De esta manera, se niega la solicitud de modificar el plan regulador municipal realizada por el ministro de Justicia, que esperaba construir un nuevo centro penitenciario a un costado de donde actualmente funciona Santiago I.
Un categórico rechazo a la construcción de un nuevo centro penitenciario en la comuna de Santiago fue el que realizó la municipalidad este jueves, cuando emitió su informe de respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que solicitaba la modificación del Plan Regulador de Santiago para construir un nuevo centro penal en la comuna, concretamente al costado de donde actualmente funciona el Centro de Detención Preventiva de Santiago 1, esto a petición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Entre los diversos puntos del informe municipal, destaca la importancia de respetar los instrumentos de planificación urbana, esto principalmente tras un desarrollo legislativo destinado a dotar legitimidad ciudadana a los procedimientos que permiten la aprobación de los instrumentos de planificación urbana, fortaleciendo los procesos de participación social y comunitaria. La construcción de un nuevo centro penal en Santiago necesita, precisamente, ignorar el actual plan regulador de la comuna, dejando de lado la visión que tanto la autoridad municipal como las comunidades han proyectado para el desarrollo de la ciudad.
El informe señala también que la solicitud del ministro Cordero también está en contra del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que señala que el equipamiento de seguridad destinado a cárceles debe emplazarse fuera del Área Urbana Metropolitana, ya que es incompatible con la actividad residencial. Esta nueva cárcel, además, mermaría la proyección de conectividad de la ciudad, eliminando la proyección de una calle como Beauchef entre Av. Pedro Montt y Av. Centenario, lo cual fue solicitado por la propia Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Otro punto que destaca el informe remitido por la Municipalidad de Santiago, hace referencia a que, pese a que el ministro Cordero ha insistido en llamar al proyecto una ampliación, esto es a todas luces una construcción nueva ya que una ampliación sólo puede realizarse sobre un edificio que ya cuente con recepción final, lo cual no es el caso de este recinto, considerando, además, que es imposible una ampliación entre dos predios distintos. Además, el Decreto de Establecimientos Penitenciarios nunca se refiere al concepto de ampliación de recintos penitenciarios, sólo habla de creación, modificación y supresión, para los cuales debe constar con informe del Director Nacional de Gendarmería de Chile, lo cual no ocurre en este caso.
El informe, explica además que la ley invocada para construcción de un recinto penal en el lugar solicitado es cuestionada por su inconstitucionalidad. Esta ley fue presentada y votada como ley simple por lo cual no puede superponerse a atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, afectando gravemente el principio de autonomía municipal y también haber omitido el trámite de control constitucional preventivo que le correspondía al Tribunal Constitucional.
Por último, el documento entregado al Ministerio de Vivienda señala los negativos impactos urbanísticos, sociales y económicos que tendría esta construcción en la comuna, explicando que diversos estudios muestran que las cárceles en áreas urbanas densamente pobladas suelen depreciar el valor de las propiedades, sobrecargar los servicios públicos, incrementar la percepción de inseguridad, y agravar las tensiones sociales. Además, estas instalaciones no suelen contribuir al desarrollo económico local y pueden deteriorar la cohesión social.
