustraída desde algún establecimiento de salud. Así, quienes cometan dicho delito podrían arriesgar penas que incluso llegarían a los 20 años.
“La mayoría de las sustancias que se trafican son obtenidas desde algún recinto médico, así que ya sabemos dónde atacar el problema”, reiteraron ambos parlamentarios, quienes mencionaron un reciente estudio de la Universidad Diego Portales (UDP), que reveló que entre 2017 y octubre de 2023 se habían sustraído al menos 199 ampollas de fentanilo desde hospitales y clínicas de Santiago.
