Los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Cristhian Moreira, enviaron esta mañana un oficio dirigido a distintas reparticiones del Estado para conocer cuántas autoridades del Gobierno -como ministros, subsecretarios, seremis o delegados-, además de funcionarios públicos y parlamentarios son deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), considerando que podrían verse beneficiados si es que efectivamente se avanza en una condonación, tal como lo prometió el Presidente Gabriel Boric.
Al respecto, los parlamentarios recordaron que si bien el año pasado se supo que cuatro diputados -Catalina Pérez (RD), Diego Ibáñez (CS), Héctor Barría (DC) y Juan Irarrázaval (REP)- adeudaban dicho crédito, la información no hacía referencia a las autoridades y funcionarios de esta administración.
Por lo mismo, y luego que el Ejecutivo anunciara -a dos semanas del plebiscito constitucional- que durante el primer semestre de 2024 presentaría un proyecto para condonar el CAE, sin detallar a quiénes beneficiaría ni con qué recursos, los diputados Bobadilla y Moreira aseguraron que resulta “indispensable” conocer si eventualmente podría existir un conflicto de interés, advirtiendo que “no vaya a ocurrir que estemos condonando la deuda de funcionarios públicos o incluso autoridades”.
“Aun cuando nos parezca evidente que el Gobierno está utilizando este anuncio para favorecer la opción ‘En Contrá’ de cara al plebiscito del 17 de diciembre, nos parece fundamental conocer cuántas autoridades y funcionarios públicos, además de parlamentarios, son deudores del CAE y que podrían verse beneficiados con esta medida. Es indispensable tener acceso a esa información antes de empezar a tramitar este proyecto, porque no sólo podría existir un conflicto de interés en el caso de los parlamentarios, sino que también en la eventualidad de que haya ministros, subsecretarios, seremis, delegados o cualquier autoridad que mantenga dicho crédito”, alertaron los legisladores.
En esa línea, Bobadilla y Moreira adelantaron que cualquier propuesta que realice el Ejecutivo, además de estar financiada -lo que no se ha confirmado hasta ahora-, debiese excluir a las autoridades y los parlamentarios, como también a los funcionarios con altos ingresos o de planta.
Lo anterior, insistieron los integrantes de la Bancada UDI, puesto que “sería inaceptable que estemos aprobando un proyecto que eventualmente beneficiará a los integrantes de esta misma corporación o incluso del Gobierno”, de manera que llamaron a todas las autoridades -sin ninguna distinción- a transparentar de forma voluntaria si es que son deudores del CAE y si están al día o son morosos.
“Más que estar respondiendo los oficios que enviamos, lo importante sería que todas las autoridades de esta administración, además de los parlamentarios, transparentemos si tenemos una deuda estudiantil. Aquí no se trata de prejuzgar a quienes mantienen dicho crédito o no, sino de evitar que estemos legislando para nuestro propio beneficio”, reiteraron los diputados gremialistas.
