Juan Manuel Fuenzalida, Cristián Labbé y Gustavo Benavente explicaron que la medida responde a la decisión del Presidente de liberar a “delincuentes avezados y a un terrorista”.
A raíz de la polémica suscitada por los 13 indultos que concedió el Presidente de la República, entre ellos a dos condenados en el marco del “estallido social” que estaban vinculados a una serie de otras causas judiciales y también al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna Rojas, los diputados de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, Cristián Labbé y Gustavo Benavente, presentaron este viernes un proyecto de ley para que todas las personas que reciban el beneficio por razones que no sean humanitarias -como ocurrió en esta oportunidad- tengan la obligación de utilizar tobilleras electrónicas al menos durante los primeros seis meses desde obtenida su libertad.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas -quienes también recurrieron a la Contraloría General de la República y al Tribunal Constitucional para evaluar la legalidad de los decretos presidenciales- advirtieron que la decisión del Gobierno “pone en serio riesgo la seguridad de nuestro país”, argumentando que la liberación de un ex terrorista reincidente y de doce delincuentes, varios de ellos con un extenso prontuario policial, “reviste un evidente peligro para la seguridad de la población, porque estamos hablando de delincuentes avezados que el Presidente decidió indultar”.
Por lo mismo, los legisladores decidieron presentar dicha iniciativa para todos los casos que no sean por razones humanitarias, asegurando que “es indispensable establecer distintas medidas que nos permitan seguir monitoreando a quienes han sido condenados por diversos delitos y que, sólo por razones políticas o, en este caso, ideológicas, logren obtener su libertad de la noche a la mañana”.
“Ya es absolutamente aberrante que el Presidente Boric haya indultado a un terrorista reincidente, a un delincuente vinculado a 26 causas judiciales y con cinco condenas, y a otro que llegó a tener siete órdenes de detención. Pero es aún más absurdo saber que estas personas salieron en libertad y que las autoridades no mantienen ningún tipo de control de ellos, pudiendo delinquir perfectamente dado el historial que mantienen. Por eso decidimos presentar este proyecto de ley, porque es de toda lógica pensar que alguien que no haya sido beneficiado por razones humanitarias tenga que utilizar una tobillera electrónica, dado que son muy altas las posibilidades de que vuelva a reincidir”, explicaron los diputados Fuenzalida, Labbé y Benavente, quienes justamente hicieron referencia al indultado Luis Castillo Opazo, quien al obtener la libertad llamó a la “insurrección”.
En esa línea, los diputados de la UDI detallaron que el proyecto establecerá un plazo de a lo menos seis meses en que los indultados tendrán que usar una tobillera electrónica, aunque adelantaron que dicho período “puede ser mayor e, incluso, renovarse en caso de que revista una mayor peligrosidad”, en consideración de que Gendarmería de Chile advirtió, dos semanas antes de concederse los indultos, que dos de los beneficiados presentaban un “alto compromiso delictual”.
“La irresponsabilidad del Gobierno de liberar, sin ningún remordimiento, a delincuentes avezados y a un terrorista reincidente, nos obliga a adoptar este tipo de decisiones”, reiteraron los diputados.
