Las condiciones imperantes de alta intencionalidad, temperaturas extremas y fuertes vientos cálidos, permitían prever con bastante antelación la terrible tragedia social, ambiental y económica causada por los incendios en el sur de nuestro país.
Ello fue comunicado a las autoridades meses antes y, por supuesto, en los días previos. Pero la dura realidad nos ha demostrado que el Estado y sus instituciones no cuentan con las capacidades y herramientas para hacer frente a este tipo de hechos, aun cuando resulten completamente previsibles.
¿En qué se funda esta aseveración?
Los datos no mienten. El día después de decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el número de incendios diarios se redujo a un tercio. Contar con las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio, al mando de un Jefe de Defensa, permitió proteger de manera mucho más efectiva a las personas y a la naturaleza.
Esto demuestra la efectividad de la medida, pero ¿resultó oportuna?
De nuevo las cifras nos demuestran que no, porque el 88% de la superficie resultó afectada por incendios iniciados antes de la instalación del Estado de Excepción. Es como hacer entrar al goleador al minuto 88 del partido cuando vamos perdiendo 5-0, y hace un gol en el minuto 90. Frustración y rabia son los sentimientos que afloran por no haberlo hecho ingresar antes.
Esto fue el 2023, pero si miramos lo que pasó en la “tormenta de fuego” del 2017, también los incendios diarios cayeron a menos de la mitad con el Estado de Catástrofe, pero los incendios ya habían destruido un 87% de la superficie total afectada.
¿Podemos hacer algo frente a esto? ¡Por supuesto que sí!
Necesitamos poder decretar un Estado de Excepción Preventivo, que otorgue similares facultades, pero de manera anticipada, cuando las condiciones de “tormenta perfecta” en materia de seguridad y clima, estén tan claramente definidas como en los casos precedentes. Así podremos salvar vidas humanas y reducir significativamente el severo daño social y ambiental que producen los incendios estivales.
No hay que esperar la catástrofe para decretarla. En Chile el origen de los incendios no tiene causas naturales, es siempre responsabilidad de las personas, particularmente de algunas que aprovechan las condiciones extremas del clima para que el daño provocado sea mucho mayor. Es tarea del Estado y de sus instituciones contar con los instrumentos para hacerles frente.
Hemos tenido ya dos terribles episodios, no esperemos sentados el tercero.
Juan José Ugarte, presidente Corma
