«Nos gustaría que el fallo sea un desde, un punto importante sobre la mesa para que en definitiva, se puedan tomar los acuerdos y se desarrollen todo aquello que del punto de vista de la Administración implique cumplir el fallo, pero a la vez también, como se ha dicho en muchas oportunidades, proteger los derechos de las personas», dijo
La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, explicó que el máximo tribunal abrió un trabajo colaborativo entre el gobierno y las isapres para dar cumplimiento al fallo que reguló las tablas de factores y que la decisión implica que el sistema privado de salud subsista con las limitaciones propias que han establecidos los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional.
La magistrada abordó el tema en la vocería habitual recordando que la Corte Suprema otorgó un plazo de seis meses para que la Superintendencia y las isapres acuerden los mecanismos de cumplimiento del fallo. Además, reiteró que al resolver un recurso de aclaración en breve plazo se buscó dar celeridad para resolver el asunto.
“Los jueces no podemos ir a revisar cada uno de los planes, cada uno de los precios y decir esto está demás esto está de menos, etcétera. Esa tarea no nos corresponde, mucho menos en sede de protección, que es una sede cautelar. De tal manera que esté, creo yo, es un trabajo conjunto que debe abordarse tanto por el Estado desde el punto de vista de la Superintendencia como también de las Isapres a efectos de cumplir adecuadamente el fallo. Nosotros no quisimos decir el cómo, justamente para que haya la suficiente ductiblidad . Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que la idea es que el sistema de salud privada subsista y pueda cumplir con estos lineamientos que nos parecen lineamientos que, además, han sido diseñados en el tiempo. No son cosas repentinas, pero ahora en este fallo de alguna manera se condensan o se concretan esos lineamientos y ahora lo que hay que hacer es establecer los modos de cumplimiento. Ya aclaramos la fecha, ellos saben cuáles son los temas que están en juego y creo yo que existe las distintas capacidades del sistema para acordar de un modo posible para todos, pero que a la vez signifique el respeto a un fallo judicial que tiene que ser cumplido”, estableció.
“Hemos procurado establecer orientaciones e interpretaciones que vayan detrás de una unificación adecuada del modo en que se están interpretando las normas, del modo que se está interpretando el fallo del Tribunal Constitucional, que ya tiene 13 años. De tal manera que el sistema de salud privada tenga la mayor claridad respecto de las normas a las cuales atenerse. A nosotros se nos solicitó una aclaración del fallo de las isapres que estamos hablando, y justamente en aras de poder, una vez más, colaborar con que esta situación pueda solucionarse cuanto antes, en un tiempo muy breve respondimos esa solicitud de aclaración respecto de dos puntos y del otro aclarando que no correspondía decir nada porque era un tema que excedía a lo que se refería el fallo” , explicó la ministra.
La autoridad reafirmó que el fallo no es un impedimento para que el sistema siga funcionando, si no un marco legal para garantizar los derechos de todos los actores, en especial de las personas.
“Nos gustaría que ojalá no a propósito del fallo haya un entrabamiento, sino al contrario, que el fallo sea de alguna manera un desde, un punto importante sobre la mesa para que en definitiva, se puedan tomar los acuerdos y se desarrollen todo aquello que del punto de vista de la Administración implique cumplir el fallo, pero a la vez también, como se ha dicho en muchas oportunidades, proteger los derechos de las personas que están involucradas, que son los afiliados al sistema y por supuesto, también cumplir las obligaciones del sistema con los médicos, con los prestadores, etcétera, de tal manera que esto no signifique un colapso, sino que signifique un desde sobre el cual hay que construir una manera de resolver esta problemática, cumpliendo este fallo, que es un fallo judicial que tiene que ser cumplido.”, concluyo la magistrada en ese punto.
Proceso constitucional
La ministra Vivanco informó además que ya se formó la comisión de ministros de la Corte Suprema que analizará los alcances de la reformas del nuevo proceso constitucional y que estará integrada por los ministros y ministras Ricardo Blanco Herrera, Arturo Prado Puga, Ángela Vivanco Martínez y Leopoldo Llanos Sagristá, además del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar o quien lo subroge en el cargo.
La primera tarea de la Comisión será redactar un autoacordado, que debe ser aprobado por el Pleno, sobre la tramitación de procesos de reclamación en el nuevo proceso constituyente.
La ministra Vivanco fue consultada sobre las expectativas del nuevo proceso a lo que respondió: “Cuando vino el señor ministro de Justicia a visitar la Corte, le manifestamos el interés que teníamos de tener una participación colaborativa en este proceso y poder brindar tanto nuestra experiencia como nuestra visión de temas judiciales relevantes. Y tuvimos una buena respuesta. Pero evidentemente que esa respuesta se tiene que canalizar una vez que el sistema esté en funcionamiento, que va a ser en marzo”.
“Por lo cual en este momento la expectativa inmediata que tenemos, como yo les contaba, es trabajar y brindar este auto acordado que nosotros estamos teniendo que dictar justamente para ejercer las funciones constitucionales que nos corresponden en la materia. Y a partir de marzo, cuando la comisión de expertos empiece a funcionar, tener -ojalá- los canales adecuados para transmitir cuáles han sido los acuerdos del Pleno en la materia que tienen que ver con el Poder Judicial y, por supuesto, ofrecer directamente nuestra colaboración en el proceso de gestación de este primer proyecto, que va a tener que redactar la Comisión de expertos”, agregó.
“Así que tenemos muy buenas expectativas. Creemos que puede ser una instancia de colaboración muy buena y positiva, pero eso se va a concretar una vez que los organismos estén funcionando. Y lo mismo también esperamos que exista una buena comunicación también a nivel parlamentario, para poder transmitir nosotros nuestra visión sobre el tema”, concluyó.
Se le consultó sobre la opinión de la Corte Suprema al consagrar en los marcos al Poder Judicial como un poder y no como un servicio como lo fue en el proceso anterior. “Siempre es importante mantener la identidad de esas instituciones y de ese punto de vista para el Poder Judicial es importante que se le siga llamando poder, pero nosotros no estamos pensando en el proceso anterior, sino en el actual. Y de ese punto de vista, el hecho de que ya haya un borde dentro de las normas constitucionales que se dictaron específicamente, respetando las sentencias que ya ha dictado el Poder Judicial, específicamente respetando los mandatos de las personas que están ejerciendo cargos público y respetando, en este caso particular que usted me pregunta el nombre del Poder Judicial y la independencia de este, para nosotros es muy valioso. Creemos que son elementos clave, no ciertos, de una discusión, porque una reforma constitucional siempre tiene que ir a más y no ir a menos. Y en consecuencia hay que reforzar, no los poderes, la importancia que tienen, la separación entre ellos y sobre todo, el brindarle a los administrados un servicio adecuado. que cumpla con sus expectativas y que consiga que hagan materialización de sus derechos y en consecuencia, la idea siempre gira más y no menos”.
