Eran cuarteles policiales. Uno, de la Policía de Investigaciones, en Rancagua; el otro, de Carabineros, en el cerro Barón de Valparaíso. Por allí, durante los primeros años de la dictadura cívico militar, pasaron decenas de personas que fueron sometidas a detención ilegal y torturas. Ninguno cumple ya un rol policial, pero ambos destacan como Sitios de Memoria en sus respectivas ciudades. Y ahora, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) accedió por unanimidad a una solicitud largamente esperada por las comunidades: su declaración como Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico.
De este modo, el Ex Cuartel de Investigaciones, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, y la Ex Comisaría N° 3 Valparaíso Norte, comuna de Valparaíso, solo esperan la dictación del decreto respectivo –suscrito por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio- para formalizar su nuevo estatus.
En su sesión del miércoles 20 de noviembre, los consejeros recibieron a los solicitantes de las declaratorias, que viajaron especialmente a Santiago para defender sus postulaciones, y estallaron en aplausos emocionados al conocer la decisión de los consejeros.
“El camino por la verdad, justicia, reparación y no repetición es un compromiso de este gobierno y cada paso es un avance importante para familiares y comunidades que han mantenido vivos estos espacios, para protegerlos y transmitir la memoria a nuevas generaciones. Estos dos lugares, que recibieron la aprobación de declaratoria como Monumentos Históricos y Sitios de Memoria, dan cuenta de uno de los eslabones del sistema represivo de la dictadura: centros de detención de tránsito, que en algunos casos fue el último paradero conocido de detenidos desaparecidos”, dijo la subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez Dattari.
En el caso de la Ex Comisaría N° 3 del Cerro Barón –cuya solicitud de declaratoria fue presentada en 2020 por Fernando Reyes Pezo, presidente de COMI-, se trata de un edificio de 153 años, construido en 1871 para uso de mercado de abastos, posteriormente como cuartel de instrucción militar, escuela pública y Carabineros. Durante la dictadura civil-militar se utilizó como recinto de detención y tortura, formando parte del circuito represivo de Valparaíso.
Desde hace 12 años, organizaciones barriales y comunitarias han desarrollado un proceso de recuperación y valoración patrimonial del espacio y sus memorias, aunque su estado es regular y con zonas de riesgo (el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un proyecto de mejoramiento para 2025). Actualmente está en concesión a la Corporación Comunidad, Memoria e Integración (COMI) y contribuye a la construcción de un espacio de encuentro, memoria y acceso público para la comunidad del Cerro Barón.
“Nos vamos felices con esta declaratoria. Estamos trabajando con fuerza en la puesta en valor de este patrimonio, que es de toda la comunidad de Cerro Barón, abierto a los vecinos, y que merece ser resguardado, pues su valor histórico, arquitectónico y patrimonial es altísimo, con sus 150 años de historia y los hechos allí ocurridos. Nuestra intención es reforzar la investigación de la memoria histórica”, explicó Cristian Venegas, de COMI.
En cuanto al Ex Cuartel de Investigaciones de Rancagua, que data de los años 50, la solicitud fue presentada en 2022 por la ex seremi de las Culturas de O’Higgins, Lucía Muñoz. El recinto, ubicado en calle Ibieta N° 165, es de propiedad fiscal y actualmente está en concesión gratuita a la Central Única de Trabajadores (CUT) de la región, que acoge además a otras instituciones. Mientras albergó a la Policía de Investigaciones (PDI) en los primeros años de la dictadura, funcionó conjuntamente como un centro clandestino de la CNI y utilizado como centro transitorio de reclusión, interrogatorio y tortura de prisioneros políticos, durante la década de 1970 y 1980.
“Este es el primer Sitio de Memoria reconocido en la ciudad de Rancagua, y por eso para nosotros tan importante. Como familia que vivimos la represión más cercana (su hermano es detenido desaparecido) quisimos ver esta casa, porque ellos pasaron por ahí y sufrieron apremios ilegítimos. Hoy seguimos trabajando con los estudiantes en las rutas de la memoria, contando la historia que muchos quisieran ocultar para un verdadero nunca más. Agradecemos al Consejo por su decisión, que abre para nosotros un nuevo desafío”, dijo Nodina Muñoz Otárola.
Los consejeros consideraron que la preservación de ambos inmuebles es una contribución a la educación y promoción de los derechos humanos del conjunto de la sociedad, como expresión de la obligación estatal de garantizar la verdad de los hechos, reparar simbólicamente a las víctimas, sus familiares, a la sociedad en su conjunto y generar garantías efectivas de no repetición en el ámbito de la cultura y el patrimonio.
