Tras el aumento de robo de cables en 2022, situación que deja desconectados a más de 2 millones de chilenos, la diputada Natalia Romero presentó un proyecto de resolución que solicita al presidente de la República implementar modificaciones técnicas y legislativas para que la Empresa Nacional de Minería sea designada como compradora única de chatarra de cobre, con el objeto de prevenir y evitar el comercio ilegal de este producto en el país.
Esto, explicó la parlamentaria, porque la situación ante este delito se ha convertido en una verdadera pesadilla, ya que además de dejar desconectados a millones de familias y empresas, además afecta el correcto funcionamiento de semáforos, consultorios, bancos, oficinas del Registro Civil, entre otros servicios esenciales.
Asimismo, agregó la legisladora, dichas prácticas o actividades se ha evidencia que han servido de herramienta de diversificación delictual del crimen organizado mediante la cual dichos grupos pueden obtener beneficios económicos al introducir ilícitamente dentro del comercio productos obtenidos de forma ilícita, “la relación entre el crimen organizado y el comercio ilegal con el paso del tiempo se ha vuelto más evidente, y por tanto más riesgosa para el orden público, el orden público económico y la economía en general, debido a la proliferación de bandas organizadas que tienen por objeto de su actividad la piratería, el contrabando y la receptación de productos obtenidos por medio del hurto de estos bienes en el comercio legal”.
Romero sostuvo que “lamentablemente” detrás de este delito están desde los clásicos mecheros hasta bandas organizadas que exportan dicho material. “Hay personas vagabundas que por poco dinero les compran los cables que ellos cortan, principalmente lo que es el alumbrado público y las conexiones de todo lo que es la fibra óptica”.
“Estos hechos delictuales se ven motivados y se relacionan íntimamente con el comercio ilegal de cobre mediante la compra de este material por chatarrerías informales y formales, quienes inescrupulosamente ingresan este mineral dentro del mercado formal aprovechándose de la escasa y difícil fiscalización y certificación respecto del origen de estos productos”, argumentó la diputada.
En el caso de las empresas de telecomunicaciones, según un estudio de Movistar Chile, entregado en agosto de 2022, han ocurrido más de 11.600 mil delitos de robo de cables a lo largo del país, lo que afecta directamente a millones de clientes. El 66% de los casos se concentran en la región Metropolitana, pero también destacan regiones con este crimen en alza: Valparaíso, O’Higgins, Biobío y Antofagasta.
En concreto, la diputada Natalia Romero sentenció que “hay que poner atajo a este delito que se está convirtiendo en una práctica normal, lo que claramente genera un gran daño en la comunidad, además a las empresas públicas y privadas”, y esperamos que “el Gobierno acoja esta iniciativa, ya que este robo se está convirtiendo en un flagelo habitual y muy dañino para nuestra sociedad”, concluyó.
