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La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional, el proyecto (boletines 10563 y 10755) que busca establecer una nueva Ley de Protección de la Salud Mental, que toma como base el reconocimiento y defensa de los derechos fundamentales de las personas que presentan enfermedades en esta área o que poseen algún tipo de discapacidad intelectual o psíquica.

La iniciativa tuvo su sustento en mociones presentadas por dos grupos de diputados liderados por Sergio Espejo (DC) y Marcela Hernando (PRSD), quienes remarcaron la importancia de abordar el tema en el país, especialmente desde una perspectiva de derechos.

Justamente en esa línea, la ley reconoce y garantiza el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral y fija su ámbito de aplicación en todos los servicios públicos o privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan.

Luego de un marco de definiciones fundamentales, la propuesta delinea el rol del Estado en la materia y describe los derechos básicos de estas personas, entre otros: la no discriminación, la autonomía personal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El proyecto, asimismo, establece regulaciones para la hospitalización psiquiátrica; determina los derechos de familiares y otros cuidadores de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual; aborda el tema de la inclusión social; y adecua diversos marcos normativos a los preceptos de esta ley.

Cabe mencionar que, según datos aportados durante el trámite, los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en el país. Se calcula que un 17% de la población local ha presentado síntomas depresivos y un 3% mantiene trastornos psiquiátricos graves, cifras que se incrementarían en los próximos años.

Luego de tres años y medio de tramitación, el Senado despachó el proyecto de Ley del Sernac que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Con esto, el proyecto pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputados para la aprobación de las indicaciones realizadas por la Cámara Alta.

 

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Jorge Rodríguez Grossi, agradeció a los parlamentarios por la aprobación de este proyecto pues representa un “gran beneficio para la economía de Chile”. Asimismo, destacó que “se ha dado un gran paso para poder entregarle a los consumidores un derecho garantizado y cuando éstos puedan ser violados porque alguien se equivoca o por mala fe va a tener en el Servicio Nacional del Consumidor una institución capaz perfectamente de defenderlos y hacer que sus derechos sean respetados”.

 

Este proyecto de ley es una de las iniciativas ciudadanas incluidas en la agenda de 50 compromisos para los primeros 100 días de la Presidenta Bachelet. La iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados en junio de 2014 y en el segundo semestre del 2015 empezó a ser tramitada en el Senado primero en la Comisión de Economía, luego en la de Constitución (que la aprobó en julio pasado) y finalmente en Comisión de Hacienda que la aprobó en agosto pasado.

 

A la la sesión, que fue ágil y expedita, asistió la vocera de gobierno, Paula Narváez, el ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente y la subsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos.

 

Consultado por las multas que establece el proyecto de Ley, el ministro Rodríguez explicó que “el Sernac podrá fiscalizar preventivamente cuando se detecten situaciones de abuso y podrá, una vez que los contratos estén examinados por tribunales de justicia, actuar con multas si hay algunos elementos gravosos que normalmente se encuentran entre grandes empresas y pequeños consumidores y por lo tanto el consumidor va a estar garantizado en términos que sus derechos van a ser respetados”.

 

Pero precisó que “lo que nosotros esperamos no es estar pasando multas permanentemente sino que con un conjunto de medidas evitar malos comportamientos por parte de los productores”.

 

Agregó que “una de las razones para haber aumentado los montos de las multas tiene que ver no con que queramos que haya multas, lo que queremos es que no haya problemas y cuando las multas son muy pequeñas algunas empresas mal comportadas pueden incorporar esas multas pequeñas a sus costos y simplemente pasar a llevar al consumidor. Lo que creemos que con esta ley se va a lograr es que justamente la piensen tres o cuatro veces antes de incurrir en malas prácticas”.

 

Las indicaciones

En tanto, el director del Sernac, Ernesto Muñoz, enfatizó en que “hoy es un día histórico para los consumidores de Chile porque por fin estamos equilibrando la cancha en nuestras relaciones de consumo”.

 

Precisó que este proyecto de ley establece facultades normativas sancionatorias y fiscalizadoras para el Sernac “de manera tal de que se puedan prevenir las infracciones y también crea mecanismos más rápidos y efectivos para la solución de los conflictos”. Asimismo, destacó que se crea y se fortalece un procedimiento voluntario colectivo para solucionar los conflictos entre las partes antes de llegar a tribunales “y se establecen multas disuasivas que van a llegar hasta 2.250 UTM”.

 

A nivel colectivo también se podrán aplicar multas por cada consumidor afectado “pero se establece también que eso no va a ocurrir si la empresa repara íntegramente el daño causado a los consumidores”.

 

Asimismo, subrayó el hecho de que se duplique la dotación del Sernac y que el proyecto establezca 10 nuevas oficinas provinciales y convenios con las municipalidades “por lo tanto en todo Chile vamos a estar defendiendo de manera más fuerte y con facultades a los consumidores y por cierto previniendo el abuso masivo”.

 

Respecto de la aprobación del daño moral colectivo, afirmó que “esto también es histórico porque se pone se pone fin a la distinción respecto de daños que en este caso tienen que ver con la integridad física y síquica de las personas y también su dignidad. Y esperamos que la Cámara de Diputados refleje esta votación que ha sido en muchos casos unánime y pueda despacharse pronto este proyecto de ley para que comencemos a pensar en su implementación”.

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Analizar las distintas visiones que sostienen la Contraloría General de la República y la Corte Suprema, respecto del pago de la bonificación proporcional mensual a los docentes del sector municipal, fue el foco de la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Para la discusión, los parlamentarios contaron con la presencia del Contralor, Jorge Bermúdez; de la Ministra de Educación, Adriana Delpiano; de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud; del titular de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, acompañado de un amplio número de ediles del país; y del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, entre otros.

La ministra Delpiano enfatizó que no ha sido posible encontrar una solución viable al tema y afirmó que la postura del Gobierno es clara en señalar que los dineros demandados por los profesores fueron cancelados oportunamente y que pagar dos veces lo que ya se pagó sería una malversación de recursos.

El Contralor Bermúdez y el jefe de la División Jurídica de la Contraloría, Camilo Mirosevic, reconocieron que las modificaciones legales de 1999, 2001 y 2004 complejizaron el sistema de pago. Sin embargo, remarcaron que en este tema se tiende, primero, a confundir el bono proporcional del llamado bono SAE, lo cual es un error, y a estimar como nueva bonificación un beneficio dirigido solo al sector particular subvencionado.

Asimismo, se recordó que la Dirección del Trabajo confirmó la misma tesis de la Contraloría y que la única instancia que ha fallado en forma distinta es la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que ha originado la ola de procesos judiciales que hoy alcanzan, según cifras del Consejo de Defensa del Estado, a 247 juicios en curso, 151 en tramitación, 30 en instancia de cobranza judicial y seis con sentencia firme y ejecutoriada desfavorable para los municipios o corporaciones municipales.

Desde este último organismo, se indicó, además, que en los casos en que están interviniendo han tenido buenas perspectivas, donde la defensa ha sido que los montos demandados fueron ya correctamente cancelados. Asimismo, plantearon que no correspondería una ley interpretativa, dado que el pago legal fue realizado y, tal como recalcó la ministra, la norma que incluía el bono fue derogada por la Ley de Carrera Docente. 

Las visiones anteriores fueron bien acogidas por las municipalidades, que resaltaron que el tema no ha sido, como se acusó, un problema de mala gestión y que, por tanto, no pueden hacerse cargo de una deuda que en la práctica no existe.

Sin embargo, el Colegio de Profesores refutó dichas opiniones e insistió en que los dineros hoy demandados corresponden a negociaciones pasadas destinadas a mejorar los salarios de los docentes.

La resolución Nº 965 –que sumó un unánime respaldo de 86 votos a favor-, consigna que en Chile la infertilidad afecta a un 15% de la población en edad fértil. Los tratamientos son variados y van desde los de baja complejidad, como la inseminación artifical, hasta los de alta complejidad como la fecundación in vitro, procedimiento que no es de aplicación masiva, puesto que en el país solo 7 clínicas lo realizan.

Actualmente, Fonasa ofrece 2 programas que abarcan la inseminación artifical y la fecundación in vitro, con costos estimativos que oscilan entre 250 mil (los de baja complejidad) y más de 2 millones de pesos (los de alta complejidad). Estos valores son referenciales, puesto que de no obtener resultados satisfactorios se requiere iniciar otro y solventar los gastos del nuevo tratamiento.

El rango de cobertura étarea que establece Fonasa para estos tratamientos de fertilidad va de 25 a 37 años, rango que el documento califica de insuficiente y desajustado a la realidad, toda vez que las mujeres por diferentes razones (laborales, personales o sentimentales), han postergado la maternidad más allá de los 40 años.

La resolución fue presentada por los diputados de RN, Bernardo BergerRené Manuel GarcíaLeopoldo PérezJorge RathgebDiego PaulsenGermán Becker y Paulina Núñez; UDI, Pedro Pablo Álvarez Salamanca; e independiente, Ramón Barros.

Comisiones que sesionaron

 

Comisión Investigadora de Carabineros

 

En su última sesión de audiencias concurrió el presidente de Banco Estado, Enrique Marshall, y el Subdirector de Carabineros, general Marcos Tello. Instancia acordó solicitar un prórroga de 10 días (plazo de la comisión vence este martes 17 de octubre) para poder reiterar la citación al General Director de Carabineros, Hugo Villalobos.​

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