La bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezados por la jefa y el subjefe, Ximena Ossandón y Hugo Rey, respectivamente, ofició al Servicio Electoral (Servel) solicitando aclarar porqué no se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en el caso de los $43 millones que el partido del Presidente Boric, Convergencia Social (CS), no justificó debidamente en el balance del ejercicio contable de 2021.
La información, dada a conocer mediante un medio de cobertura nacional, indica que cuando Servel analizó el balance presentado por CS, existían “errores en la justificación, desorden administrativo y mal uso de recursos”, los cuales se evidenciaron en un total de $43 millones como gastos pendientes de reconocer en los estados financieros 2021.
Según detallaron los parlamentarios en el oficio enviado al Director Nacional del Servel, Raúl García, y al Presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle, “el caso deja a la vista una serie de actuaciones anómalas en el procedimiento fiscalizador instruido por el Servicio Electoral, irregularidades que debiesen ser aclaradas a la brevedad por el Servicio por el bien e integridad de la institucionalidad electoral. En efecto, de los antecedentes públicos se pueden observar al menos dos cuestiones que merecen aclaración”.
En primer lugar, los diputados piden revisar si en la restitución de los recursos afectados se contravino la Ley Orgánica Constitucional de los partidos, pues se habría ignorado la aplicación de sanciones. Además, se solicita conocer las razones por las que Servel permitió restituir los dineros y no puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público para la respectiva investigación; aún cuando el Servicio contemplaba dentro de sus alternativas el formular una denuncia, suponiendo que existía la convicción de que los hechos eran constitutivos de delitos y, por lo tanto, le asistía a sus funcionarios la obligación de denunciar.
En ese sentido, la Bancada de diputados de RN señala que “la forma cómo se resolvió el incumplimiento de deberes legales en favor del partido político del Presidente de la República, deja enormes dudas y convendría que el Servicio diera cuenta de los fundamentos para una laxitud que parece incompatible con el uso eficiente y probo de los recursos públicos. Se trata de una actuación que contrasta con otros casos en los que, cumpliendo estándares de transparencia y probidad propios de la función pública, el Servicio Electoral se mostró inflexible frente a inconsistencias de esta naturaleza”.
