Gustavo Benavente y Felipe Donoso llamaron al Mandatario a respaldar la iniciativa, que se extiende también a los ministros, alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.
Los diputados de la Bancada UDI, Gustavo Benavente y Felipe Donoso, llamaron al Gobierno a otorgar máxima urgencia a un proyecto de ley que presentaron hace casi dos años, en julio de 2022, y que obliga al Presidente de la República y a sus ministros someterse a un test de drogas obligatorio mientras estén en el cargo, como una manera de evitar que cualquier autoridad pueda mantener algún grado de vínculo con el narcotráfico, dada la grave crisis de seguridad que atraviesa el país.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas recordaron que ese mismo año -junto a su bancada- fueron los impulsores de una normativa que, al día de hoy, obliga a todos los diputados y diputadas someterse a un examen de dichas características. Pero además, junto con el proyecto que extiende el test de drogas al Mandatario y a sus ministros, los legisladores también presentaron otra iniciativa a mediados de este año, para que el resto de las autoridades electas por la ciudadanía, como los alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, también deban realizarse dicho examen.
Por lo mismo, y en medio del emplazamiento público que el Presidente Gabriel Boric hizo este lunes a la oposición, para que transparentaran su postura sobre el levantamiento del secreto bancario, los diputados Benavente y Donoso también conminaron al Mandatario a sincerar su apoyo respecto al test de drogas, asegurando que la medida “también ayudaría a evitar que el mundo del narcotráfico pueda permear las instituciones del Estado, tal como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica”.
“Lamentablemente, el Gobierno ha tomado una actitud absolutamente defensiva a partir de las declaraciones que realizó la alcaldesa Evelyn Matthei, que lo único que buscaban era advertirnos sobre una realidad que ya está ocurriendo en otros países y que es uno de los principales objetivos que tiene el narcotráfico y el crimen organizado, que es introducirse en las distintas administraciones y poderes del Estado. Por eso es que, en vez de seguir atacando a la alcaldesa de Providencia, lo que uno esperaría de las autoridades es que no sólo adopten todas las medidas que sean necesarias para evitar que lleguemos a ese escenario, sino que también se muestren disponibles a dar señales potentes contra el narco, despejando cualquier relación que pueda existir entre las autoridades -tanto las que son electas como las designadas- y este tipo de organizaciones”, manifestaron los UDI.
Producto de lo anterior, los diputados Gustavo Benavente y Felipe Donoso advirtieron que el respaldo del Ejecutivo al proyecto “es fundamental” para que pueda avanzar en el Congreso, puesto que permitiría establecer sanciones a las autoridades que se nieguen a realizarse el examen o arrojen un resultado positivo.
