El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, expuso sobre los lineamientos estratégicos del Poder Judicial en función de la seguridad pública en la inauguración del Consejo Consultivo de Oficiales Generales de Carabineros de Chile, efectuado hoy -martes 19 de marzo- en la escuela de oficiales de esa entidad.
El presidente Ricardo Blanco fue recibido por el General director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien le agradeció su presencia y el aporte que significa para la formación de los generales, los planteamientos que tradicionalmente han hecho en estas reuniones los ministros que encabezan el máximo tribunal.
En su intervención, el presidente de la Corte Suprema destacó que “en un Estado de Derecho la vinculación entre magistrados y Carabineros es constante y de carácter complementario, pues ambos estamentos orientan su quehacer hacia la observancia de la ley, en su caso, resolviendo las controversias jurídicas y en el otro, ejecutando la decisión judicial. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que para el respeto del imperio de la ley a veces se hace necesario el empleo de la fuerza por parte del Estado y este elemento tiene como límite aquel que emana de la protección de los Derechos Fundamentales y su uso legítimo debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y distinción”.
“Resulta imprescindible, en este contexto, evitar que el temor o las genuinas preocupaciones sobre la seguridad nos impidan ver con claridad el fenómeno y sus posibles soluciones. Como representantes de la estructura constitucional en vigor, no debemos caer en el error de creer que la única vía para afrontar esta crisis de seguridad es mediante la relajación de los estándares jurídicos que han constituido, por años, el alma del Estado de Derecho”, dijo el presidente.
“Por otro lado, -continuó- debemos superar la crítica tradicional que se ha construido alrededor de la labor judicial. Como jueces, nuestra función es ejecutar la ley, lo que incluye, sin lugar a duda, garantizar los derechos de todas las partes involucradas: acusados, defensa, querellantes y el Ministerio Público. Por eso, si abandonamos este rol, dejamos de cumplir con nuestro deber”.
“No podemos dejarnos persuadir por las fluctuaciones mediáticas, tenemos que robustecer nuestro sistema de justicia con los debidos contrapesos y en estos tiempos resulta imperativo confiar en las instituciones que el Estado ha previsto para desarrollar su misión en paz social.
“Por tanto, el desafío real no consiste en elegir entre seguridad y garantías, sino en cómo podemos potenciar ambos conceptos, simultáneamente. Cómo, mediante el fortalecimiento de nuestras entidades, podemos contener a aquellos que no creen en ellas o no las respetan. O, en términos más técnicos, cómo protegemos la seguridad pública sin renunciar a los valores y garantías que constituyen la esencia de un Estado de Derecho. Este es el marco dentro del cual el Poder Judicial, con su rol único de interpretar y aplicar la ley, asume una posición estratégica y trascendental”, dijo la autoridad judicial.
Luego de referirse al cambio en el sistema procesal penal y el rol de los jueces de garantía, el presidente de la Corte Suprema señaló que “cuando la gente percibe que el sistema judicial es justo, es más probable que respeten la ley y cooperen con las autoridades, independientemente del resultado específico de los casos. solo tienen un impacto directo en los individuos involucrados en casos judiciales, sino que también influyen en la sociedad en su conjunto. Cada fallo comunica un mensaje sobre los valores del sistema judicial y su compromiso con la equidad, la transparencia y la justicia. La forma en que el Poder Judicial maneja casos de alto perfil, en particular, puede tener efectos significativos en la confianza y legitimidad integral del sistema”.
Puntualizó que “en resumen, la contribución del Poder Judicial a la seguridad y eficacia en la persecución del delito requiere, entre otros, de un esfuerzo concertado en estas áreas. Mediante la implementación de protocolos de coordinación interinstitucional, la adopción de tecnologías avanzadas y la inversión en la capacitación constante de su personal, el Poder Judicial tiene la capacidad para desempeñar un papel aún más estratégico en la construcción de un sistema de justicia penal más justo, eficiente y adaptado a las necesidades de nuestra sociedad”.
“El Estado de Derecho se erige como el núcleo esencial de nuestra sociedad en el orden jurídico, pues garantiza que la balanza de la justicia se incline siempre hacia la equidad, el respeto por los derechos fundamentales y la garantía de procesos justos y racionales. Este principio guía cada decisión, cada acción y cada política dentro de nuestro régimen de justicia penal. Sin embargo, como hemos visto, mantener este equilibrio frente a crecientes demandas de seguridad representa uno de los desafíos más complejos y centrales que enfrentamos”.
El presidente Ricardo Blanco finalizó su intervención señalando que “la importancia de la independencia judicial, la protección de los derechos ciudadanos y la legitimación de la organización a través de decisiones jurisdiccionales justas y racionales no puede subestimarse. Estos elementos definen la integridad de nuestro sistema de justicia y fomentan la confianza y el respeto por la ley entre la población, elementales para la cohesión y el progreso social. Para mejorar la eficiencia del ordenamiento punitivo con renovado esfuerzo se han desarrollado tecnologías avanzadas y se ha promovido una mayor colaboración entre los actores del sistema penal, con ello se buscan formas innovadoras de avanzar en materia de seguridad sin sacrificar los principios y valores axiales. Estos avances, si bien son indispensables, deben siempre alinearse con un acatamiento irrestricto hacia las garantías procesales y los derechos sustanciales. Por ello, les invito a todos, independientemente de su posición en el sistema de justicia penal, a buscar de manera constante esos caminos innovadores y creativos para reforzar la seguridad común, sin perder de vista la importancia de las instituciones y los derechos que nos definen como sociedad”.
“La seguridad y la justicia no deben ser vistas como objetivos mutuamente excluyentes, sino como metas complementarias que podemos y debemos alcanzar juntos”, concluyó el presidente del máximo tribunal”, concluyó.
