Cristóbal Martínez, Henry Leal y Renzo Trisotti acusaron al Gobierno de actuar con “absoluta discrecionalidad política” al beneficiar mayoritariamente a las municipalidades oficialistas.
Los diputados de la UDI, Cristóbal Martínez, Henry Leal y Renzo Trisotti, oficiaron esta mañana a la Subsecretaría de Prevención del Delito, luego que reconocieran que durante el 2022 un 47% de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Seguridad Pública fueron entregados a municipios cuyos alcaldes pertenecen a partidos oficialistas -del Frente Amplio y el Socialismo Democrático, además de la DC-, mientras que sólo el 11% fue a parar a municipalidades de oposición, y el restante (42%) a alcaldías independientes, organizaciones sociales y fundaciones a lo largo del país.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas calificaron la determinación como “arbitraria” y “discrecional”, manifestando que “es evidente que el Gobierno está utilizando recursos que le pertenecen a todos los chilenos para beneficiar sólo a las autoridades que pertenecen a su sector”.
“Resulta absolutamente sorprendente ver cómo este Gobierno, que se autodenominaba como los paladines de la transparencia y las buenas prácticas, está utilizando recursos públicos para beneficiar sólo a los alcaldes que son oficialistas, principalmente del Frente Amplio, el PPD y el PS, incluyendo a algunos de la DC, con una clara intencionalidad electoral pensando en los comicios municipales del próximo año. Y peor aún, estamos hablando de recursos destinados a mejorar la seguridad pública, donde el único criterio que debiese prevalecer son las tasas delictuales que existen en cada comuna, y no la afiliación política de cada alcalde”, cuestionaron los diputados de la Bancada UDI.
Por lo mismo, Martínez, Leal y Trisotti también anunciaron que convocarán la próxima semana a una sesión especial en la Cámara Baja, en la que citarán a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para que transparenten cuáles son los criterios técnicos que utilizaron para haber favorecido principalmente a los municipios oficialistas.
“Estamos frente a una discrecionalidad política que no tiene ninguna justificación más que beneficiar a sus propios alcaldes. La seguridad pública es, por lejos, la preocupación número uno de los chilenos, y lo peor que podría haber hecho el Gobierno era discriminar a los ciudadanos según la militancia política de su autoridad comunal. En una materia tan sensible como esta no debiese existir ningún tipo de discriminación, pero lamentablemente este Gobierno ya lo hizo y hoy tiene el deber de explicarle a los chilenos sus razones”, insistieron los diputados UDI, quienes también cuestionaron que sólo cinco municipios de los 53 que fueron beneficiados pertenezcan a la zona norte -incluyendo a la Región de Coquimbo-, lo que a juicio de ellos “denota el total desinterés de las actualidades autoridades con combatir efectivamente el crimen organizado que impera en el norte de Chile”.
Por último, los integrantes de la Bancada UDI también anunciaron que oficiarán a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), para que transparente la distribución de los recursos destinados a la fecha y así determinar qué comunas se han visto favorecidas o perjudicadas.
