El Gobierno de Chile ha trabajado con las fuerzas políticas, sus parlamentarios, las asociaciones de municipalidades y de gobernadores regionales en la elaboración de una agenda de medidas en seguridad para responder a esta sentida prioridad ciudadana.
Los legítimos debates de la democracia no pueden traducirse en postergar decisiones urgentes que el país debe tomar, ni derivar en un clima de confrontación y recriminaciones que impida avanzar con respuestas serias y fundadas en la evidencia, para prevenir la delincuencia, enfrentarla con decisión y revertir el clima de inseguridad que nos afecta. Por ello, superando diferencias, impulsaremos este conjunto de iniciativas legales y de política pública que significarán un salto relevante en las capacidades del país en la materia. El Gobierno de Chile se compromete con esta agenda e invita a los diversos actores a enriquecerla y suscribirla.
- Prevención y víctimas
1.1. Niños, niñas y adolescentes:
Tenemos evidencia consistente que nos muestra cuáles son las circunstancias en que la vida de un niño, niña o adolescente puede derivar en una carrera delictual. La deserción y el fracaso escolar, el contexto de maltrato y violencia familiar, la ausencia de liderazgos positivos, la falta de alternativas sanas para el tiempo libre y la falta de oportunidades son gatillantes de esos procesos. Los siguientes compromisos apuntan a reforzar la prevención considerando esas bases:
● Extender Programa Lazos desde 56 a 95 comunas en su versión de intervención integral durante los próximos 3 años, lo que permitirá estar presente en las comunas que tienen más de 50 mil habitantes.
El Programa Lazos está evaluado como la mejor política pública en materia de prevención con niños, niñas y adolescentes. Su oferta incluye trabajo social, sicológico y educacional con el objeto de revertir los primeros síntomas de conductas que vulneran la convivencia y la legalidad. Su costo es muy superior al de otros programas equivalentes pero su efectividad también lo es. Por ello, el compromiso que adoptamos busca extender este programa para llevarlo a todos los niños, niñas y adolescentes que lo requieran.
• Emergencia educacional: plan intensivo de actividades curriculares y extracurriculares para estudiantes con riesgo de abandono o baja asistencia escolar. Este compromiso recoge lo acordado en la tramitación del Presupuesto 2023 e incluye:
○ Ajuste a la subvención pro retención para dirigirla a estos objetivos.
○ Uso de la subvención especial preferencial para fortalecer las duplas psicosociales de apoyo a los estudiantes con baja asistencia o en proceso de deserción escolar.
○ Formación y asesoría para 50,000 docentes.
○ Aumento de cobertura del programa Habilidades para la Vida.
○ Desarrollar redes de convivencia escolar en 100 comunas.
○ Reforzar y continuar con la ampliación del Programa De 4 a 7 ejecutado por SERNAMEG, que apoya y cuida a niños y niñas en los establecimientos educacionales después de la jornada escolar.
○ Plan de Conectividad Digital para 9000 establecimientos.
1.2. Municipalidades y Gobiernos Regionales:
La gestión del territorio y el trabajo directo con las comunidades es fundamental en la prevención, y el rol de los municipios y los gobiernos regionales en ello debe ser fortalecido. Descentralizar no significa debilitar el papel del gobierno central sino articularlo con el aporte de los municipios y las regiones. El mando de las policías y las políticas de control, persecución y sanción seguirán radicadas en el gobierno nacional, pero en materia de prevención se avanzará hacia una función compartida entre los tres niveles de gobierno asegurando su consistencia mediante los lineamientos de la política y los estándares técnicos establecidos desde el Ministerio del Interior y, a futuro, desde el Ministerio de Seguridad.
● Fortalecimiento del rol preventivo de municipalidades a través de modificaciones de su ley orgánica. Éstas se presentarán durante el primer trimestre de 2023 con urgencia simple que se elevará a suma una vez iniciada la tramitación. Los objetivos son:
o Incorporar criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial comunal.
o Reformar los Consejos Comunales de Seguridad para dotarlos de mayor eficacia e incidencia, a través de la creación de un comité operativo de funcionamiento mensual. El consejo tendrá menos sesiones anuales pero más sustantivas e incorporará la participación de las organizaciones vecinales de seguridad y de los Juzgados de Policía Local.
o Fortalecimiento de los planes de seguridad comunal incluyendo compromisos explícitos y verificables de las diversas instituciones involucradas e incorporando nuevos contenidos sobre protección de víctimas y perspectiva de género.
Definición y relevamiento de la funciones de fiscalización en la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades.
o Creación de una categoría funcionaria dedicada a las funciones de seguridad y fiscalización, estandarizando su nomenclatura, estableciendo requisitos e inhabilidades específicas que deben cumplirse al ingreso y permanencia.
o Desarrollo desde SUBDERE de programas de capacitación para inspectores municipales de seguridad y fiscalizadores.
o Posibilidad de que los inspectores de seguridad municipal puedan participar en la verificación del cumplimiento de medidas cautelares y de protección.
o Posibilidad de que los inspectores de seguridad municipal puedan, cuando retengan personas sorprendidas en delitos flagrantes, trasladarlas a las instalaciones policiales para ponerlas a disposición de Carabineros o PDI, previa autorización de las policías.
o Además se apoyarán los siguientes cambios:
▪ En la función municipal de prevención y rehabilitación del consumo de drogas se agregara el consumo problemático de alcohol.
▪ Se ampliará la tarea de “mejoramiento urbano de barrios vulnerables”, a “mejoramiento de las condiciones urbanas, semiurbanas y rurales”.
▪ Se promoverá que los municipios impulsen mecanismos alternativos de resolución de conflictos vecinales.
▪ Se establecerá como un delito agravado la agresión de fiscalizadores o funcionarios municipales de seguridad que porten identificación visible.
▪ Se agregarán atribuciones a los agentes preventivos de seguridad: coordinar acciones de seguridad con la autoridad competente, gestionar de manera colaborativa las acciones del Consejo Comunal de Seguridad Pública, recibir denuncias y canalizarlas a la autoridad competente. También se impulsará que puedan desarrollar las siguientes acciones: colaborar en la fiscalización del territorio comunal, colaborar con las tareas de rescate de animales, realizar patrullajes preventivos y patrullajes mixtos con las policías, así como ejecutar tareas de vigilancia.
● Dotar a los Gobiernos Regionales de competencias en materia de prevención del delito así como de protección y apoyo a víctimas. Estas atribuciones excluyen cualquier competencia directa o indirecta vinculada a la seguridad y orden público, tales como la dependencia y subordinación de las policías, el control del orden público, la distribución policial y la legitimación activa para la presentación de querellas. Estas modificaciones legislativas se presentarán en agosto de 2023:
o Modificar el artículo 16 de la Ley N°19.175 para dotar a los Gobiernos Regionales de la facultad de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas, debiendo ser siempre coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública en el marco de sus atribuciones constitucionales. Para ello, deberá existir coordinación entre los GOREs y la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que dictará lineamientos y orientaciones técnicas en la materia, del mismo modo como hace con los municipios, en los programas y proyectos. En particular, respecto de víctimas, la referida facultad permitiría a los GOREs otorgar asistencia en el ámbito social, legal y de salud mental, a las personas que han sido víctimas de delitos violentos.
o Esta facultad se podrá ejercer sin perjuicio de aquellas que le correspondan a las demás autoridades con competencia en la materia y en el ejercicio de esta
facultad, los GOREs podrán celebrar convenios para llevar a cabo esta función con organismos públicos, privados o internacionales, incluyendo las municipalidades. Asimismo, los GOREs podrán asesorar a las municipalidades
-cuando éstas lo soliciten- en el diseño, implementación y evaluación de sus Planes Comunales de Seguridad Pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito.
o Estas modificaciones se coordinarán con el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Boletín N°14614-07) que establece que corresponderá al nivel central la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior.
o Integración de los GOREs en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del o la presidenta de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile.
o Integración de los GOREs como miembros permanentes del Consejo Regional de Seguridad Pública a través del respectivo gobernador o gobernadora, y creación en su interior de un comité operativo de prevención con participación de los gobernadores. Esta incorporación requerirá la modificación del artículo 6 de la Ley N°20.502.
o Incorporación de los gobernadores y gobernadoras regionales, o a quién se designe como su representante, a los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Esta medida requiere la modificación de la ley N°18.695.
o Proyecto de ley para otorgar a los Gobiernos Regionales la facultad para crear una división o departamento de Prevención del Delito y de Atención y Asistencia a Víctimas. Presentación en primer semestre de 2023.
o Posibilidad de que gobierno regionales con áreas metropolitanas declaradas puedan desarrollar acciones de prevención del delito respecto a la unificación de planes y programas, tales como salas de cámaras, tecnología y estrategias conjuntas a ejecutar en los territorios metropolitanos, insertas dentro del marco de las políticas nacionales y evitando la duplicación de funciones como los patrullajes.
o Desarrollo durante 2023 de seis convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y gobiernos regionales para diseñar proyectos de inversión regional en materia de prevención del delito que se ajusten a orientaciones técnicas y tipologías basadas en evidencia.
1.3. Trabajo Público-Privado:
● Ingresar indicaciones al proyecto de ley de Seguridad Privada (Boletín N°6639-05) durante el primer semestre de 2023 para fortalecer la coordinación con las policías y reforzar los principios de corresponsabilidad de los actores privados. Una vez presentada la indicación se pondrá suma urgencia al proyecto.
Aumentar las medidas de seguridad en bancos:
o Patrocinar moción parlamentaria de los senadores Insulza y Walker que establece medidas de seguridad aplicables en las cajas de atención de público de las instituciones bancarias y financieras (Boletín N°15.034-07), durante el primer trimestre 2023.
o En el marco del convenio de trabajo con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y Banco Estado, llegar a cien sucursales durante el 2023 con medidas piloto para evitar el delito de “marcaje”. Estas sucursales serán seleccionadas según la base de datos disponible del Ministerio Público.
• Prevención de asaltos al retail de alto valor en malls:
o En vista de la reiteración de asaltos de este tipo y de los insuficientes avances en los acuerdos entre tiendas y centros comerciales, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley con normas equivalentes a las establecidas para los cajeros automáticos que reduzcan la factibilidad y retribución de este tipo de asaltos. Proyecto enviado durante el segundo trimestre de 2023.
● Regulación de motos y servicios de delivery:
o Regulación de motos eléctricas y vehículos motorizados de menor tamaño. Presentación de proyecto de ley durante el primer semestre de 2023.
o Ampliación del plan de fiscalización de motocicletas sin patentes a cargo del Ministerio de Transportes (todo el año 2023).
o Registros de repartidores para empresas de delivery. El piloto se realizará durante 2023 en San Miguel e Iquique.
o Normar identificación de patentes de motos en chalecos y cascos de conductores y pasajeros. Proyecto presentado durante primer semestre de 2023.
● Modernizar la seguridad en eventos masivos y espectáculos deportivos
o Ingresar indicaciones en la materia al proyecto de ley de Seguridad Privada (Boletín N°6639-05) durante el primer semestre de 2023 en al menos: regulación de eventos, guardias de seguridad, tecnología de seguridad y espectáculos masivos, que actualmente cuenta con reglamentos y circulares. Además, se indicará para estos efectos la moción presentada por la diputada Placencia (Boletín 15.419-24) sobre eventos culturales antes del fin del primer semestre de 2023.
o Levantar un diagnóstico en conjunto con Estadio Seguro para mejorar el marco legal y llene los vacíos existentes para espectáculos deportivos.
1.4. Espacios públicos:
● Plan de recuperación de espacios públicos deteriorados coordinado con municipios y gobiernos regionales impulsado desde Subdere con participación de MINVU, MOP, Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía, Ministerio de las Culturas y Ministerio del Deporte.
● Activación nocturna de espacios públicos: apoyo durante 2023 a iniciativas municipales mediante fondos de Subsecretaría de Prevención del Delito y Subdere.
● Activación de respiraderos de Metro: plan impulsado desde la empresa y coordinado con los respectivos municipios durante 2023.
● Aumento de contribuciones en forma exponencial a los dueños de sitios eriazos en zonas urbanas de alta densidad (proyecto de ley presentado y tramitado con urgencia durante segundo semestre de 2023).
● Programa de Senda de educación para prevenir consumos problemáticos de alcohol y drogas en establecimientos educacionales diurnos y nocturnos. Será parte de actualización de oferta programática de SENDA durante 2023.
● Legislación para controlar los arriendos irregulares (refundir e indicar los proyectos existentes durante 2023).
● Mayor presencia del Estado en los barrios vulnerables expuestos a la “narco beneficencia” y al control territorial por parte del narcotráfico. Se ejecutarán operativos de control en dichos sectores y se desarrollará una metodología de recuperación de la presencia del Estado y de reactivación de la comunidad que será piloteada en barrios de dos regiones.
1.5. Género:
● Reconocimiento, prevención y respuesta a la violencia intrafamiliar (VIF), a través de la incorporación de este delito dentro de las categorías del reglamento STOP para su seguimiento y priorización durante primer semestre de 2023.
● Apoyo a la creación de protocolo integral interinstitucional para enfrentar casos recurrentes de violencia de género que está siendo coordinado desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
● Coordinar, junto al Ministerio de Justicia, la realización de programas de apoyo, rehabilitación y reinserción social de mujeres condenadas por la ley 20.000, así como el apoyo social a sus hijos expresado en el presupuesto 2024.
1.6. Víctimas:
● Indicación a proyecto de ley que crea el Servicio de Atención a Víctimas para incorporar el otorgamiento de representación jurídica con mismos estándar de Defensoría Penal Pública para las víctimas de los delitos más violentos. Se comenzará con catálogo que incluya a lo menos todo el espectro de delitos de homicidios (consumado o frustrado) y violaciones. Financiamiento enmarcado dentro de recursos previstos en la reforma tributaria. Indicación presentada durante el primer semestre de 2023.
● Cartilla de derechos de las víctimas ante Ministerio Público, similar a derechos del paciente, regulado por ley. Se establecerán obligaciones mínimas de información, consulta y trato. Proyecto presentado a finales de 2023.
● Mecanismo administrativo del SII para eximir el pago de contribuciones a los propietarios cuyos predios o inmuebles han sido tomados cuando exista una solicitud de desalojo que el Estado no ha logrado completar. También incluirá rebaja de contribuciones para propiedades afectadas por incendios intencionales efectuados por terceros.
● Estudio de la propuesta de los senadores Ossandón, Pugh y Aravena para la construcción de un sistema de respuesta a incidentes unificado. Se evaluará su forma de implementación considerando una puesta en marcha escalonada en el tiempo considerando también las estimaciones presupuestarias necesarias para su implementación.
- Control
En esta materia así como en lo referido a la sección posterior sobre persecución y sanción, las medidas comprometidas tienen como uno de sus objetivos prioritarios controlar el alza de los homicidios y del empleo de armas de fuego.
2.1. Armas:
● Aumento de la pena, eliminando el grado inferior, para quienes sean sorprendidos portando armas sin el debido permiso en lugares altamente concurridos. Poner suma urgencia durante marzo de 2023 al proyecto de ley presentado.
● Sancionar el porte de sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas artesanales o molotov en contexto de desórdenes públicos. Presentación del proyecto en el mes de marzo de 2023.
● Mejorar el control y fiscalización de armas de fuego y municiones mediante el aumento de la cobertura y la incorporación de modelos de riesgo que permitan focalizar los recursos en la fiscalización de grupos y territorios más vulnerables al desvío de armas. Se busca que la fiscalización contribuya a identificar los puntos en que esto ocurre.
o El Plan Anual de Fiscalización 2023 incluye 13 criterios de riesgo y aumenta el porcentaje de fiscalización de 2% a 10% de las personas con armas inscritas para evitar el desvío de armas inscritas al mercado ilegal.
● Fortalecer los sistemas de trazabilidad de armas de fuego asegurando la disponibilidad de recursos tecnológicos y sistemas de identificación balísticos adecuados, interconectados y en cantidad suficiente para la provisión oportuna de información a la investigación criminal.
o Adquisición de Sistemas de Sistemas de Identificación Balística para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
o Unificación de bases de datos de identificación balística de ambas policías y conexión de las dos bases con el Banco de Pruebas de Chile.
o Concretar Sistema Nacional de Huella Balística limpia, que permitirá́ contar con
la huella “digital” de toda arma registrada en el país, la conexión con sistemas internacionales y digitalizar las huellas balísticas de armas civiles y del Estado.
● Fortalecer el control de armas, municiones y piezas destinadas a la fabricación ilícita de armas de fuego en las fronteras, mediante la adquisición y puesta en marcha de tecnología para la detección de contrabando y la capacitación permanente de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y policías en esta materia.
o Convenio entre la Subsecretaría del Interior, el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Movilización Nacional para la capacitación de funcionarios de Aduanas por parte de la Dirección General de Movilización Nacional para la identificación de piezas y componentes de armas.
● Mejorar las capacidades de control del Servicio Nacional de Aduanas para fortalecer el control de fronteras, a través de la adquisición equipamientos como rayos RX, paletas detectoras de metales, equipos detectores de drogas y electrómetro de masa portátil.
2.2. Control Fronterizo:
● Incorporar en el algoritmo de distribución policial la existencia de fronteras a resguardar (durante 2023).
● Capacidades especializadas para el personal de las policías y las fuerzas armadas a cargo del control de las fronteras. Se estudiará en una mesa de trabajo con parlamentarios y ejecutivo presentará propuesta a fines de mayo de 2023.
● Modificación de la ley N°21.325 en materia de expulsión administrativa para simplificar su materialización (evacuado de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, se pondrá suma urgencia en marzo).
● Intensificación del trabajo consular con Bolivia a propósito de las reconducciones incorporando a congresistas a través del Parlamento Andino (en curso).
● Modificar la ley N° 20.430 sobre protección de refugiados para realizar análisis previo antes de ser reconocido como solicitante de refugio (agosto de 2023).
● Ampliación de la disponibilidad de zetros (vehículos/casas móviles) para policías que patrullan las fronteras habilitados para garantizar desplazamientos y habitabilidad en ese tipo de territorios. Compra progresiva durante 2023 y 2024.
● Habilitar el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas con exclusión de los centros urbanos, incorporando la posibilidad de registro de vestimentas y equipaje (10 km). El Ejecutivo presenta proyecto en junio de 2023.
● Infraestructura crítica: Durante febrero de 2023 se dictará el decreto con fuerza de ley que regulará las atribuciones y deberes de las FFAA para el resguardo de áreas en zonas fronterizas, incluidas las reglas del uso de la fuerza. Este DFL permitirá que el presidente, mediante un Decreto Supremo, pueda hacer uso de esta nueva atribución presidencial (art. 32 numeral 21 nuevo de la CPR) y desplegar las FFAA en las áreas de las zonas fronterizas delimitadas en el mismo acto. De esta manera las FFAA podrán realizar controles de identidad, registro a personas y detenciones con el único fin de poner a disposición de las policías.
● Extender el plazo máximo de detención para ejecutar la medida de expulsión administrativa desde 48 hrs a 96 hrs poniendo a disposición del juez. Ejecutivo presenta modificación en marzo de 2023.
● Conferir a Carabineros una función de colaboración en las tareas de fiscalización de la migración irregular. Indicación a proyecto de diputada Joanna Pérez durante abril de 2023.
2.3. Tráfico y trata de personas:
● Presentar proyecto que permita entregar mejores herramientas para perseguir el delito de trata de personas, así como la protección de las víctimas (mediados de 2023).
o Otorgar mejor protección a las víctimas de la trata de personas.
o Sustituir la expresión “prostitución” por “explotación sexual” en el artículo 411 ter del Código Penal.
o Incluir en el delito de trata de personas, nuevas formas de explotación como la mendicidad y matrimonio servil.
o Realizar modificaciones a la ley 20.393 para que los delitos de trata de personas (en todas sus hipótesis) y el tráfico de migrantes sean considerados como conductas que puedan ser cometidas por personas jurídicas.
● “Ley Anti-Coyotes” para extender la detención de los sospechosos mediante diversas vías cuando hay casos de trata de personas o de delitos más graves ligados al tráfico de migrantes (indicación del ejecutivo durante abril de 2023 a la moción del diputado Vlado Mirosevic).
2.4. Ciberseguridad:
● Mantener suma urgencia proyecto marco sobre ciberseguridad apuntando a su despacho antes del término del tercer trimestre de 2023.
● Presentar indicaciones y dar urgencia durante mayo a la moción parlamentaria de la diputada Orsini sobre violencia digital.
- Persecución y sanción
3.1. Crimen Organizado:
● Seguir impulsando el proyecto de crimen organizado, el que se encuentra en tercer trámite y fue despachado por el Senado.
● Durante abril de 2023 presentación de proyecto complementario que permita levantar secreto bancario cuando hay sospecha de este tipo de ilícitos (ajuste art. 62 Código tributario) y el análisis anonimizado con inteligencia artificial de movimientos bancarios que permitan detectar flujos sospechosos.
3.2. Narcotráfico:
● Despacho del proyecto de Ley de Narcotráfico durante marzo (informe de la comisión mixta).
● Incorporar a las empresas relacionadas con precursores de drogas como sujetos a reportar actividades sospechosas en UAF (presentar proyecto mayo 2023).
● Proyecto para el fortalecimiento de la Institucionalidad para la ejecución de bienes decomisados (primer semestre 2023).
● Actualización de la normativa que diferencia narcotráfico, microtráfico y consumo de drogas no autorizadas, con criterios claros que den certeza y eviten discrecionalidad. Ejecutivo presentará proyecto en julio de 2023.
3.3. Delitos de mayor connotación social:
● Sancionar los actos preparatorios de sicariato (modificación al art. 391 del Código Penal) (proyecto presentado, se pondrá suma urgencia durante marzo).
● Ampliación del tipo general de extorsión (urgencia simple) buscando su despacho durante el primer semestre de 2023.
● Entrega de facultades a Gendarmería para ser auxiliares en la investigación y permitir que acceda al banco unificado de datos para el cumplimiento de su función como custodio. Proyecto fue presentado por el gobierno, está con urgencia simple y se buscará que sea despachado antes de octubre de 2023.
● Elevar penas en delitos de secuestro (proyecto presentado). Se pondrá suma urgencia durante abril.
● En el marco de la hoja de ruta de fortalecimiento del Ministerio Público a ser elaborada junto al nuevo fiscal nacional durante 2023 se impulsará que el delito hurto falta (de 1 a 4 UTM) pase a ser sancionado por los juzgados de policía local, los que deberán ser fortalecidos para este efecto.
Establecer que detenciones sucesivas se consideren al definir prisión preventiva. Proyecto del Ejecutivo a presentar en julio de 2023.
● Indicar el proyecto que agrava sanciones en caso de sustracción de bienes provenientes de actividades productivas relevantes emulando mecanismos de ley de robo de maderas. Moción presentada por los diputados Araya, Bianchi, González, Marzán, Molina, Soto, Alinco, Tapia y Ulloa.
● Potenciar el trabajo de las Unidades Coordinadoras Estratégicas (UCE) lideradas por el Ministerio del Interior y conformadas, de acuerdo a la zona geográfica, por Carabineros, PDI, Directemar, Gendarmería, Aduanas, DGAC, DGMN donde los organismos de seguridad comparten datos y estadísticas para el diseño de sus estrategias, instancias fundamentales para la persecución penal en su rol de coadyuvante de la función de las fiscalías regionales.
● Priorizar al proyecto de delitos económicos (boletín 13.205-07) el cual se encuentra con suma urgencia desde el 24 de enero.
3.4. Ocupación ilegal de predios e inmuebles:
● Propuesta de iniciativa legislativa para facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales que en la actualidad quedan prácticamente impunes (propuesta de senadores Quintana y García Ruminot). Ejecutivo presentará indicación en marzo de 2023.
3.5. Cárceles:
● Segregación carcelaria (Política y reglamento interno de Gendarmería).
● Bloqueo de señal de celulares en las Cárceles como exigencia a los nuevos prestadores de servicios telefónicos (en proceso durante 2023).
3.6. Ley antiterrorista:
● Ejecutivo desarrollará los estudios para la modificación a la ley vigente con el objetivo de tipificar el delito terrorista de una manera que permita su persecución efectiva, y de mejorar los instrumentos para su investigación y sanción. Se presentarán las respectivas modificaciones mitad del año 2023.
3.7. Otros:
● Programa interinstitucional en el marco de los consejos contra el crimen organizado para abordar el control del comercio ilícito. En ejecución durante el segundo semestre de 2023.
● Obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior (más de dos conteiner al mes). Implica modificación al art. 68 del Código Tributario (ejecutivo lo presentará en julio de 2023).
● Proyecto de ley que incluye en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero en el territorio nacional (modificación de la ordenanza de aduana e informe UAF). Indicación a moción de la Senadora Ebensperguer a presentarse en abril de 2023.
- Institucionalidad
4.1. Ministerio de Seguridad Pública:
● Acelerar tramitación del proyecto, incorporando dos definiciones: 1) aclarar expresión regional del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior a través de dos autoridades regionales de un rango superior al de los seremis, y 2) fortalecimiento del Ministerio del Interior, entregando al Presidente de la República facultades para reordenar sus atribuciones y competencias a través de un DFL. Estas indicaciones serán presentadas en mayo de 2023.
● Complementariamente se presentará una reforma constitucional para transformar la actual figura del delegado presidencial en dos autoridades que asumirá sus actuales funciones: la jefatura del gabinete regional y la autoridad regional de seguridad.
4.2. Ministerio Público:
● Hoja de ruta para el fortalecimiento del Ministerio Público acordado con su nuevo o nueva Fiscal Nacional durante 2023. Compromiso adoptado durante la tramitación del Presupuesto 2023.
● Proyecto para creación de fiscalía supraterritoriales (por ejemplo, Macro Zona Norte) para la investigación de delitos complejos a concordarse con el nuevo Fiscal Nacional para el primer semestre de 2023.
4.3. Inteligencia:
● Indicación al Proyecto de Ley de Inteligencia se presentó durante enero de 2023 incluyendo las siguientes materias:
o Crear una arquitectura del sistema que asegure el control, conducción y coordinación civil e incorporar nuevos organismos al sistema (UAF, GENCHI, SII, Aduanas).
o Dotar de capacidades operativas a la ANI, que dependerá del futuro Ministerio de Seguridad.
o Formación y recursos para análisis de inteligencia .
o Procedimiento de autorización judicial con garantías de confiabilidad que permita utilizar métodos especiales de obtención de información de fuentes cerradas.
En marzo de 2023 se creará mesa de trabajo con parlamentarios para recoger propuestas y despejar inquietudes respecto a la propuesta con miras a tener un texto acordado en abril. A partir de ese momento se pondrá urgencia a la tramitación del proyecto.
4.4. Datos e información:
● Mandato legal para compartir y homologar información en línea de todos los organismos públicos que manejan datos relevantes en materia de seguridad. Proyecto presentado durante segundo semestre de 2023.
● Creación de una unidad encargada de consolidar información y datos en el próximo Ministerio de Seguridad. Incorporado en proyecto del Ministerio de Seguridad.
- Policías
5.1. Fortalecimiento de capacidades civiles:
● Promover formación avanzada de civiles en materias policiales y de seguridad.
● Establecer en el Ministerio de Seguridad competencias efectivas para llevar adelante el control civil de las policías de manera profesional y con continuidad institucional más allá de los ciclos políticos. Incorporado en el proyecto del Ministerio de Seguridad.
5.2. Modernización de la carrera e institucionalidad policial en Carabineros (medidas a ser adoptadas durante el año 2023):
● Fortalecer, especializar y profesionalizar las funciones preventivas de Carabineros, relevándolas su prioridad en la misión institucional y reforzando dichas funciones en la asignación de recursos y dotaciones.
● Ampliar las modalidades que permitan movilidad durante la carrera entre los escalafones de oficiales y suboficiales.
● Estudiar extensión de la carrera policial promoviendo la postergación de la edad de jubilación.
● Profundizar la actualización de las mallas curriculares, promover la especialización, y abrir la planta docente para diversificar las miradas en la formación.
● Continuar incorporando nuevos estándares de transparencia. Incluye avanzar en la entrega de información para autoridades locales sobre dotación policial. Estas medidas serán incorporadas en el avance de la reforma a las policías durante el año 2023.
● Asistencia jurídica en los mismos términos para todos los escalafones de Carabineros. Normativa interna de Carabineros vigente durante primer semestre de 2023.
● Realizar estudio acabado respecto al estado de las viviendas fiscales de las policías y posibles brechas en esta materia, considerando las condiciones de habitabilidad.
5.3. Protección policial:
● Regular por ley las reglas del uso de la fuerza (RUF). Proyecto se presentará a finales de marzo de 2023.
● En el marco del proceso de revisión de los protocolos de actuación de Carabineros, evaluar la aplicación de nuevos tipos de armamento como la pistola eléctrica Taser. Evaluación y definición durante el año 2023.
● Patrocinio a la moción parlamentaria Ley Nain II para eliminar penas alternativas en caso de lesiones graves, graves gravísimas y homicidios. Abril de 2023.
5.4. Dotación PDI:
● Asegurar que la jefatura regional esté a cargo de prefectos inspectores en todas las regiones porque actualmente hay cuatro que no tienen esta situación. Estándar será alcanzado durante 2024.
● Ampliación de la planta de asistentes policiales (función policial en PDI, equivalente a suboficiales): aumentar la dotación de asistentes policiales de 1.142, que existen actualmente, a 4.892, en 15 años a un ritmo de 250 al año. A financiarse con los recursos actualmente disponibles.
● Contratación de oficiales policiales profesionales (profesionales contratados y formados en un año en lugar de cuatro): 200 nuevos oficiales policiales profesionales en dos años con cargo a los recursos proyectados en la reforma tributaria.
● Contrataciones de oficiales profesionales de línea (detectives PDI regulares): 180 ya están considerandos en presupuesto 2023, se agregarían 120 más el año 2024. Financiamiento con recursos actualmente disponibles.
5.5. Dotación Carabineros:
● Aumento de 900 plazas del personal llamado a servicio con cargo a los recursos proyectados en la reforma tributaria.
● Liberación de 577 funcionarios del personal de nombramiento institucional (PNI) a través de la ampliación de la comisaría virtual. Financiados con recursos actualmente disponibles.
● Aumento de la gratificación especial de riesgo a Carabineros que se desempeñan en las regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta desde un 10% a un 30%. Las regiones de Atacama y Coquimbo de un 10% a un 20% y la región de Los Ríos de un 10% a un 20%. Medida será incluida en el presupuesto 2024.
● En el marco de un proceso de especialización de funciones, se considera excluir a Carabineros de la función de efectuar notificaciones reemplazándolos por otros funcionarios. Proyecto será presentado durante 2023 y financiado con recursos proyectados en la reforma tributaria.
