En la propuesta también se pide que el Estado establezca mecanismos para supervisar un uso racional de los recursos naturales, y la creación de la Agencia Nacional de Aguas y Agencia de Evaluación Ambiental, Diálogo y Sostenibilidad. Además, se plantea incluir en la Constitución el derecho a vivir en un “entorno sano”.
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En el marco de los cinco documentos elaborados por el Foro Constitucional UC y que fueron remitidos a la Comisión Experta del proceso constituyente en los últimos días, la instancia propuso una serie de medidas en materia medioambiental.
En un documento, de 20 páginas, se plantea la necesidad de robustecer las normas del Capítulo XIII aprobado en general por la Comisión Experta, el que -de acuerdo al documento del Foro Constitucional UC- debe permitir un adecuado entendimiento de lo que significa la gestión ambiental sostenible, especialmente en relación con los recursos naturales. Para esto, se plantea la necesidad de que el texto no contenga normas dispersas, sino que se establezcan bajo una lógica centrada en la sostenibilidad, e incorporando las materias relacionadas con los recursos naturales, como las minas y las aguas. Así, se propone sistematizar el capítulo en torno a “Disposiciones generales”, “Estatuto de recursos naturales” e “Institucionalidad”.
Respecto a este último punto, se propone crear una Agencia Nacional de Aguas y una Agencia de Evaluación Ambiental, Diálogo y Sostenibilidad. “Resulta estratégico para el país y sus políticas públicas que, en materia de evaluación ambiental y política hídrica, prime el análisis técnico y no político. En este sentido, se plantea la consagración constitucional de una institucionalidad técnica en ambas materias”, se lee en el documento, en el que se especifican dos artículos para ese objetivo:
- “Habrá una Agencia de Evaluación Ambiental, Diálogo y Sostenibilidad, organismo de carácter autónomo, colegiado y técnico, funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su composición, organización, funciones y atribuciones serán determinados por ley. Esta Agencia tendrá la rectoría técnica y la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad a la ley, teniendo asimismo el rol de garante y certificador de los procesos de diálogo relacionados con actividades productivas”.
- “Habrá una Agencia Nacional de Aguas, organismo de carácter autónomo, colegiado y técnico, funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su composición, organización, funciones y atribuciones serán determinados por ley. Esta Agencia tendrá la rectoría técnica en materia hídrica, de conformidad a la ley, debiendo resguardar una gestión hídrica integrada, sostenible, descentralizada y participativa, en función de las particularidades de cada cuenca u hoya hidrográfica, a través de las entidades que defina la ley”.
El documento, en general, analiza el tema ambiental y aborda lo que ya fue aprobado en general por la Comisión Experta en distintos capítulos. En este contexto, se incluyen una serie de elementos que no fueron abordados por la Comisión Experta, como el deber del Estado de “establecer los instrumentos adecuados y suficientes de gestión sostenible y su efectiva tutela”, de modo de velar por el derecho de vivir en un ambiente sano y sin contaminación.
“El Estado ha de desarrollar instrumentos que permitan una adecuada y equilibrada gestión social, ambiental y económica, además de una efectiva tutela de los mismos, generando las condiciones para el aprovechamiento racional de los recursos naturales tanto renovables como no renovables”, se lee en el escrito.
Además, se plantea que el Estado establezca mecanismos para supervisar un uso racional de los recursos naturales; y propone incluir en la Constitución el derecho a vivir en un “entorno sano”. Esta es otra área en la que busca complementar lo aprobado por la Comisión Experta, que aprobó un artículo relativo a vivir en un ambiente “libre de contaminación”. Así, el Foro Constitucional UC busca ampliar el alcance y significado de ese derecho, sumando el concepto de “ambiente sano” y “siguiendo variados ejemplos de Latinoamérica, Europa y otros continentes, y en coherencia con el ‘derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible’ consagrado a través de la Resolución A/76/300, de 26 de julio de 2022, de la Asamblea General de Naciones Unidas”.
El texto fue elaborado por Ricardo Irarrázabal, Winston Alburquenque, María Luisa Baltra, Arturo Fermandois, Carolina Helfmann, Juan Eduardo Ibáñez, Alejandra Ovalle y Daniela Rivera. Y en él también se sugiere incluir los estándares del derecho humano al agua para asegurar un acceso suficiente y salubre, entre otras características, además de especificar que se trata de agua para uso personal y doméstico, no para cualquier fin.
Además, se sugiere incluir explícitamente en los fundamentos del orden constitucional el “principio de solidaridad intergeneracional” en materia de protección del medio ambiente “tanto de las actuales como de las futuras generaciones”.
“Hemos dado continuidad al intenso trabajo que la Facultad de Derecho y la UC han venido desarrollando desde los inicios del proceso constituyente, aportando desde la academia, y con una aproximación constructiva, a uno de los procesos más relevantes que ha enfrentado nuestro país en los últimos tiempos”, explicó la profesora Alejandra Ovalle, directora del Foro Constitucional UC.
