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El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia en contra de 20 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en los homicidios calificados de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, ilícitos perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en calle Fuenteovejuna de la comuna de Las Condes.

En el fallo (causa rol 539-2011), el ministro Carroza condenó a Roberto Urbano Schmied Zanzi a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los homicidios calificados. En tanto, Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Norman Antonio Jeldes Aguilar y Manuel Ventura Laureada Núñez deberán purgar 10 años y un día, como autores de los ilícitos.

En la causa, los exmiembros de la CNI Sergio María Canals Baldwin, Juan José Pastene Osses, Patricio Leonidas Gozánlez Cortez, Luis René Torres Méndez, Manuel Ángel Morales Acevedo, Luis Hernán Gálvez Navarro, Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Modesto Olivares Carrizo, Raúl Hernán Escobar Díaz, Eduardo Martín Chávez Baeza, Luis Eduardo Burgos Cofré, Raúl Horacio González Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rafael de Jesús Riveros Frost, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplices. En tanto, el exagente Egon Antonio Barra Barra fue absuelto.

Brigada Azul
En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mario Carroza logró establecer que, tras el asesinato del intendente de la Región Metropolitana Carol Urzúa Ibañez, cometido el 30 de agosto de 1983, el director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Humberto Gordon Rubio (fallecido) ordenó a la División Antisubversiva Metropolitana, al mando de Roberto Schmied Zanzi, conforma una nueva agrupación: la Brigada Azul, para investigar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En dicho contexto, en horas de la mañana del 7 de septiembre de 1983, se ordenó la detención de miembros del MIR que se encontraban en el inmueble de Fuenteovejuna 1330, que había sido previamente ubicado. Lugar al cual, en horas de la tarde, se envió un número considerable de agentes al mando de Álvaro Corbalán Castilla (comandante de la Brigada Antisubversiva Metropolitana) y de Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul).

"En las acciones iniciales, los agentes instalaron frente al inmueble una base de fuego, consistente en una ametralladora Rheinmetal, calibre 7,62 mm, montada en el techo de un jeep, que en esa oportunidad era conducido por Manuel Ventura Laureada Núñez, y el arma operada por al menos dos personas, una la que disparaba, Norman Antonio Jeldes Aguilar, y la otra encargada de pasar la cinta de municiones, con capacidad de tiro de 10 por cada ráfaga corta y disposición de tiro completa de 500 por minuto, con balas trazadoras", consigna el fallo.

La resolución agrega que: "ya encontrándose en posición la base de fuego, se ordena por el oficial al mando dirigirla y disparar contra el inmueble por cerca de un minuto, esto es, unos 500 tiros, luego detienen su acción y mediante altoparlantes conminan a los ocupantes del inmueble a entregarse".

"Uno de ello –continúa–, Sergio Peña Díaz, decide entregarse y sale con las manos en la nuca, pero en los momentos en que caminaba hacia los agentes, éstos le disparan y sus heridas le provocan la muerte, lo cual incita la reacción de la única mujer del grupo, que les enfrenta con un arma; ante esta reacción, Álvaro Corbalán nuevamente da la orden de disparar la base de fuego en dirección al inmueble, lo cual provoca no sólo la muerte de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, por heridas de bala, sino también el incendio de la casa y la calcinación del tercer integrante del movimiento, Arturo Vilavella Araujo".

En el aspecto civil, el ministro condenó al fisco a pagar una indemnización total de $335.000.000 (trescientos treinta y cinco millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Ver fallo (PDF)

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El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt dio lectura a la sentencia del juicio oral que llevó adelante la Fiscal Myriam Pérez Rodríguez, cuyos hechos se iniciaron en el mes de abril del año 2017, cuando la víctima, una ciudadana colombiana, recibió un llamado de su ex conviviente, el sentenciado, también ciudadano colombiano, quien le amenaza con venir a Chile a matarla.

Es así como el día 27 de abril de 2017, estando ambos al interior de un vehículo en la ciudad de Puerto Montt, el victimario agredió con un elemento corto punzante a la mujer, quien logró huir por sus propios medios. El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, acogió los planteamientos de la fiscal en torno a los delitos que se imputaban de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y femicidio en grado de frustrado, condenando al agresor a la pena de diez años y un día de privación de libertad y pena de multa, lo que constituye un logro en el desarrollo de las políticas de persecución penal regional contra la violencia de género.

El ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama acogió la solicitud de extradición pasiva de Richard Eduardo Riquelme Vega, requerido por el Reino de los Países Bajos por su presunta responsabilidad en los delitos de contrabando de drogas, blanqueo de dinero, pertenencia a organización criminal y posesión de armas ilegales.

En la resolución (causa rol 41.450-2017), el ministro Valderrama estableció que en la especie se satisfacen todas las exigencias legales para "conceder la extradición del requerido, solicitada por el Reino de los Países Bajos".

Asimismo, el ministro mantuvo a Riquelme Vega sujeto a prisión preventiva, medida cautelar que cumple desde el 20 de octubre pasado.

Ver resolución (PDF)

Con fecha 15 de enero, el Fiscal Regional de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, solicitó, la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento en contra del senador UDI Iván Moreira Barros, quien fuera formalizado el año 2015 por delitos tributarios en el marco del caso Penta.

 

La decisión adoptada por el Persecutor Jefe de la Fiscalía Oriente fue acordada junto  con el abogado defensor del senador, don Gabriel Zaliasnik Schilkrut, quien aceptó  las condiciones propuestas por la fiscalía, las cuales consisten en  la fijación de un domicilio y el pago del monto de $35 millones de pesos al fisco.

La cifra que deberá pagar el Senador por la región de Los Lagos, es la totalidad del monto de las boletas ideológicamente falsas que emitieron los colaboradores del parlamentario.

Esta salida alternativa se ajusta a las disposiciones legales vigentes y al principio de objetividad que guía las acciones del Ministerio Público.

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