Este domingo 28 de julio se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela. Los hechos previos a este acto eleccionario ya daban claras señales de que no se contaría con las garantías mínimas que son normales en las democracias modernas.
Después de una interrumpida entrega de datos, una serie de irregularidades y una demorosa entrega de resultados, finalmente se consolidó lo previsible: un triunfo lleno de dudas a favor del dictador Nicolás Maduro.
Este fraude electoral contó con la complicidad del Partido Comunista de Chile, que a través de la presencia del Diputado Boris Barrera y el Ex Secretario General Juan Andrés Lagos, recientemente desvinculado del Ministerio del Interior, validaron como veedores su desarrollo y resultados. Otros conocidos personeros de izquierda los acompañaron en esta lamentable actuación. Todo esto, mientras se impedía el acceso de los observadores no comprometidos con el Gobierno venezolano, como los Ex Presidentes de Latinoamérica y Senadores de Chile y España.
El Gobierno de Chile y algunos partidos del socialismo democrático han expresado su rechazo a este atentado a la Democracia. Sin embargo, no puede obviarse el hecho que participan en una coalición de Gobierno y en pactos electorales con los mismos que contribuyeron al engaño perpetrado por la dictadura de Maduro.
Exigimos que estos partidos, y el mismo Gobierno, hagan expreso su compromiso con la democracia, más allá de sus orientaciones ideológicas. Los efectos de la dictadura en Venezuela, que ahora se perpetuaría por otros seis años, son sufridos por toda América Latina.
Dado que el gobierno ha declarado que no reconoce los resultados en Venezuela y que la comunidad internacional los considera muy difíciles de creer, esperamos acciones rápidas y concretas para dar una solución contundente a la crisis venezolana. Se debe comenzar por retirar al embajador de Chile en Venezuela hasta que se reconozca lo que, a ojos del mundo, es evidente.
Este fraude electoral podría traer graves consecuencias migratorias y humanitarias en la región. Chile, su gobierno y todos los partidos políticos que creen en la democracia, no pueden quedarse callados ante tamaño atentado contra la libertad, la democracia y el progreso.
