En 11 capítulos temáticos, el documento analiza también los avances y deudas del Servicio Mejor Niñez a dos años de su implementación y la situación laboral en los ELEAM. Asimismo, entrega nuevos datos sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura a 50 años del golpe de Estado, al tiempo que advierte sobre la posible prescripción de violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el estallido.
A un mes de un nuevo plebiscito constitucional, y ante políticas y medidas que representan avances y serios desafíos en materia de derechos humanos, la Universidad Diego Portales publicó la edición 2023 de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, que evalúa el desempeño del Estado frente a sus obligaciones internacionales en la materia. La vigésimo primera versión del documento reúne investigaciones originales de una veintena de juristas, académicas y académicos, presentadas en once capítulos temáticos que abarcan desde la protección de la infancia y la provisión de seguridad hasta la transparencia empresarial, pasando por la restauración ambiental, el derecho a la salud y otros temas.
Así, el Informe actualiza los avances y obstáculos que enfrenta la justicia transicional frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Chile, tras la reciente conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Asimismo, evalúa los desafíos pendientes tras las violaciones a derechos humanos en el contexto del estallido social de 2019, advirtiendo sobre la posibilidad de que gran parte de las causas prescriban en 2024; de ser así, el Estado fallaría en su obligación de proveer justicia y, a partir de esa impunidad, se debiera evaluar la reconsideración de las violaciones como sistemáticas, por la denegación a la justicia.
En el capítulo introductorio, además, los editores del Informe, Judith Schönsteiner y Cristóbal Carmona, se refieren al texto que elaboró el Consejo Constitucional y que se plebiscitará en diciembre: si bien valoran la cláusula que incorpora a los derechos humanos en el régimen interno, esta no logra remediar los problemas de su versión actual. En materia de derechos sociales –como acceso a salud, educación, agua, vivienda o pensiones– los autores sostienen que la propuesta incumple con requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como asegurar la no discriminación (en particular por la situación socioeconómica de las personas), así como la posibilidad de regular y fiscalizar el rol que juega el sector privado en la provisión de servicios que materializan estos derechos. Específicamente en educación, el documento señala que «la libertad de enseñanza y la libertad religiosa son derechos que se deben ponderar con otros y entre sí, tomando en cuenta el interés superior del niño y la niña y su progresiva autonomía». Otro foco de preocupación es la posibilidad de una objeción de conciencia institucional, que el texto final dejó en manos del legislador y de la interpretación en tribunales.
En cuanto a la obligación del Estado de garantizar la seguridad e integridad de quienes habitan su territorio, el Informe Anual UDP 2023 analiza el fast-track legislativo en la materia a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Detecta falencias estructurales: un enfoque excesivo en la tipificación de nuevas figuras delictivas (sicariato o la tenencia de chips en cárceles), sin aumentar las capacidades de investigación y prevención; la ampliación de tipos penales como el contrabando y el aumento de sanciones a delitos de homicidio, lesiones o usurpación; esto no necesariamente garantiza ni mejora las capacidades de las agencias estatales para prevenir y perseguir el crimen organizado, ni detectar los flujos de dinero que permitirían sancionar el lavado de activos. Asimismo, preocupan medidas que podrían agravar la situación de grupos vulnerables e incentivar el uso de violencia privada para la resolución de conflictos. En la misma línea, un capítulo dedicado a las medidas de control de la migración irregular en la Macrozona Norte enfatiza en los desafíos de coordinar la Política Nacional de Migración con las medidas de seguridad.
Institucionalidad y derechos sociales
El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2023 de la UDP incluye una evaluación de los primeros dos años del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocido como Mejor Niñez), que desde octubre de 2021 reemplaza al Sename. El capítulo evidencia que el Estado sigue sin cumplir con su obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes, al no haberse instalado y abierto las oficinas necesarias ni superado las largas listas de espera en programas ambulatorios. Ello contribuye a que persistan realidades tan graves como las afectaciones a la integridad física o psíquica de infancias vulnerables, e incluso la explotación sexual comercial.
Esta área también es relevante en un capítulo que evalúa la institucionalidad de DDHH en Chile, incluyendo la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura. En la primera, el nombramiento de un nuevo defensor -cargo que estuvo vacante durante cinco meses- es relevante para dar pie a la implementación de planes y estrategias pendientes. Sin embargo, tanto esta entidad como el INDH enfrentan persistentes desafíos para su autonomía y deudas en transparencia.
En materia de derechos sociales, el Informe revela las precarias condiciones laborales que existen al interior de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), las cuales afectan la calidad de los cuidados que reciben usuarios en todo el país. Otro capítulo detecta problemas estructurales en el acceso a la salud, donde persiste la discriminación por sexo, edad o situación socioeconómica.
El Informe también muestra las deudas regulatorias en cuanto al derecho de los pueblos originarios de participar de los beneficios por la explotación de recursos en los territorios que habitan, ad-portas de la implementación de la anunciada Estrategia Nacional del Litio. En tanto, en materia de protección al medioambiente, evidencia cómo –pese a los últimos avances normativos– persisten problemas derivados de la falta de definición del concepto de restauración ecológica, que es una obligación de los estados.
En otro capítulo, se evidencian las dificultades que enfrenta la Comisión del Mercado Financiero (CMF) para que las empresas informen y cumplan con sus obligaciones en relación con derechos humanos y medioambiente, así como los problemas que traen los vacíos legales en esta materia. En particular, se indica la ausencia de una política de fiscalización al contenido de los reportes y la posibilidad de que contengan datos equivocados frente a información alternativa existente, y el riesgo de que el Estado esté dejando pasar el white-washing en materia de empresas y derechos humanos.
Todos los capítulos del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2023 están disponibles en el sitio web del Centro de Derechos Humanos UDP en formato e-book y PDF, a partir del 14 de noviembre.
