Los integrantes de la comisión de Salud, Marta Bravo y Daniel Lilayu, advirtieron que el desinterés de las autoridades por resolver la millonaria deuda provocará un “terremoto” en el sector salud, afectando por igual a los afiliados a isapres como a los usuarios de Fonasa.
Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Salud de la Cámara Baja, Marta Bravo y Daniel Lilayu, acusaron al Gobierno de propiciar un “lento desangramiento” de los prestadores privados de salud, luego que la asociación Clínicas de Chile advirtiera que el Estado les adeuda alrededor de $382 mil millones -al 30 de junio de 2023-, de los cuales la Dirección de Presupuestos (Dipres) propuso pagar apenas un 40% de aquí a marzo del próximo año, mientras que con el resto del monto se pondrían al día sólo antes del término del mandato, sin ningún reajuste ni interés.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas advirtieron que lo cuestionable no sería precisamente la modalidad de pago que ofreció la actual administración, y que fue calificada como “inaceptable” por parte de los privados, sino que el mayor riesgo se presentaría si los prestadores de salud -por razones económicas- comienzan a quebrar o a presentar graves problemas financieros, lo que podría derivar en eventuales quiebras, impactando directamente en los pacientes que allí se atienden.
“Al pactar de manera absolutamente unilateral la forma de pago de esta deuda, el Gobierno está propiciando el lento desangramiento de la industria, forzando a los chilenos a abandonar el sistema de Isapres -como está ocurriendo en la actualidad- para así imponer su propio objetivo: que en Chile exista un sistema único de salud. Esa pareciera ser la única y verdadera intención que tienen las actuales autoridades, porque de lo contrario no estarían ofreciendo una alternativa que terminará provocando la quiebra de todos o la mayoría de los prestadores privados”, señalaron los legisladores.
En esa línea, los diputados Bravo y Lilayu advirtieron que la compleja situación por la que atraviesa la industria de las Isapres, sumada a la millonaria deuda que el Estado mantiene con las clínicas, podrían generar un verdadero “terremoto” en el sector salud, afectando no solamente a los usuarios del sistema privado, sino que también a los de Fonasa debido al posible colapso de la red asistencial.
Por lo mismo, ambos parlamentarios de la UDI emplazaron al Ejecutivo, pero en específico a los ministros de Hacienda y de Salud, a presentar una propuesta -a la brevedad posible- que contenga una solución real al complejo momento por el que atraviesan ambas industrias, insistiendo en que “lo más importante es garantizar la salud y la calidad de atención de todos los chilenos y chilenas”.
“Al Gobierno le hemos dicho hasta el cansancio que aquí no existen defensas corporativas ni mucho menos, sino que una real preocupación porque vayan a quebrar las isapres o, en este caso, los prestadores de salud privados. Porque si llegan a quebrar, no sólo se van a ver interrumpidas las atenciones, por ejemplo, de los pacientes crónicos u oncológicos, sino que la red de salud pública no va a dar abasto, perjudicando gravemente a los usuarios de Fonasa”, reiteraron Bravo y Lilayu.
