En el Senado, el presidente de la entidad gremial que representa a la industria, explicó que la norma –de aprobarse en los términos actuales– afecta derechos que están consagrados hasta 2032, respaldándose en un informe del abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, junto a otro estudio realizado en 2016 por el actual subsecretario Luis Cordero.
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) expuso ante la Comisión de Intereses Marítimos del Senado, su visión sobre la actual Ley de Fraccionamiento pesquero que está impulsando el Gobierno, afirmando que se trata de una norma inconstitucional y que será judicializada en caso de aprobarse en los términos actuales.
Así lo explicó el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, quien afirmó que “el tema central de este proyecto es que de aprobarse en los términos actuales, se va a judicializar su implementación, porque cambia las reglas del juego en materia de fraccionamientos y licitaciones establecidas en la ley vigente, donde las empresas aceptaron voluntariamente un nuevo esquema con cuotas hasta 2032, afectando derechos vigentes”.
En este sentido, el representante de la pesca industrial citó un informe del abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, el cual afirma que “el proyecto afecta derechos consagrados y es una normativa expropiatoria, que de aprobarse en las condiciones actuales requerirá indemnización a las empresas por parte del Estado”.
Además, se expuso un informe del año 2016 del abogado y actual subsecretario Luis Cordero, que plantea que “el cambio de las condiciones en las cuales se asignaron la LTPA y B en materia de licitaciones, también afectan derechos de las empresas signatarias de estas licencias”.
“Estamos disponibles para llegar a un acuerdo, porque los acuerdos son buenos para el país. Pero primero debemos resolver los problemas constitucionales del proyecto, tanto en el fraccionamiento como en las licitaciones”, dijo Sandoval.
Otros defectos del proyecto
En el Senado, el líder gremial señaló su preocupación por la ausencia de criterios científicos para fijar el fraccionamiento que se está proponiendo, así como se manifestó contrario a las facultades discrecionales que se le otorgan al Subsecretario de Pesca, quien podrá fijar la cuota artesanal a dedo y entre cuatro paredes.
Asimismo, explicó que el proyecto se encuentra financiado por los ingresos fiscales que ha aportado la industria desde el año 2012 hasta ahora, mediante la norma actual, por lo cual no sería necesario licitar el aumento de la cuota del jurel (principal pesquería del país), donde el gobierno ha argumentado que esto se realizará para mitigar los $700 millones de déficit fiscal que declara la iniciativa en su informe financiero.
Finalmente, el presidente de Sonapesca expuso su inquietud por la ausencia de un informe por parte del Gobierno, acerca de los impactos económicos y sociales que tiene la propuesta que están llevando adelante, dado que existen al menos dos empresas que podrían cerrar, dejando de entregar más de dos mil empleos, así como se proyecta una baja de hasta un 40% en la actividad industrial de la zona sur austral, con la norma tal como está ahora.
