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Decreto de amarre de última hora de Bachelet deja a Calama con la contaminación por plomo de la única fundición de baterías de Chile

 

Las organizaciones sociales, indígenas y medio ambientales de Calama rechazan de manera categórica que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por medio de su ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, pretenda dictar a última hora el Decreto Supremo Número 9 llamado Movimiento Transfronterizo de Residuos.

Esta normativa actualmente está en proceso de toma de razón en la Contraloría, y su objetivo cambió de manera drástica, pues su versión original era permitir y ahora es prohibir las exportaciones de las baterías de plomo de vehículos de todos los tamaños, además de acumuladores industriales.
Este cambio en la normativa ambiental provocará un daño irreversible a la salud de los habitantes de Calama, especialmente a los niños producto de la contaminación por plomo, además de agregar un enorme pasivo al medio ambiente de la Provincia de El Loa.
Para las organizaciones agrupadas en el Movimiento Calama Sin Plomo, este acto administrativo de última hora, a menos de un mes del término de este gobierno, que se realiza de manera oscura, es una verdadera vuelta de carnero, pues facilita la entrega legal a la empresa fundición RAM RECIMAT para que queme todas baterías de plomo del país en Calama, puesto que es la única en Chile autorizada para fundir este residuo contaminante y no existe otro proyecto en tramitación para abrir otra fundición.
Esta empresa opera en el sector de Puerto Seco, colindante a varias villas, escuelas, jardines infantiles, el Instituto Teletón Calama y el cauce del río Loa. Otro hecho grave es que en la actualidad, la empresa se encuentra tramitando ante el Servicio de Evaluación Ambiental la construcción de un nuevo horno en sus dependencias para aumentar al doble la fundición de baterías de plomo.
Cabe mencionar que una de las preocupaciones de los vecinos es el enorme crecimiento del parque automotor en Chile, a tasas 10 veces mayor que la propia economía del país en 2017. Solo la venta de vehículos livianos y medianos creció en 2017 un 18,1% con respecto al año 2016, y se proyecta una cifra similar para 2018, según los últimos datos de las ventas de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) entregadas a principios de febrero de 2018.
En materia de estimación del aumento de los residuos de plomo de las baterías, el último estudio de la CORFO y la consultora especializada Amphos 21, indica que en el país se generan cada año más 50 mil toneladas de baterías en desuso, lo que equivale a tres millones de unidades.
Giro en 180 grados del gobierno
La nueva postura del gobierno es un giro de 180 grados, pues ahora se pretende prohibir el envío de estos residuos a países OCDE, como se planificó desde un principio, y así disminuir la quema de plomo en Calama.
Este hecho se conoció el lunes 12 de febrero, de boca del propio ministro Mena, quien declaró al Diario Financiero que “si hay capacidad en Chile no se puede exportar nunca ningún residuo. Hubo una polémica respecto a las baterías de plomo, por lo tanto si hay capacidad para poder tratar los residuos, no se puede exportar de acuerdo a Contraloría”.
Estas declaraciones contradicen de manera evidente los dichos del propio Mena ocho meses antes, el 28 de mayo de 2017, cuando señaló al diario El Mercurio de Santiago que “actualmente, la industria automotriz puede exportar sin limitación todo tipo de residuos peligrosos que están contenidos en los autos, como aceites lubricantes y aparatos eléctricos y electrónicos. Solo existe una prohibición para las baterías. Con la entrada en vigencia del reglamento, ningún residuo tendrá un trato preferencial", agregando que el decreto en cuestión “cumple el Convenio de Basilea irrestrictamente".
El poderoso lobby de RAM
Un fuerte lobby contratado por la empresa RAM RECIMAT se inició desde que en primera instancia el gobierno se abrió a la posibilidad de exportar las baterías de plomo a países OCDE, lo que habría quitado a RAM el monopolio de la compra para la fundición y venta al exterior, puesto que en Chile no existen fábricas de baterías de plomo para vehículos.
Esta empresa pertenece al empresario Víctor Petermann, controlador del grupo Themcorp y del parque ecológico Huilo Huilo, ubicado en la región de Los Ríos.
Los principales lobistas de RAM RECIMAT son Hernán y Valentina Durán, padre e hija, controladores de la empresa Gescam, quienes son, a su vez, cuñado y sobrina, respectivamente, del ex presidente Ricardo Lagos; y el abogado constitucionalista Arturo Fernandois. Valentina Durán, además, fue nombrada por la Presidenta Bachelet para elaborar una política del litio en el país, el que finalmente terminó con la entrega del mineral a SQM por parte de Corfo.
Además, de manera directa boicotearon la iniciativa de exportar baterías, los diputados de la UDI Felipe Ward y Andrea Molina; la PPD Cristina Girardi; el radical Alberto Robles; y la diputada independiente Marcela Hernando; además de la dirigenta ecologista Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram; y el abogado y director de la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), Ezio Costa.
Robles, Durán, Molina, Fernandois, Hernando y Liberona reclamaron por escrito ante la Contraloría, según consta en los sistemas del órgano contralor. Girardi y Ward apoyaron la prohibición de exportación en la Cámara. Costa, en tanto, expuso públicamente la postura que favorecía a RAM.
Es preciso agregar que un acto de similares características relacionados con las baterías de plomo usadas se produjo a fines del primer gobierno de Michelle Bachelet: el 15 de enero de 2010, a dos meses de entregar el gobierno, dictó el Decreto Supremo Número 2 del Ministerio de Salud, que prohibía la exportación de las baterías, lo que en los hechos permitió que la empresa RAM RECIMAT de Calama consolidara su monopolio en el país en el reciclaje y fundición de baterías usadas.
Calama sin plan de descontaminación
El contexto en que el gobierno pretende dejar a Calama amarrada con la única fundición de plomo aumenta la gravedad de este hecho, puesto que el mismo Ministerio del Medio Ambiente no ha elaborado el Plan de Descontaminación para Calama y su zona circundante, a pesar de que se declaró como Zona Saturada por Material Particulado PM10 en 2009.
Este retraso llevó a que las organizaciones de Calama presentaran en Santiago, en abril de 2017, una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando el notable abandono de deberes y faltas a la probidad de parte de los Ministros de Medio Ambiente y de Salud.
Con fecha 24 de enero del 2018, el órgano Contralor se pronunció de manera contundente, dando cuenta a la comunidad de circunstancias graves, irresponsabilidades y del notable abandono del Estado con la comuna de Calama, ordenando al Ministerio de Medio Ambiente instruir los sumarios respectivos para determinar responsabilidades individuales en la negligencia. El resultado de estos sumarios aún no han sido informados por el ministro Mena.
Para la sociedad civil organizada de Calama, “el ministro Marcelo Mena deberá dar pruebas concretas de su compromiso con Calama, pues hoy no le creemos nada por su propia forma de actuar. Frente a tantas irregularidades y omisiones del gobierno, emplazamos a la Presidenta Bachelet a que se comprometa con nuestra Comuna, que tantos recursos entrega para ser usados en las políticas públicas, pero que detrás de las cifras económicas existen niños y ancianos expuestos a la contaminación del aire”.

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