Los dos acusados fueron condenados por ofrecer dinero a concejales y funcionarios públicos para obtener la licitación por instalación de luminarias; licitación que le fue adjudicada en un primer momento, pero después se dejó sin efecto.
Como autores del delito de soborno reiterado fueron condenados esta mañana en un juicio abreviado los acusados Martín Vargas Fuentes y Mario Villalobos Alvarado, gerente general y subgerente de Ingeniería y Desarrollo de la empresa ELEC Chile, respectivamente, a las penas de 818 días de presidio, al pago de una suma de 25 UTM y a la inhabilitación absoluta para cargos públicos por el plazo de 7 años para cada uno.
De acuerdo a la acusación presentada por el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, los acusados contactaron directamente y a través de intermediarios a funcionarios públicos y concejales de la Municipalidad de Iquique, con el objeto de ofrecerles sobornos a cambio de que ejecutaran actos tendientes a incidir para que ELEC se adjudicara la licitación para adquisición e instalación de luminarias públicas. De esta manera, los representantes de la empresa pudieron obtener información de las bases de licitación con anterioridad a su publicación y así adecuar sus ofertas a las mismas, elevando los costos de éstas, ofreciéndoles parte de estos sobreprecios a los funcionarios públicos.
En específico, la acusación indica que los concejales Guillermo Cejas, Arsenio Lozano, Felipe Arenas y Mitchel Cartes aceptaron recibir un beneficio económico por parte de los representantes de ELEC, directamente o a través de los acusados Johann Vieira y Cristian Ureta, quienes actuaban como intermediarios. Para eso se realizaron reuniones en Santiago y en Iquique.
Posteriormente se realizó la adjudicación a la empresa ELEC, lo que quedó sin efecto unos meses después por advertirse la falta de cumplimiento de un requisito formal en la oferta, por lo que los beneficios económicos nunca fueron entregados a los concejales.
Considerando que a ambos acusados les beneficiaban las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos -al aceptar el procedimiento abreviado-, la Fiscalía solicitó las penas de 818 días de presidio para cada uno, el pago de una multa de 25 UTM y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 7 años; solicitud que fue compartida por los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, Municipalidad de Iquique, del diputado Matías Ramírez y de los particulares Camila Castillo y otros.
Finalmente, el magistrado resolvió condenar a los acusados a las penas indicadas por la Fiscalía, otorgándoles el beneficio de la remisión condicional de la pena.
