La ministra Angela Vivanco Martínez, de la Corte Suprema, decretó arresto domiciliario para cuatro exagentes de la dictadura chilena, condenados a cadena perpetua por la justicia italiana por el crimen de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano, en los años 70, en el marco de la Operación Cóndor, entre los cuales se encuentran 4 víctimas chilenas.
La medida de la magistrada recae en los exagentes Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vasquez Chahuán, Rafael Ahumada Valderrama y Daniel Aguirre Mora, cuatro de los seis requeridos, ya que uno está fallecido, y Pedro Espinoza Bravo, se encuentra preso en Punta Peuco, cumpliendo diversas condenas por otros delitos de lesa humanidad.
Los militares enfrentan actualmente un proceso de extradición a solicitud de la República de Italia, proceso en el que se han hecho parte representantes de las víctimas. Entre ellos, los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos actúan en representación de la hija de Juan José Montiglio Murúa, una de las cuatro víctimas italochilenas, que además fue parte ante los tribunales penales en Roma.
Montiglio tenía 24 años, era del Partido Socialista y jefe de unidad del GAP, guardia personal del presidente Allende. Fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe militar, posteriormente llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13 de septiembre de 1973. Hasta hoy permanece en calidad de detenido desaparecido.
Anteriormente los represores se encontraban con la medida cautelar de arraigo nacional, lo cual fue modificado a petición de la representación de la República de Italia, el Programa de Derechos Humanos y de los querellantes, quienes solicitaron una cautelar de mayor intensidad, por lo cual se les otorgó el arresto domiciliario total.
Para el abogado Francisco Bustos, esta nueva medida dictada por la magistrada del máximo tribunal es de gran importancia, ya que «encontrándonos cerca del fin de esta fase del proceso, se reconoce la necesidad de asegurar que los requeridos estén a disposición del tribunal. De igual manera, tengo confianza en que demostraremos que concurren todos los requisitos para acceder a la extradición y lograr que sean cumplidas las penas impuestas por la Corte de Roma».
Las otras víctimas italochilenas por el cual está en curso este proceso de extradición son Omar Roberto Venturelli Leonelli (31), exsacerdote, militante del MIR, detenido el 25 de septiembre de 1973; Juan Bosco Maino Canales (27) militante del MAPU, estudiante y detenido el 26 de mayo de 1976; y Jaime Patricio Donato Avendaño (41) miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, detenido el 05 de mayo de 1976.
En 1998, a instancias de los familiares de las víctimas, la justicia italiana inició la investigación en torno a este proceso y solo después de 20 años la Corte Suprema de Italia emitió un fallo en el cual condenó a cadena perpetua a 24 genocidas latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor.
En abril del año pasado una delegación italiana integrada por un abogado y un representante de las víctimas, visitó nuestro país para conocer detalles del proceso que se desarrolla en Chile, contribuir a que se conozca sobre este juicio histórico en nuestro país, y colaborar con la extradición de los involucrados y condenados en esta causa.
