Hace pocos días, CODELCO comunicó al país la firma de un Memorándum de Entendimiento con la empresa SQM, anunciando la creación de una sociedad común a partir del 1 de enero de 2025, con una participación mayoritaria del Estado de 50% más una acción, a través de una filial de CODELCO que asume su control total a partir del año 2031. Como parte del acuerdo, CORFO arrendará a esta filial de CODELCO desde el año 2031 hasta el año 2060 las pertenencias de litio que hoy explota SQM, bajo condiciones similares.
Este acuerdo forma parte de la Estrategia Nacional del Litio formulada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde se señala que “El término en 2030 del contrato de arrendamiento a privados de una parte importante del Salar de Atacama abre la posibilidad de que el Estado de Chile inicie de inmediato las gestiones para ingresar en la actividad de explotación a través de una articulación público-privada que beneficie a Chile y su desarrollo.” En ese marco, se le solicitó a Codelco “…la búsqueda de los mejores caminos para lograr desde ya la participación del Estado chileno en la explotación de litio en el salar de Atacama, negociando en primer lugar con SQM, cuyo contrato vence precisamente en 2030.”
A su vez, el acuerdo recoge las recomendaciones de la Comisión Nacional del Litio convocada por la Presidenta Bachelet el 2015, y sus principios están inspirados en las sugerencias de la teoría económica y del sistema de Naciones Unidas para el manejo racional de los recursos naturales estratégicos, así como en la práctica de la mayoría de los países alrededor del mundo.
La materialización de este acuerdo, en el marco de la actual correlación de fuerzas, sin duda constituirá un hecho de gran impacto económico, social y ambiental. Traerá importantes beneficios para el Estado, para la región de Antofagasta y a CODELCO. A ello se suman los arriendos y aportes a comunidades y gobiernos locales, establecidos en los contratos actuales con CORFO y la legislación tributaria específica aplicable a la minería y a la de inversión extranjera en general.
Permitirá ampliar la producción, pero bajo nuevas premisas socio-ambientales, más exigentes y con métodos de explotación más eficientes que aseguren un menor impacto sobre el medio ambiente y con la participación de las comunidades indígenas aledañas al salar.
CODELCO se convierte de inmediato en la principal minera del mundo no sólo en cobre sino también en litio. Su patrimonio crece en forma considerable y su situación financiera se fortalece extraordinariamente. Le permite ganar rápidamente conocimiento técnico de la industria del litio, y acelerar presencia activa en otros salares donde tiene pertenencias. En tal sentido, como lo señalamos en nuestra declaración del 2 de abril 2023 titulada Recuperar el Litio y los salares, “es evidente que el patrimonio conjunto vale más que la suma de las partes”.
Han surgido voces que critican los porcentajes de participación, plazos y condiciones acordados. También provoca indignación la continuada presencia en SQM del yerno del dictador, que mantiene impune parte de su apropiación delincuencial en esta empresa, así como su accionar ilegal en el financiamiento de la política. Tales críticas deben ser valoradas, son plenamente justificadas y muestran a una ciudadanía alerta que vigilará el avance de este proceso en una dirección que resguarda el patrimonio público.
A la luz de este acuerdo, queda en evidencia que es posible recuperar para el Estado de Chile los recursos minerales estratégicos y entregar su explotación a empresas del Estado o sociedades controladas por éste. En el caso del litio, gracias a que este mineral está excluido del régimen de concesiones de la legislación minera. El gigantesco abuso que representa esta legislación minera se puede dimensionar al proyectar estos beneficios al conjunto de la actividad minera nacional.
Ciertamente, el acuerdo permite avanzar más aún en esta materia. La chilenización del cobre impulsada por el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva a fines de los años 1960 -que establecía asociaciones mayoritarias del Estado con las empresas privadas que hasta entonces lo explotaban- se enmarcó en la lucha por la nacionalización del cobre que el movimiento popular venía exigiendo a lo largo de décadas, y que en 1971 se hizo realidad a iniciativa del gobierno del Presidente Allende, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional. Esta es hoy día una tarea pendiente y vigente.
En definitiva, lo más importante del acuerdo es su impacto político en cuanto a legitimar el derecho del Estado a explotar sus recursos naturales estratégicos. También legitima al sistema democrático en su conjunto, pues muestra que, haciendo uso de sus atribuciones legales, los gobiernos pueden abordar los grandes abusos y poner coto a los abusadores. Ese es el único camino para recuperar la confianza del pueblo en la democracia y sus instituciones.
Partido Comunista de Chile
