De acuerdo a los antecedentes aportados en la acción judicial, el decreto que autoriza la realización del evento ignora un dictamen de la Contraloría, que había determinado el año anterior la vulneración de la ley en la forma en que se organizó el evento, entregando a un privado el uso del parque sin beneficio económico alguno para el municipio.
Fue a través del Decreto N° 8960 que la Municipalidad de Santiago -liderada en ese entonces por Irací Hassler (PC)- autorizó el uso del Parque O’Higgins para que se realizaran las fondas entre el 17 y el 22 de septiembre de 2024.
El documento, firmado el 16 de septiembre de ese año, concedía un “permiso de ocupación de un bien nacional de uso público” a la Corporación de Desarrollo de Santiago (Cordesan), entidad privada sin fines de lucro, que tiene por objetivo “mejorar la calidad de vida de vecinos y usuarios de la comuna, y promover el desarrollo social y urbano de Santiago, fomentando la colaboración entre la referida municipalidad, el sector privado y la comunidad”.
Pero no sería la Cordesan la que llevaría a cabo la celebración de Fiestas Patrias, sino que contrató a la empresa Artemedios Agency SpA, productora que ya había realizado el evento en 2023 y que tenía a su haber distintas ediciones del festival Womad, que se realiza en Recoleta.
El problema, esta vez, es que la administración de Hassler ignoró un dictamen de la Contraloría que, un año antes, había cuestionado la forma en que se había entregado este permiso. Según el dictamen N°E397093/2023 “no resultó procedente que la Municipalidad de Santiago, para satisfacer necesidades o fines que le son propios, utilizara la figura de un permiso de ocupación de un bien nacional de uso público”, como lo es el Parque O´Higgins. En otras palabras, lo que el órgano contralor dice es que, por la naturaleza jurídica del Parque y el tipo de actividad que se realizaría, la Municipalidad debió haber realizado una licitación pública, con la correspondiente aprobación del concejo comunal, y no haber autorizado el evento a través de un permiso municipal.
Es por esto que el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, presentó una querella por el delito de prevaricación administrativa, ya que el exadministrador municipal, Claudio González Rothen, había sido advertido de la ilegalidad y decidió seguir adelante con el proceso.
“Esta primera querella tiene que ver con que el municipio actuó de manera ilegal contraviniendo expresamente una instrucción de la Contraloría, que ya había representado que no debía hacerse de esa forma”, sostuvo Desbordes.
Sobre el punto, el alcalde explicó que “el año antepasado, la Contraloría había objetado la forma en que se estaba haciendo (la organización de las fondas). El año pasado, una de las directoras de nuestro municipio representó al administrador municipal la ilegalidad de continuar haciéndolo de esa manera, por escrito. Y por escrito le respondieron que lo hiciera igual”, criticó.
En ese sentido, dijo que “esto ha generado una primera infracción legal que nos parece importante y, por eso, nos estamos querellando, es mi obligación hacerlo, porque entendemos que aquí hay un delito”. Anunció, asimismo, que “vienen varias cosas más respecto de las fondas, porque ahora hay que ver el otro aspecto: los fonderos pagan miles de millones de pesos, la Corporación para el Desarrollo de Santiago no percibe un solo peso y no hemos logrado tener las rendiciones de cuenta de la productora que se adjudicó esto en los últimos tres años. Así que también ahí vamos a tener novedades”.
Antecedente clave
La autorización que terminó avalando a la agencia Artemedios para realizar las fondas fue firmada apenas un día antes de que comenzara el evento. Es decir, hubo una tramitación express en el permiso y, en el proceso, hubo una alerta respecto de su ilegalidad.
El 11 de septiembre de 2024, la directora de Fiscalización de la Municipalidad, Bernardita Lorenzini, envió un correo al administrador municipal, Claudio González, señalando que “conocido el Dictamen de Contraloría General de la República N°E3979093/2023 fechado 27 de septiembre 2023, que adjunto, no me es posible tramitar la autorización del Decreto para realizar el evento FONDAS 2024 en Parque O´Higgins, toda vez que se entiende contrario a la norma, constituyéndose indebido”.
Un día después, el 12 de septiembre, Lorenzini reitera el correo electrónico con sus cuestionamientos, pero recién el 16 de septiembre –un día antes que se iniciaran las fondas- llega la respuesta del administrador: “Se reitera a usted proceder de igual forma a autorizar dicho evento mediante la suscripción del decreto respectivo”. Así las cosas, la autorización se concedió vulnerando la norma, contradiciendo abiertamente un dictamen de Contraloría y cayendo en la eventual comisión del delito de prevaricación administrativa.
Por estos hechos, la Municipalidad ingresó la acción judicial este martes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando, entre otras acciones, que se inicie una investigación a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
