Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José de Costa Rica se llevó a cabo este jueves la audiencia pública del caso “Galetovic Sapunar y otros versus Chile”, proceso en que se alega la responsabilidad internacional del Estado por la falta de acceso a un recurso judicial efectivo para la reparación del perjuicio provocado a la sociedad propietaria de la radioemisora magallánica “La Voz del Sur”, confiscada en 1973.
La defensa y representación jurídica del Estado de Chile fue ejercida ante la Corte por una delegación conformada por el embajador y director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tomás Pascual, en calidad de agente del Estado; acompañado por los agentes alternos Raúl Letelier, Jonatan Valenzuela, Oliver López y Alejandra Molina.
“La participación del Consejo de Defensa del Estado en este proceso interamericano nos acerca a esa jurisdicción y nos permite integrar el razonamiento que se exhibe ahí a nuestra litigación interna. Del mismo modo, nuestra institución aporta el conocimiento sobre la racionalidad de las respuestas internas y el sentido de nuestra normatividad, lo cual necesita ser mostrado en el escenario internacional”, sostuvo el Presidente del CDE y agente alterno de Chile, Raúl Letelier.
De acuerdo con el relato de los hechos presentado por los demandantes, el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe de Estado en Chile, fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa tomaron posesión física de las instalaciones de la radioemisora ubicada en la ciudad de Punta Arenas, la cual no volvió a reanudar sus transmisiones. Sus socios principales fueron detenidos y llevados a distintos centros de prisión y tortura.
Posteriormente, mediante fallos dictados en primera y segunda instancia, en 1997 y 2002, respectivamente, los tribunales chilenos acogieron la demanda de nulidad de derecho público presentada por los propietarios contra los decretos con que se declaró disuelta la sociedad y traspasó la radioemisora al dominio del Estado.
El Fisco de Chile interpuso recurso de casación a comienzos de 2004, cuyos fundamentos fueron acogidos por la Tercera Sala de la Corte Suprema que resolvió que, si bien los decretos eran nulos, la acción para reclamar la indemnización por las consecuencias patrimoniales de dicha nulidad había prescrito.
Tras la audiencia de alegatos efectuada la semana pasada, corresponderá a la CIDH determinar si la aplicación de la figura de la prescripción a las acciones judiciales de reparación constituye una violación a la Convención Americana.
- Fuente: https://corteidh.or.cr/docs/tramite/galetovic_sapunar.pdf
