Bancada solicitó a Mirosevic se evalúe por parte de la Mesa remitir los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia y se genere al interior de los comités parlamentarios un debate acerca de los deberes que le asisten a los parlamentarios que comparecen en representación de la Cámara de Diputados.
Por lo general cuando parlamentarios u otras autoridades chilenas participan en foros fuera de Chile, existe una línea única en cuanto a la defensa de los temas de Estado. Por eso llamó poderosamente la atención las palabras de la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, en la última reunión del Parlatino efectuada en la ciudad de Panamá, donde acusó a “la derecha chilena” de llevar adelante una serie de medidas contrarias a los DD.HH. en cuanto a la migración. Agregando que tras ello se está “intentando cubrir con un manto de peligro el solo hecho de migrar”
Es así que la bancada de diputados de Renovación Nacional envió una carta al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, pidiéndole la revisión de esta situación y que “se evalúe por parte de la Mesa remitir los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia y se genere al interior de los comités parlamentarios un debate acerca de los deberes que le asisten a parlamentarios que comparecen en representación de la Cámara de Diputados”.
El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, manifestó «sorpresa y molestia por lo dicho por una colega parlamentaria que ha participado en un foro internacional dando opiniones en materia de inmigración que no se condicen con la realidad. Además, es preocupante el nivel de desconocimiento que ella tiene de la labor legislativa que hemos desempeñado en estas materias, sobre todo porque participa de la comisión (de Seguridad) que ya aprobó en general uno de los proyectos a los cuales se refiere”.
El parlamentario por Ñuble añadió que Maite Orsini “acusa que la Cámara de Diputados ha actuado con absoluta liviandad, con poca rigurosidad y eso no es así. Lamentablemente, este cuestionamiento puede comprometer los intereses del país. Además, el estándar de cumplimiento de las obligaciones éticas de quienes representan a la Cámara de Diputados con recursos públicos, tienen que ser necesariamente analizadas por la instancia ética de la Cámara de Diputados y por la propia Mesa. Esperamos que la próxima vez no suceda que un diputado vaya a dar opiniones personales y no lo que ocurre realmente en el trabajo legislativo”.
Asimismo, cabe destacar que la bancada de RN afirma en la carta que Orsini denuncia falsamente a Chile al asegurar que incumple con el artículo 31 del Estatuto de los Refugiados, con la discusión del proyecto de ley que busca tipificar el ingreso clandestino. Sin embargo, la iniciativa excluye expresamente de sanción penal a los solicitantes de refugio, evitando con ello comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. La misiva destaca “el nivel de desconocimiento de la iniciativa de quien es parlamentaria de la comisión que aprobó en general dicho proyecto”, y acusa de tratar “con absoluta liviandad una falta de rigurosidad del Congreso Nacional y, particularmente, de la Cámara de Diputados para tratar y discutir proyectos de esta magnitud”.
Cabe recordar que Maite Orsini dijo que con esto se buscaba sancionar “con cárcel” a quienes ingresaran de forma irregular a territorio chileno, “aún cuando hubiesen ingresado conforme a la normativa migratoria”. En la misiva a Mirosevic, se señala que “lo anterior no es solo falso, sino que imputa intenciones inexistentes en los mocionantes de la iniciativa, quienes lejos de criminalizar la irregularidad, lo que buscan es dar una sanción penal de la más baja entidad a aquellos que hicieren ingreso al territorio nacional por pasos no habilitados, que cometieron falsedades en su documentación migratoria o vulneraren una prohibición de ingreso dispuesta por la autoridad judicial o administrativa”.
Por su parte, la subjefa de bancada, Marcia Raphael señaló que “la diputada Orsini o cualquier otro diputado no puede ir a instancias internacionales a hacer política interna y entregar información falsa que pueda comprometer la responsabilidad del Estado de Chile. Lo anterior es aún más grave si consideramos que, con fondos públicos en definitiva se va a desinformar al extranjero a representantes de todas las naciones latinoamericanas. Eso es grave y se debe revisar”.
